La Justicia urge a la disolución de las tres empresas pantalla del 'caso De Miguel', Kataia Consulting, Ortzi Muga y Errexal

La ejecución de la sentencia del 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi y que mantiene en prisión desde 2023 a tres exdirigentes del PNV de Álava (Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano) y al exdirector de Juventud del Gobierno vasco (Xabier Sánchez Robles), continúa con flecos pendientes ahora que se han cumplido catorce años del inicio de la investigación judicial y que han pasado más de cinco desde que se celebrara el juicio en la Audiencia Provincial de Álava. En las últimas semanas la Justicia ha requerido que se “acredite documentalmente” la disolución de las tres empresas pantalla principales del caso, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, según indican fuentes judiciales.

Kataia Consulting era la pieza angular de la trama. Creada por De Miguel, Tellería y Ochandiano y a nombre de sus esposas, su propio nombre son las siglas de los seis, con la 'T' referida a Txitxo, como era conocido Alfredo de Miguel, influyente 'número dos' del PNV de Álava hasta su detención en 2010. Nunca tuvo una actividad real y, de hecho, estaba domiciliada en el almacén de bebidas de un familiar de De Miguel, luego reconvertido en sociedad gastronómica. Se creó 'ad hoc' para cobrar las comisiones ilegales de los promotores de un proyecto urbanístico en la localidad alavesa de Zambrana. Con ese dinero se hicieron movimientos en efectivo en grandes cantidades y con billetes de 500 euros (hasta 60 de una tacada) y se compraron joyas, viajes y un coche de la marca Saab. Unas anotaciones probaron que se simulaban gastos para dar “coherencia” a la mercantil y que no llamara la atención.

En el mismo local se constituyó Errexal, aunque aquí el administrador nominal era un exedil del PNV en Leioa, Iñaki San Juan, también condenado por corrupción pero que no ha entrado en prisión por acumular delitos que, individualmente, no superan en ningún caso los dos años. La creación de Errexal vino motivada por una subvención de 90.000 euros tramitada por Juventud a las comarcas alavesas y que estaba teledirigida para que la recibiera esta firma. A partir de ahí, tanto Errexal como Kataia Consulting empezaron a recibir adjudicaciones 'a dedo' de Sánchez Robles, que era amigo personal y compañero de partido de De Miguel y San Juan. Ocurrió lo mismo con la tercera empresa, Ortzi Muga, detrás de la cual estaban el propio San Juan y otro socio, Josu Azkarraga (Josu Montés antes de la condena). Las tres tenían en común que estaban controladas por Txitxo a través de su hermana Aintzane de Miguel, era la contable.

Las tres obtuvieron de Juventud directamente 320.775,34 euros y 90.000 indirectamente a través de las cuadrillas o comarcas alavesas. A ello se le suman 69.923,20 euros adicionales inyectados por De Miguel a sus propias empresas desde su cargo como diputado foral en Álava. En el caso del Gobierno autonómico, hay contratos que ni siquiera se ejecutaron. Es decir, Sánchez Robles financiaba irregularmente a la trama sin que nunca se haya explicado el motivo de jugarse la libertad para el enriquecimiento ilícito de terceros. De hecho, es el único de los cuatro presos que no ha solicitado el indulto al Gobierno de España. En concreto, apenas el 38% de las labores encargadas a Errexal está documentado. En el caso de Ortzi Muga es el 22%, pero con medios de Errexal. El 0% de Kataia Consulting se ejecutó.

Cuando estalló el caso en 2010 Kataia Consulting cesó totalmente su actividad. Tampoco Ortzi Muga ha tenido movimientos en estos años. Muy diferente es el caso de Errexal. Esta firma tenía una actividad real vinculada a la organización de eventos y de promoción sociocultural además de la parte de tapadera para el cobro de comisiones por adjudicaciones a empresarios corruptores de la órbita del partido como Jon Iñaki Echaburu. De hecho, llegó a ser contratada por el PNV y dio empleo a varios cargos del partido. Después de que trascendiera su implicación en el 'caso De Miguel', San Juan le cambió el nombre y le puso Perexila Proyects, además de operar comercialmente como Karabansarai Produkzioak. Errexal siguió trabajando muchos años con Administraciones públicas e incluso lo hizo después de la condena en primera instancia de 2019 que ya apuntaba a su disolución. De hecho, en un primer momento, San Juan llegó a alegar que no podía entrar en la cárcel por corrupción en contratos con Juventud porque estaba trabajando para Juventud.

Por ejemplo, Errexal fue contratada de modo directo -sin concurso- en el propio Ayuntamiento de Leioa donde San Juan había sido edil. Pero, además, este periódico descubrió que al menos dos ocasiones San Juan se valió de empresas asociadas para intentar facturar de manera indirecta y EH Bildu de Leioa denunció también un tercer caso similar. ¿Cómo lo hizo? La obra de teatro ‘Ángela, el verso suelto de Iparragirre’ se contrató con Trade Affairs. Su nombre completo es Dosuve Marketing & Trade Affairs y es heredera de una compañía ya disuelta llamada Vanitas et Veritas, cuya marca comercial era precisamente Dosuve. Detrás de aquélla y de ésta se halla Juan Antonio Bilbao, amigo personal no solamente de San Juan sino también de De Miguel. Además, en el Festival Internacional de Música Clásica de 2019, en el que consta el logo de Karabansarai en la casilla de “organizadores” del póster que se editó, se tramitó a través la asociación cántabra WOM mediante una subvención de 20.000 euros.

El la trama del 'caso De Miguel' había más empresas. Sin embargo, la sentencia no recoge su liquidación. Es el caso de Stoa, una firma que también abonó comisiones a cambio de contratos. Como Errexal, su administrador, Sergio Fernández Oleaga, también le cambió al nombre a HNK. Stoa ha continuado recibiendo adjudicaciones públicas en estos años, principalmente del Ayuntamiento de Vitoria, que llegó a alegar que era imposible actuar de otra manera cuando ya estaban acreditadas las irregularidades. Emociona Soluciones Creativas fue la compañía que reformó la vivienda de la familia de De Miguel en Gorliz como parte de otra comisión, en este caso del constructor Prudencio Hierro. Esta firma ha sido sancionada por Competencia por irregularidades en los contratos de publicidad del Ayuntamiento de Bilbao pero acaba de volver a ser contratada para los mismos servicios.