El pacto de rentas que el Gobierno vasco quiere reimpulsar parece que tendrá poco recurrido en Euskadi. LAB se ha descolgado este jueves totalmente de esta posibilidad, como antes ya lo había hecho ELA, y ha puesto por encima de cualquier acuerdo que se garantice el poder adquisitivo de los trabajadores, algo que pasa porque los salarios suban de forma coordinada con el incremento del Índice de Precios al Consumo, que se encuentra en estos momentos fuera de control y por encima del 10% -aunque para la negociación de los convenios se toma como referencia el IPC de cierre del año anterior, en este caso el 6,5% con el que terminó 2021-. El sindicato nacionalista calcula que cada trabajador ha perdido una media de 6.000 euros de poder adquisitivo en los útimos diez años. “Y todavía se nos piden más esfuerzos los trabajadores. Eso es lo que está diciendo Iñigo Urkullu cuando habla de recuperar el pacto de rentas”, ha señalado la coordiadora general Garbiñe Aranburu.
El lehendakari Iñigo Urkullu abogaba el miércoles por recuperar el debate sobre el pacto de rentas para intentar buscar el equilibrio entre el mantenimiento de poder adquisitivo de los trabajadores y la supervivencia de las empresas. Este jueves ha sido la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, la que insistía también en “la necesidad de que trabajen para alcanzar acuerdos, desde el mejor conocimiento que tiene cada uno en su empresa y su sector” y con “realismo” y “pragmatismo”. Mendia mantendrá reuniones este mes con la patronal y los sindicatos más representativos, como hizo ya el pasado mes de septiembre, a los que trasladará que es “a partir de la negociación colectiva donde tienen que ser capaces de encontrar el punto de acuerdo y equilibrio para empresarios y trabajadores”. Aunque la vicelehendakari ha advertido de que “por la devaluación salarial no vamos por el buen camino”.
En estos momentos la negociación colectiva en Euskadi está prácticamente paralizada, con 405.978 trabajadores (el 67,3%) que tienen sus convenios pendientes de renovar o decaídos. Un bloqueo que LAB ha atribuido a la negativa de los empresarios a que los salarios crezcan en función del IPC . Por este motivo, Aranburu ha insistido en que desde LAB “no serán partícipes, no alimentaremos, ni apoyaremos ningún pacto que no suponga avanzar hacia un reparto más equitativo de la riqueza. Y eso se tiene que hacer mejorando salarios y reformando la fiscalidad”, ha dicho. “La política fiscal no puede estar diseñada para favorecer a los intereses de los oligarcas vascos como Josu Jon Imaz Imaz”, ha señalado Aranburu. “Hay mucho margen de mejora: para limitar las ganancias de las empresas energéticas, gravar más las grandes rentas de capital y aumentar los impuestos sobre las ganancias empresariales”. LAB ha considerado también esencial para estos momentos de crisis “establecer el salario mínimo en 1.400 euros”, además de fijar “salarios máximos y la prohibición del reparto de dividendos mientras dure esta coyuntura especial”.
De esta forma, LAB se alinea con ELA en la negativa a participar en un hipotético pacto de rentas. El sindicato que dirige Mitxel Lakuntza ya anunció en su día que no estaría en ningún tipo de pacto de estas características. Aunque CCOO y UGT, en principio, están más dispuestos a negociar fórmulas que tampoco perjudiquen a las empresas, marcan también como líneas rojas que se grantice que los trabajadores no pierden poder adquisitivo y vuelvan a ser los paganos de la crisis.
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