LAB insiste en la imputación de Darpón en la investigación de las oposiciones médicas con un recurso ante la Audiencia de Álava

El sindicato LAB, que ejerce de acusación popular en la investigación por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018, ha registrado ya el recurso ante la Audiencia Provincial de Álava con el que busca enmendar la plana a la instructora del caso, la magistrada Cristina Rodríguez Ruiz, que estimó que no había base para imputar al exconsejero de Salud, Jon Darpón, a la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y a otros altos cargos de la Sanidad vasca o del IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública). “Las filtraciones en los exámenes de facultativos no se han producido al margen de Darpón, Múgica, [Xabier] Balerdi, [Juan Carlos] Soto, [Andoni] Arcelay y [Míriam] Aparicio sino gracias a las decisiones tomadas por ese núcleo operativo”, ha asegurado la central en un comunicado.

El auto judicial en el que se confirmaba la no imputación de la cadena de mando de Osakidetza, adelantado por este periódico, ha suscitado gran entusiasmo en el PNV, que ha remarcado que se ha acreditado la “honorabilidad” de Darpón y del resto de su equipo. Diferentes voces, desde el Gobierno hasta el partido, han instado a la oposición y a los sindicatos a que se disculparan por unas acusaciones que, a su entender, han quedado demostradas como falsas. Por el contrario, LAB asegura que “va a seguir poniendo todas las fuerzas” para “aclarar lo ocurrido” en la OPE.

Entiende el sindicato que Darpón y su equipo diseñaron una OPE con “medidas” que tenían como objetivo “dar la impresión de legalidad” mientras “las cosas se seguirían haciendo igual”, esto es, con filtraciones. Explican que el ejemplo más palmario es que Osakidetza incorporó al proceso a un ente ajeno, el IVAP, para que elaborara parte de las pruebas. Sin embargo, este organismo no tiene especialistas médicos y, finalmente, pidió a Salud que le diera los nombres de quienes harían las preguntas. En muchos casos, las mejores notas coinciden luego con los colegas de hospital de esas personas.

LAB acusa también al “núcleo operativo” de haber creado un “manual” de buenas prácticas en la OPE pero que era vulnerado con “autorización” de altos cargos, como cuando se permitían pruebas orales que rompían el exigido anonimato de los candidatos en una convocatoria pública de empleo. Y asegura también la central que “hasta la denuncia pública” de las filtraciones Osakidetza no actuó aunque tenía conocimiento de personas que estaban alertando de irregularidades. “En todos los casos, la actitud fue la de no canalizarlas. Hay numerosos ejemplos”, incide LAB, que asegura que las pesquisas posteriores resultaron ser no concluyentes en un proceso en el que se designó a personas del “núcleo operativo” o incluso a “miembros destacados del PNV”, como Belén Greaves.

“No hay argumentos posibles para sacar pecho de esta gestión y sí hay muchos para pedir disculpas y exigir todas las aclaraciones y responsabilidades que correspondan en los juzgados [...]. Las consecuencias de lo ejecutado por este núcleo operativo son miles de facultativos estafados, trece categorías paralizadas [...]. La OPE fue un desastre y, además, se rompió la legalidad”, concluye LAB.