El sindicato LAB, uno de los dos que ejerce de acusación popular en la investigación por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza celebradas en el año 2018, ha adelantado que “intentará remediar” la exención de responsabilidades del entonces consejero de Salud, Jon Darpón, de la directora general del Servicio Vasco de Salud, María Jesús Múgica, y de otros altos cargos sanitarios y del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), “mediante el pertinente recurso”. Los letrados de la central habían solicitado la imputación por “asociación ilícita” y otros delitos de la cúpula de la Sanidad vasca al entender que las irregularidades no pudieron producirse sin el amparo de la Administración. extremo que rechaza el auto de la instructora de la causa, Cristina Rodríguez Ruiz, que por el contrario sí acepta la imputación de otras nueva personas vinculadas a diferentes categorías de la OPE.
“Las personas indicadas por la acusación no forman parte de ninguna asociación, salvo que se quiera considerar tal al Gobierno vasco, a Osakidetza o al IVAP [Instituto Vasco de Administración Pública] y se pretenda igualmente que estos organismos promueven la comisión de delito o que utilizando las estructuras institucionales se estén promoviendo conductas ilícitas. Tampoco consta, siquiera indiciariamente, que se hayan constituido en una asociación 'paralela' o que se hayan reunido con ninguna finalidad ilícita, ni que hayan realizado o promovido ninguna conducta ilícita. No existen indicios en esta fase procedimental para entender que concurre ninguno de los elementos del tipo descrito, por lo que no precede la citación en calidad de investigados de las personas señaladas por este concepto”, argumenta el auto judicial.
“Es un error de consecuencias muy graves reducir el tema de las filtraciones a un único delito de revelación de secretos. No compartimos la idea de que esto ha sucedido porque una serie de elementos discordantes actuaban al margen de todo el mundo. Al contrario, tenemos la certeza de que la Dirección de Osakidetza ha sido la que ha diseñado la estrategia eficaz para garantizar las filtraciones así como su impunidad”, entiende el sindicato LAB, que ve “una mala noticia” la situación actual de la investigación seguida en el juzgado de instrucción 2 de Vitoria frente a la visión “positiva” de ESK.
Para LAB, el “diseño y la planificación” de la OPE de 2018 tuvieron como objetivo “perpetuar” un marco que posibilitase la elección irregular de los opositores previamente seleccionados, algo que define como “práctica corrupta”. “Ningún tribunal debería consentir la conformación irregular de equipos en base a criterios o afinidades personales o políticas”, sostiene la central, que remarca que la fase actual es la de “acumular elementos” para ir a juicio y no la de “cerrar puertas”.
elDiario.es/Euskadi
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