Luis Garrido, el juez que llevó a España al segundo estado de alarma y que ahora obliga a Euskadi a reabrir los bares

“En Euskadi las decisiones las adopta el Labi”, gustan repetir tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, cuando se les pregunta por posibles nuevas medidas contra la COVID-19. Detrás de las siglas en euskera Labi –incorporadas al vocabulario de la pandemia vasca como COVID-19 o PCR– hay una mesa de crisis 'política' presidida por Urkullu y que sienta a consejeros, diputados generales, alcaldes y al delegado del Gobierno de España y una mesa 'técnica' dirigida por el ex responable de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, y de la que ha tenido que dimitir un alto cargo de la Sanidad vasca por saltarse las normas que contribuía a diseñar para jugar al golf en Mungia. Pero, por encima del Labi se han instalado ya otras siglas: TSJPV. Por enésima vez, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y, por enésima vez, el magistrado Luis Garrido han tumbado medidas acordadas por la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, en este caso el cierre de la hostelería en los municipios en alerta roja por alta transmisión comunitaria de la COVID-19 (más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días).

El portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, que ha tenido que ofrecer una segunda rueda de prensa en el mismo día por la repercusión de la resolución judicial, ha admitido que la Justicia ha hurtado al Ejecutivo de una de sus “herramientas” más eficaces para controlar la expansión de la pandemia y que ello ocurre, además, en puertas de las fechas en que tocaría la celebración de Carnaval, una tradición con mucha penetración en localidades como Tolosa y también en las capitales. “El Gobierno respeta pero no comparte la resolución. [...] Hacemos un llamamiento a la responsabilidad”, ha implorado a la ciudadanía el consejero-portavoz. Se pone fin a un sistema automático que permitía controlar las aperturas y cierres en función de la incidencia de cada lunes y cada jueves, una alternativa al cierre generalizado en la ola de noviembre y que sacó a miles de personas a la calle en defensa de la hostelería. En la práctica, el semáforo rojo supondrá únicamente la suspensión del deporte escolar y federado.

Si España está en un largo segundo estado de alarma es, en buena medida, por otra resolución del magistrado Garrido, uno de los seis que aspira a la presidencia del Superior, un proceso que lleva meses bloqueado por la situación interna del Consejo General del Poder Judicial. En octubre, Euskadi adoptó un paquete de medidas amparándose en la legislación autonómica ordinaria y en sus competencias en materia sanitaria, como limitar a seis el número máximo de personas en una reunión. Pero Garrido no autorizó ese decreto con la tesis de que una comunidad autónoma no podía limitar derechos fundamentales por sí misma sin un marco excepcional como es el estado de alarma. Otras autonomías habían dado ése y otros pasos sin que sus respectivos TSJ se pronunciaran en contra. En ese laberinto jurídico, un Urkullu que se pasó media primavera criticando el estado de alarma dio el paso y pidió públicamente al presidente Pedro Sánchez un segundo marco excepcional, aunque esta vez con los presidentes autonómicos como autoridades delegadas y sin mando único.

Ahora, ni ese estado de alarma ha salvado las medidas del Ejecutivo. La resolución de la sala presidida por Garrido –que es solamente provisional pero que ha parecido generar el mismo efecto que si fuera cosa juzgada– antepone el quebranto económico para un sector con 12.000 empresas y 60.000 trabajadores, aproximadamente. Textualmente, apunta a que “una parte importante de los epidemiólogos” entiende que la hostelería no supone un riesgo mayor de contagios porque “en torno al 80%” de los positivos se generan en espacios privados. Ni se citan qué expertos lo sostienen ni cuántos son. “La primera conclusión a la que ha de llegarse es que no aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad”, abunda el auto judicial, que remarca que, en todo caso, la reapertura ha de llevar aparejada medidas como control del 50% del aforo, imposibilidad de consumo en barra, cierre a las 20.00 horas y distancia entre mesas, así como límite de las reuniones a cuatro personas, que son las condiciones en los pueblos que no están en zona roja. Antes, en agosto, Euskadi ya trató de regular el horario del ocio nocturno y el Superior aceptó otro recurso del sector. Ese mismo mes, el Gobierno tuvo que dejar en “recomendación” que se pudieran reunir un máximo de diez personas cuando lo quería imponer como obligación.

La resolución ha alimentado posibles agravios comparativos. ¿Por qué no se puede entonces ir a un centro comercial del municipio colindante? ¿Qué ocurrirá con el deporte escolar en los municipios en alerta roja? Y también ha alimentado más demandas de los hosteleros, como se recoge en los testimonios recabados en este reportaje. El Gobierno vasco reunirá al Labi técnico este jueves y al político este viernes. De ahí deberían salir las medidas que estarán en vigor en las próximas semanas y la respuesta al revés judicial. De momento, el Ejecutivo no tiene más armas que pedir que los clientes de los bares sean “estrictos” entre sorbo y sorbo.

“No more lockdown” como frase de WhatsApp

En medio de esta polémica ha surgido otra: el juez Garrido tiene como frase en su perfil de WhatsApp “no more lockdown”, que se puede traducir como “no más confinamiento”. Se trata -explican allegados al magistrado- del título de una canción de uno de sus artistas preferidos, Van Morrison, un tema publicado en 2020 y con fuerte carga argumental en su letra contra las restricciones impuestas para prevenir la expansión de la COVID-19.

La canción tiene otras frases como “no more Goverment overreach” ('no más extralimitaciones gubernamentales'), “no more taking our freedom” ('que no nos quiten más la libertad') o incluso “no more Imperial College scientists makin' up crooked facts” ('no más científicos de la Escuela Imperial de Londres inventando hechos retorcios'). Desde el entorno del juez indican que es seguidor del artista y de su música y que hay algunas partes de la letra que no comparte, singularmente la calificación de “fascista” que se da a la Policía. “En todo caso, no es un perfil en una red social pública, como Twitter. Es algo privado”, indican estas fuentes, aunque asumen que si llega a conocer el revuelo generado habría optado por otra referencia. Garrido no aprecia motivos para una posible recusación. “¿Si él hubiese puesto 'Cocaine' de Eric Clapton estaría inhabilitado para juzgar casos de narcotráfico?”, se preguntan en su entorno. El juez ha declinado ofrecer entrevistas porque -asegura- el caso sigue sin resolverse totalmente.