El área de Medio Ambiente del Gobierno vasco ha incoado en octubre un nuevo expediente sancionador a la empresa privada Verter Recycling, quebrada y gestora del vertedero de Zaldibar que se desplomó en febrero de 2020. Los inspectores autonómicos han considerado que se ha producido una nueva “infracción grave” ya que el grado de cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de las instalaciones ya clausuradas es “bajo”. De hecho, desde verano es público que la zona, que es una ladera próxima a la muga entre Bizkaia y Gipuzkoa, vuelve a presentar problemas de estabilidad.
Según explica la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, en respuesta a una petición de información del representante de EH Bildu Mikel Otero en el Parlamento Vasco, la Administración pública ya está realizando esas labores urgentes de modo “subsidiario” desde mediados de octubre. Es lo mismo que ocurrió cuando se produjo el alud: el Ejecutivo tuvo que adelantar el dinero de la operación de rescate de los dos operarios fallecidos, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, y las actuaciones ambientales. Aunque la factura anterior, que se estima en unos 28 millones, nunca ha sido pagada por Verter Recycling, ahora se ha habilitado otro presupuesto de 1,16 millones (más IVA) para las nuevas operaciones.
Tapia indica que se han adjudicado ya las labores y que se prevé un plazo máximo de ejecución de “siete meses”, si bien se espera completarlas antes si la lluvia y la meteorología lo permiten. ¿Cuáles son los trabajos concretos de esta fase? “Se va a proceder a la desbroza de la superficie del vaso de vertido original para la posterior instalación de una impermeabilización superficial mediante la cubrición con lámina de polietileno. Los distintos paños de lámina de polietileno deben soldarse y anclarse a los extremos del vertedero”, explica la consejera a EH Bildu.
Se da la circunstancia de que estos datos y plazos son diferentes a los expuestos en una rueda de prensa de principios de octubre. Allí se habló de 0,75 millones de euros y de dos o tres meses de obras. Se puede leer aquí el comunicado oficial de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Esto sucede en paralelo a la investigación judicial abierta por una magistrada de Durango. Se analizan exclusivamente las responsabilidades ambientales, con imputados tanto de Verter Recycling como técnicos de la Administración (entonces Medio Ambiente estaba entre las áreas lideradas por el PSE-EE y ahora es del PNV). La parte correspondiente a las muertes de Beltrán y Sololuze ya se revisó y los gestores de la mercantil ahora en quiebra admitieron un homicidio imprudente y el abono de indemnizaciones a las familias.
Tras las informaciones aparecidas en relación a los riesgos de estabilidad del vertedero, fue el 2 de octubre cuando Medio Ambiente recibió un informe actualizado sobre la situación de Zaldibar. Lo elaboró Lurgintza Ingeniería Geológica. Es lo que presentó Tapia en rueda de prensa al día siguiente y fue enviado al Parlamento a las 48 horas.
Nada más recibirlo, el Ejecutivo emplazó a Verter Recycling a acometer las labores requeridas por los expertos. Se le dio un plazo de “24 horas”. Evidentemente, no se atendieron y es lo que motiva la actuación subsidiaria del Gobierno vasco. Ante la situación de liquidación de Verter Recycling como entidad jurídica, con la anterior factura ya se están explorando embargos a los propios responsables personales. Indica también Tapia que el 4 de octubre hubo una inspección en Zaldibar. Es la que constató las irregularidades y motivó el expediente sancionador. Inicialmente se han considerad los hechos como “graves”