El Parlamento Vasco ha reunido este martes por la tarde de manera discreta -ni siquiera constaba en la agenda oficial- a una representación de víctimas de agresiones sexuales en la infancia y familiares. El encuentro ha durado tres horas. La presidenta de la ponencia creada para analizar estos casos, ahora Maitane Ipiñazar (PNV), les ha presentado un borrador de informe con un diagnóstico sobre el problema y recomendaciones. La idea es que este dictamen preliminar reciba aportaciones de los propios afectados antes de su aprobación definitiva en el pleno de la Cámara. En paralelo, el legislativo tramita una ley de ámbito más general sobre la infancia y la adolescencia presentada por el Gobierno de Iñigo Urkullu.
Este periódico ha accedido a la tercera versión de ese documento de la ponencia, todavía no definitivo, en la que se promete una conmemoración anual en Euskadi a estas víctimas coincidiendo con el 19 de noviembre, jornada internacional en su recuerdo. La ponencia asegura ser “consciente” del “vacío institucional y social que ha rodeado a esta violencia”. “Todo ello ha acarreado un silencio impuesto a las víctimas que ha agravado su situación [...]. Sabemos lo que ha supuesto para muchas de ellas tener que reabrir la herida una y otra vez, esperamos que con este informe, y las propuestas y compromisos que vayan a emanar de él, sientan una parte de la respuesta institucional que llevan tiempo esperando”, se puede leer. El texto habla en todo momento de “abusos” aunque esta terminología se ha superado con la nueva legislación estatal y ya solamente hay “agresiones”.
Como consideraciones generales, el Parlamento “recomienda establecer un sistema público de acceso universal para un tratamiento terapéutico debidamente especializado que atienda a niños, niñas, adolescentes y personas adultas que fueron víctimas en la infancia y la adolescencia”. Y se añade: “En el caso de menores, la negativa de uno de los progenitores no debería suponer la prohibición de la participación de ellos y ellas en estos mecanismos si los profesionales que lo atienden lo consideran necesario para el [o] la menor”.
En el caso concreto de víctimas en el entorno de la Iglesia católica, algunas de las cuales han estado en la reunión, se estima que son necesarias “medidas específicas de reparación”, como “el reconocimiento por parte de las instituciones religiosas y seglares de obediencia religiosa y de las autoridades de la Iglesia católica del daño ocasionado y, en su caso, la puesta en marcha de medidas indemnizatorias”. Se extiende igualmente la importancia de responder ante “casos prescritos”, para que “las personas acusadas puedan presentarse y habilitar un proceso reparatorio para las víctimas”. Y, como idea, se propone “realizar un análisis sobre cómo actuar en los casos que son archivados por falta de pruebas”.
A partir de ahí, se desarrollan medidas repartidas en nueve ámbitos diferenciados. En el primero, se apunta a la necesidad de “habilitar un registro específico” de víctimas en Euskadi. La falta de datos “tiene que ser superada” con investigaciones que cuenten “con el debido apoyo económico institucional”, se plantea. En el segundo apartado, de “prevención, formación y sensibilización”, se alude a explicar los protocolos y cómo abordar estos casos en variados ámbitos, desde el docente hasta el judicial y nuevamente se apela a una “financiación adecuada”. El tercer punto plantea “simplificar” los protocolos de respuesta. Como cuarto elemento se apunta a dar un enfoque “mutidisciplinar” al problema y a la coordinación entre instituciones. Han de operar profesionales de la “psicología, trabajo social, psiquiatría, educación, pediatría, medicina, pedagogía [y] sexología”, entre otros.
Como mejoras en el ámbito de los servicios sociales se alude a “establecer una hoja de ruta (cartera de servicios) para tener claridad sobre los servicios y vías existentes”. En Sanidad, se plantea que los casos de agresiones sexuales sean “recogidos en la historia clínica, si así lo desea la víctima”, para poder ofrecer una atención “integral”. En Educación, toca “establecer la educación afectivo-sexual, adaptada a cada tramo de edad de niños, niñas y adolescentes, a lo largo de toda la enseñanza obligatoria como herramienta imprescindible para que desarrollen habilidades que les ayuden a protegerse de una manera útil y eficaz contra las agresiones y para que atiendan y comprendan que su cuerpo sólo es suyo”. En Justicia, se pone en valor el modelo ya probado de Barnahus y se demanda la creación de tres juzgados de instrucción especializados, uno para cada capital, y abundar en programas para “victimarios” en las prisiones de gestión autonómica. Finalmente, en el ámbito de la Ertzaintza, se pide la “creación de unidades” especializadas para atender casos contra menores.
La ponencia del Parlamento Vasco se creó en la pasada legislatura, en concreto en junio de 2019. Eran los meses posteriores a la sentencia del denominado 'caso Gaztelueta', en el que se dio por acreditado que un numerario del Opus Dei y docente agredió sexualmente a un estudiante del primer ciclo de Secundaria en ese colegio masculino de Leioa, en Bizkaia. La legislatura terminó y el grupo de trabajo no cerró su misión, aunque hubo 16 reuniones y 40 comparecencias. Tras las elecciones de 2020, se reanudó el foro con otras 22 intervenciones de víctimas. Se visitó también la exposición 'Shame' que se celebró en Bilbao a comienzos de año y un juzgado especializado en Las Palmas de Gran Canaria.
Como datos, se indica que “se estima que entre un 10% y un 20% de la población en el Estado español ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia”, que “un 44,7% de los abusos se producen entre los 13 y los 16 años”, que “en el 78,9% de los casos analizados las víctimas son niñas y adolescentes” y que “casi el 90% de los casos de abuso sexual son producidos por hombres”. La mayoría de las victimizaciones no son esporádicas y, de hecho, su duración media es de cuatro años. Y “alrededor del 84% de los abusadores son conocidos”, tales como familiares, compañeros, entrenadores o educadores.
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