El Ayuntamiento de Vitoria destinará 1,4 millones de euros para la reparación de los daños provocados por la tormenta de granizo caída el pasado 6 de julio, mediante una modificación del presupuesto de 2023. Los grupos municipales han dado el visto bueno a la modificación presupuestaria en un pleno municipal de urgencia celebrado este viernes en el Consistorio de la capital alavesa.
PSE, PNV, EH Bildu, PP y Elkarrekin Vitoria han aprobado por unanimidad incorporar a las cuentas municipales 1,4 millones de euros para afrontar los desperfectos causados por el vendaval sobre múltiples equipamientos municipales. La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, realizó el pasado viernes un balance de los daños ocasionados por el granizo sobre los edificios municipales y valoró los mismos en 1,8 millones de euros. “Es una estimación que no incluye el daño medioambiental producido sobre el arbolado, la fauna, ni los gastos extraordinarios de las actuaciones de limpieza que se están ejecutando”, dijo al respecto.
La piedra caída afectó a “un centenar de edificios e instalaciones municipales”, como centros cívicos, centros de mayores, centros educativos, palacios, polideportivos y pistas deportivas, “con multitud de influencias”. Principalmente, “roturas”, pero también “techos hundidos, inundaciones, fachadas afectadas y canalones arrancados”, entre otras.
Fuentes municipales consultadas por Europa Press han explicado que los 1,4 millones de euros se utilizarán para “reparar las cuestiones prioritarias” y que “no se descartan futuras modificaciones presupuestarias si fuera necesario”. En este sentido, Etxebarria aseguró “la contratación de los arreglos con la mayor celeridad posible, atendiendo con prioridad a los espacios de colectivos vulnerables, los espacios de educación y los espacios de gran afluencia de personas que tengan una especial relevancia”.
El Ayuntamiento solicitó entonces al Gobierno de España que la ciudad fuera declarada como zona catastrófica, aunque la alcaldesa demandaba “prudencia”, ya que, según señaló, “será complicado que el Gobierno español la acepte, teniendo en cuenta los precedentes de la granizada de 2009”, cuando el Ejecutivo estatal descartó la petición, tras otra fuerte granizada que ocasionó numerosos daños en la ciudad. “La ley dice que, para lograrlo, debe producirse un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población o la paralización de los servicios públicos esenciales”, expuso.
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