La fiscalidad es esencial para el funcionamiento una sociedad y del Estado del Bienestar. De la recaudación de impuestos, y a qué se destinen, depende el funcionamiento -o no- de los servicios públicos y la cohesión de la sociedad con sistemas de protección social. La forma en que se estructure esa política fiscal supondrá que el peso de los ingresos para llevar a cabo las políticas públicas con los que cuenten las Haciendas forales -que en Euskadi son las que tienen la competencia sobre los impuestos- recaiga en una parte de la población o en otra, o que ese peso se distribuya de manera justa.
Por eso, la fiscalidad es siempre uno de los ejes centrales de todas las contiendas electorales -sobre todo de las forales- pero más aún en un contexto como el actual, con una mayoría de la población con ingresos mermados por un incremento del IPC desorbitado que ha disparado el coste de la cesta de la compra, subidas de tipos de interés que están encareciendo las hipotecas a las que viven atadas la mayoría de los ciudadanos y con una crisis energética que no acaba de solucionarse. En definitiva, una economía vasca que sigue muy marcada por la guerra de Ucrania, un año y tres meses después de que Rusia invadiera ese país, pese a los buenos datos del empleo, con récord en afiliaciones a la Seguridad Social - el pasado 15 de agosto se superó el millón de afilados- y la cifra de parados más baja desde 2008.
Precisamente los buenos datos del empleo, además de la subida del los precios, son dos de las cuestiones que están permitiendo las Haciendas vascas recaudaciones récord. En los cuatro primeros meses las tres haciendas forales han recaudado 4.946 millones de euros, lo que supone un 18,4% más que en los cuatro primeros meses de 2021 y un 30% más que en el primer cuatrimestre de 2020, que fue el que estuvo marcado por la pandemia. El año pasado se cerró con unos ingresos superiores a los 17.000 millones de euros un 7,3% que el año anterior.
Es decir, entra dinero a las arcas forales, y en esta legislatura que arrancará con los resultados electorales del 28-M tocará a los partidos discutir los cambios que se deben acometer en el entramado fiscal para adaptarlo a las nuevas circunstancias económicas.
La fiscalidad vigente proviene de la reforma que se aprobó en 2013 con los votos de PNV, PSE-EE y PP, a la que se le introdujeron algunos ajustes en 2018, también con los 'populares'. PNV y PSE-EE están en el control de los Gobiernos de las tres diputaciones y no han querido abordar la reforma en estos años con el argumento de que primero había que tener una diagnóstico claro del resultado de la reforma anterior. Hasta ahora. A finales del mes de enero ambos partidos anunciaron un acuerdo para poner en marcha una reforma fiscal que consideran “necesaria para aumentar la progresividad y responder a los retos que afronta la sociedad vasca”, partiendo de la base de la reforma en vigor que consideran que ha permitido “garantizar ingresos suficientes para el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad y el apoyo a la economía productiva, dentro de un marco razonable de progresividad”. Lo que ya avanza que, con aunque con matices diferentes ente los dos partidos, ninguno de los dos apuesta por una reforma radical respecto a la anterior. La intención manifestada por estas dos formaciones era cristalizar la reforma mediante trabajos “de forma conjunta, atendiendo a la responsabilidad institucional que comparten”. Aunque esta responsabilidad, claro está, depende ya de los resultados electorales del 28-M.
De hecho, del rompecabezas de formaciones que conformen las Juntas Generales de cada territorio dependerá en buena medida el sentido de la reforma fiscal porque, si bien todos los partidos parecen estar de acuerdo en que debe ser una reforma que garantice la progresividad, salvaguarde que se puedan mantener los servicios sociales y los servicios públicos, además de incentivar la economía, las discrepancias entre los grupos son muchas a la hora de cómo conseguir esos objetivos. Unos quieren abordar una reforma integral y otros modificar en mayor o en menor medida la actual; bajar impuestos de forma general, o subirlos a los que más tienen; gravar más a las empresas, o incentivarlas porque son las que crean empleo. Unos especifican en sus programas electorales las subidas de tipos concretas que proponen y otros pasan por encima de la cuestión con enunciados generales. El punto medio entre todas las posturas será el que marque el debate que afronten los partidos esta próxima legislatura, en la que se tendrá que decidir también si se aplica en Euskadi el llamado Impuesto de Solidaridad de Grandes Fortunas aprobado por el Gobierno central y que momento en Euskadi no ha puesto en marcha.
El PNV apuesta más que nada por la continuidad del sistema fiscal actual introduciendo modificaciones. El objetivo, dicen es “mantener condiciones de entorno favorables a la inversión y el desarrollo económico” para ser “competitivos y por lo tanto ”desarrollar incentivos fiscales que favorezcan la reinversión, atraigan nueva inversión y faciliten la creación de empleo de calidad“. En su programa por como profundizar en las modificaciones tributarias introducidas en los últimos años para ”fomentar el emprendimiento, y para ayudar a que se creen empresas de alto potencial de crecimiento“. ”Para garantizar los servicios sociales y los cuidados, necesitamos un sistema fiscal que nos proporcione recursos y, al mismo tiempo mejore la competitividad de las empresas y permita generar empleo“, ha señalado la candidata a diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe en diversas ocasiones durante la campaña.
El PNV quiere una fiscalidad que permita que las empresas “tengan en Euskadi un lugar estable, seguro y confiable en el que crecer y desarrollarse, y que puedan crear de esta manera empleo de calidad y contribuir a mejorar el bienestar y la calidad de vida del conjunto de la sociedad”. Aunque también señala que habrá que replantear la arquitectura fiscal actual basada en la tributación de las rentas del trabajo y del capital para adaptarla a los nuevos modelos de negocio y al mayor peso específico entre otros de la economía digital y hacerla competitiva a nivel europeo“. Como decía la candidata a diputada general de Gipuzkoa Eider Mendoza en entrevista con este periódico, la fiscalidad es un ”instrumento de promoción económica“. ”Un instrumento que sirve para que las instituciones públicas tengan suficiencia financiera para hacer frente a las necesidades que pueda haber de cara a los servicios públicos, pero, al mismo tiempo, es una herramienta que ayuda a la promoción de la economía, a crear empleo, a promover la innovación“. ”Necesitamos un sistema tributario justo y progresivo que garantice la justicia social, que proteja la economía familiar y que incida como instrumento para contribuir a impulsar la economía y la industria. Porque esa economía e industria es la que mantiene nuestro nivel de bienestar y calidad de vida“, ha señalado la candidata en todas sus manifestaciones sobre este tema.
“En estos momentos la mayoría del gasto fiscal recae sobre la gente a través de impuestos como el IRPF o el IVA, y la parte que pagan las empresas a partir del impuesto de Sociedades cada vez va disminuyendo. Por tanto entendemos que tiene que haber una reforma que haga que la mayoría pague menos, pero los que pueden paguen más”, señala el candidato a la diputación de Bizkaia, Iker Casanova.
EH Bildu considera que las empresas tienen que pagar más a partir de sus beneficios de lo que lo hacen ahora, y también apuestan por mover los tipos más altos del IRPF y retocar el impuesto de Patrimonio. “Es decir, que paguen más lo que más tienen”, insiste Casanova.
Según señala en su programa la coalición abertzale, “por detrás de la Comunidad de Madrid, Bizkaia y Álava son los dos territorios donde menos tributan las grandes empresas o las grandes fortunas”. Por eso propone, en principio, “establecer dos tramos más entre los tramos superiores, incrementando el tipo, tanto en la base liquidable general como en la base liquidable del ahorro”. Es decir sobre el 49% actual el IRPF tendría otros dos tipos del 50,5% y del 52% para bases liquidables de 342.240 euros y 542.240 euros respectivamente.
En el impuesto de Sociedades quiere gravar los beneficios que tienen las empresas en función de los resultados contables más los dividendos. Y establecer tipos diferentes en función de los beneficios obtenidos. Por ejemplo, según los resultados contables, el tipo nominal de las empresas con rendimientos de hasta 200.000 euros será el 24% como ahora, pero sube al 26% en caso de los rendimientos de entre 200.000 euros y 1.000.000 euros, y hasta el 28% para beneficios superiores. “Mucho más importantes que los tipos nominales son los tipos reales que pagan las empresas”, dicen, por lo que “el objetivo es que el tipo real pagado por las empresas sea al menos el 15%, siempre en función de los resultados contables más los dividendos”.
Además de otras modificaciones, propone sustituir el Impuesto sobre el Patrimonio por el Impuesto sobre las Grandes Fortunas para gravar la riqueza total de los contribuyentes. Para ello se tomará como base la entrada en vigor de la Diputación Foral de Gipuzkoa en la legislatura 2011 – 2015 en la que gobernó EH Bildu en la institución foral. Entre las deducciones que propone destaca las deducciones para fomentar el alquiler, en función de la renta de los inquilinos.
Los socialistas tampoco se mojan demasiado en su programa electoral en cuanto a modificaciones de tipos concretos y se limitan a apostar por un marco general que garantice la “distribución de la riqueza y la reducción de las desigualdades, generando los recursos suficientes para asegurar y ampliar los servicios públicos”. “No puede haber justicia social si no hay justicia fiscal”, como están repitiendo sus candidatos a lo largo de esta campaña. Para ello, se fijan varios pilares: La prevención y lucha contra el fraude fiscal; reforzar la progresividad del sistema fiscal con los países de nuestro entorno, convergiendo paulatinamente hacia el promedio de recaudación de la Unión Europea; adaptar la fiscalidad a la economía y a las prioridades del siglo XXI, promoviendo la armonización a nivel europeo y el impulso a la fiscalidad medioambiental; mejorar la eficiencia, el impacto redistributivo y la calidad del gasto público. A ello añaden el diseño de una fiscalidad que facilite la sucesión de las empresas familiares y el crecimiento económico y empresarial; y la defensa de la armonización y coordinación entre los tres territorios históricos y con la Unión Europea. “Necesitamos una nueva fiscalidad más progresiva y equitativa, una mayor protección para las familias y apoyar y respaldar al tejido empresarial e industrial”, señala la candidata a la diputación de Bizkaia, Teresa Laespada.
La coalición que agrupa a Podemos, Ezker Anitza-IU, Alianza Verde y Berdeak Equo, quiere una fiscalidad que permita avanzar hacia una sociedad “más igualitaria”, dice el parlamentario David Soto. “Apostamos por una fiscalidad más progresiva, donde aquellos que más poseen aporten más, para lo que proponemos medidas como una reducción de los tipos de gravamen para los tramos más bajos y la subida en los tramos más altos, subir e igualar el Impuesto de Sociedades, la creación de una deducción adicional para las autoliquidaciones de hasta 36.000 euros o establecer una herencia máxima de 12 millones de euros”.
En su opinión, desde 2008 la fiscalidad ha tomado el rumbo contrario. “Se han promovido políticas que suavizan la carga fiscal para las multinacionales, fondos financieros internacionales y multinacionales. Bajo estas políticas neoliberales se ha creado una Euskadi de dos velocidades que ha generado el deterioro progresivo de servicios esenciales como Osakidetza, educación o los servicios sociales. Frente a las personas trabajadoras que ven su capacidad adquisitiva y su calidad de vida menguada, los grandes patrimonios y fortunas están concentrando cada vez mayor riqueza”. “La presión fiscal recae, hoy por hoy, de forma desproporcionada en los trabajadores y las trabajadoras. La reforma fiscal progresiva es uno de los mejores mecanismos para revertir esta situación, redistribuir la riqueza y construir un estado social que actúe por y para todas”.
El PP plantea un reforma fiscal general para “aliviar fiscalmente a familias y empresas y ser más atractivos para las inversiones”, señala el parlamentario Luis Gordillo. Esto se concretaría en una “rebaja del IRPF para las rentas medias y bajas, ampliación de deducciones por hijos, bonificación por la contratación de personal al cuidado de un familiar en el hogar, subvenciones a menores de 35 para compra o alquiler de vivienda”. Por ejemplo, el candidato a diputado de Gipuzkoa, Mikel Lezama, apuesta por “un rebaja del IRPF para todas las personas que cobran menos de 40.000 euros, y de ahí para abajo hacer una rebaja progresiva de todos los tramos”. También bajar el Impuesto de Sociedades para las pymes. En cuanto a impuestos concretos quiere eliminar los impuestos de donaciones, sucesiones y patrimonio. También “planteamos ayudar a los autónomos con una ”tarifa cero“, una ”ventanilla única“ para todo lo que tenga que ver son subvenciones y ayudas y la reducción de la burocracia y eliminación de trámites duplicados”.
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