Poco antes del 5 de abril de 2014, cuando se iban a cumplir dos años del fallecimiento del hincha del Athetic Íñigo Cabacas tras ser alcanzado en la cabeza por una pelota de goma lanzada por un agente de la Ertzaintza y arreciaban las críticas contra la jueza del caso por la lentitud de la instrucción, un destacado magistrado de Bilbao descolgó el teléfono para llamarle a su colega Ana Torres. De manera sibilina, sin presión de ningún tipo, le quería hacer ver que el 'caso Cabacas' era de alto voltaje político-mediático. Y que era difícil -por más que hubiera razones procesales, de procedimiento o incluso de otra índole más banal- soportar los titulares y las críticas por una supuesta inacción judicial.
Había un muerto y se necesitaban respuestas: fueran en un sentido o en el contrario. Esto es, que se produjeran más diligencias, más declaraciones, más imputaciones si fuera el caso o que se archivara la causa ante la imposibilidad de determinar quién disparó la pelota de goma aquella noche. Respuestas sobre todo para los padres de un joven hincha del Athletic, Manu y Fina, que en estos tres años de calvario, humano primero y judicial después, han demostrado siempre estar a la altura, sobrellevando el infinito dolor de la pérdida de un hijo que tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado, el callejón cercano a María Díaz de Haro, junto a la 'herriko taberna'.
Jone Goirizelaia es una avezada letrada que ha lidiado con instrucciones complicadas a lo largo de su dilatada carrera. A un mes de que se cumpliera ese segundo aniversario de la muerte violenta de Cabacas, la abogada de la acusación particular en representacion de la familia anunció que llevaría el caso ante el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Decidió entonces dar ese paso como una vía complementaria a la investigación que se sigue en un juzgado bilbaíno por la muerte de Cabacas.
Jone, que para entonces había cargado sucesiva y profusamente contra la actuación de la fiscal encargada del caso, Pilar Giménez Esteban -denunciaba que no acudía a las declaraciones o si acudía no abría la boca- seguía confiando en la labor de la instructora. De su boca no ha salido en estos tres años una critica contra la magistrada Ana Torres. Pero tenía que tocar todas las teclas posibles para evitar el auto más temido para la familia y para sí misma: el de archivo por la falta de autor conocido de la muerte de Cabacas.
El objetivo de esa decisión de la familia era lograr que el relator de la ONU analizara si la actuación policial fue correcta o se vulneraron derechos, protocolos y la normativa vigentes. El relator, una vez admitida la queja de la familia, según el procedimiento habitual debería haber pedido información a la otra parte, en este caso el Departamento de Seguridad que dirige la consejera, Estefanía Beltrán de Heredia. Pero esa petición de documentación nunca llegó a la mesa de Beltrán de Heredia, según han confirmado fuentes de ese Departamento.
La instructora del caso, Ana Torres, fiel a su estilo, siguió trabajando en silencio. Sin alharacas, ajena al ruido mediático, a las llamadas de los colegas. Y lo que pasó pocas semanas después del segundo aniversario es que la instructora sumaba un quinto imputado a la causa, un suboficial que estaba al mando de una de las furgonetas policiales ubicadas cerca del callejón de la calle María Díaz de Haro donde Cabacas se desplomó tras recibir el pelotazo. Este mando había declarado como testigo en el juzgado ante el que manifestó que había dado orden de no disparar. Sin embargo, algunos ertzainas imputados previamente en la causa afirmaron ante la juez Torres que el suboficial les había ordenado “cargar” y “disparar” cuando cayeron junto a él botellas lanzadas por un grupo de jóvenes desde el callejón.
Los agentes interpretaron la orden en el sentido de que había que disparar pelotas y salvas. Y lo hicieron. Y luego lo admitieron ante la juez instructora. Bueno, solo algunos, los que a la postre acabaron imputados en la causa. Imputados por decir la verdad y por acatar las órdenes de los mandos directos que estaban sobre el terreno junto al callejón bilbaíno.
¿Qué ha pasado desde entonces en la instrucción de la causa? No gran cosa. La acusación particular no ha logrado uno de los objetivos que persigue desde el inicio de la investigación: que la cadena de mando esa noche, incluido el Ugarteko -el mandó que mandó entrar “con todo” al callejón de la Herriko- y el nagusi de la comisaría de Bilbao, Jorge Aldekoa, declaren como imputados en la causa. De hecho, no ha habido más imputaciones, aunque sí se han producido algunas declaraciones que no han arrojado grandes novedades. De nuevo, poco antes de que se cumpliera el aniversario de la muerte de Cabacas, la acusación particular interpretó las declaraciones realizadas ante la jueza de unos peritos policiales el pasado 13 de febrero como una revelación por la que se podría identificar al supuesto autor material del disparo que mató al joven de Basauri.
De las declaraciones de los agentes de la Unidad de Policía Científica sección de balística del CNP, que actuaron como peritos elaborando el informe de balística sobre lo que pasó esa noche, que obran en poder de este diario, esa interpretación parece cuando menos muy forzada. Sobre todo porque a preguntas de las defensas y de la acusación, ambos peritos reiteran en varias ocasiones sobre distintos ertzainas que aparecen en las imágenes que “no se puede determinar la dirección del disparo”.
En concreto, a preguntas de la defensa de los agentes imputados por admitir haber disparado esa noche el perito policial reitera: “Que el declarante no puede determinar la trayectoria del disparo que efectúa la persona que lleva chamarra roja, ya que para determinar una trayectoria es necesario definir en el espacio un punto inicial y un punto final, y en este caso podemos conocer el punto inicial, pero no el punto final, por lo que ni él ni nadie podría determinar la trayectoria”.
Fuera del Palacio de Justicia, algunas instituciones o amigos de la víctima han realizado tributos. Para el recuerdo queda el sentido homenaje que le ofreció el pasado 27 de marzo el Ayuntamiento de Bilbao, con su alcalde a la cabeza, el peneuvista Ibón Areso, a la familia del joven. “Esperemos se vayan clarificando cuanto antes [los hechos]. Ése es el mínimo exigible a cualquier sistema de justicia de cualquier país desarrollado”, puntualizó Areso, al tiempo que agradecía el “ejemplo de convivencia sin venganza” que está ofreciendo su familia, y ha afirmado que la familia necesita “el consuelo de ver resuelta la investigación judicial abierta sobre este caso”.
Cabacas tenía 28 años cuando falleció el 9 de abril de 2012 en el hospital tras recibir un pelotazo en la cabeza. Tres años después, la instrucción sigue abierta y sus padres, como los familiares de cualquier víctima, esperan verdad, justicia y reparación. Esperan, sin perder la paciencia, que del juzgado lleguen las respuestas que alivien su infinita tristeza.