Instituciones Penitenciarias exigirá, ante las anunciadas peticiones individuales y en fases de los presos de ETA para ser acercados a prisiones del País Vasco y sobre futuras progresiones de grado y excarcelaciones, que los reclusos etarras cumplan con la ley. Una norma que, entre otras cosas y tras las últimas modificaciones legales, “exige el reconocimiento del daño causado y desvincularse de la organización terrorista”, en palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. La clave para la respuesta que pueda dar el organismo que dirige Ángel Yuste a unas peticiones que ayer no le constaban al ministro estará en ese reconocimiento del daño causado, su desvinculación de la organización terrorista y sus métodos violentos y la voluntad de colaborar activamente con la justicia para esclarecer los atentados pendientes de juicio.
El artículo clave del Código Penal para este itinerario es el 90. Para demostrar esa voluntad de reinserción y de romper con el pasado terrorista, el recluso podrá acreditarla “mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito”. Finalmente, el presos debe también haber “satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito”.
El principal beneficio penitenciario que contempla la legislación es la libertad condicional, que permite a los presos no tener que volver a prisión. Los requisitos para acceder a ella son: estar clasificado en tercer grado penitenciario, haber cumplido las tres cuartas partes de la condena y haber mostrado buena conducta y un pronóstico favorable de reinserción social. En la última modificación del Código Penal, se apuntó que “se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines de la actividad terrorista” y “haya colaborado activamente con las autoridades para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas”.
Según la información avanzada ayer por los diarios Gara y Berria -los mismos donde el colectivo de presos de ETA denominado EPPK difundió el pasado 28 de diciembre su histórico comunicado en el que aceptaba por primera vez la legalidad penitenciaria- un total de 16 presos de ETA habrían empezado a tramitar sus solicitudes ante Instituciones Penitenciarias para ser acercados a cárceles vascas y, en algunos casos, para ser excarcelados posteriormente. Este movimiento estaba previsto en el citado comunicado, en concreto en el punto siete, en el que señalaban: “Estamos dispuestos, dentro de un plan de actuación global, a estudiar y tratar la posibilidad de que el proceso que culmine con nuestra vuelta a casa se efectúe de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en tiempo prudencial”.
Diez de ellos, con enfermedades graves, y los otros seis que tendrían más de 70 años solicitarían en sus escritos acogerse al artículo 100.2 del reglamento penitenciario en el que se define la posibilidad de una política flexible en materia de clasificación penitenciaria (segundo y tercer grado), una “medida excepcional” que debe tener el posterior refrendo del juez de Vigilancia Penitenciaria. Permite una modalidad de prisión atenuada de la que ya disfrutan algunos presos y que supone no volver a prisión durante un determinado tiempo (previa colocación de una pulsera telemática) o no tener que dormir en la cárcel.
Sobre el reconocimiento del daño causado -y a falta de conocer la literalidad de las solicitudes- se indica que los reclusos habrían incluido lo recogido en la declaración del pasado 28 de diciembre. En relación con el daño causado, la literalidad del punto tres de aquella declaración es: “Reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generados como consecuencia del conflicto”. Y en el punto ocho añadían el colectivo del EPPK: “Mostramos nuestra voluntad para analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros, dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes”.
Los reclusos de ETA que han movido ficha para volver a Euskadi y ser excarcelados añaden también una crítica a la política de dispersión impulsada por el PSOE en los años 80 -con el apoyo del PNV-. En el comunicado de diciembre ya se exigía “cambiar radicalmente la política penitenciaria y priorizar el fin de la dispersión. Reconocer nuestros derechos, posibilitar nuestra vuelta a casa e impulsar la solución integral a la actual situación política”. Era el punto cinco de aquel comunicado que suponía una ruptura total con la actuación anterior del colectivo de presos etarras.
Prudencia en Interior y cumplimiento de la ley
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, admitió ayer que no tenía constancia de que hayan empezado a llegar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciaria peticiones de presos de ETA para ser excarcelados o trasladados a cárceles vascas o navarras, pero que, en cualquier caso, el Gobierno responderá “aplicando la ley” y las verá caso por caso. “En este momento no me consta que se haya producido ninguna petición”, dijo, al tiempo que recorcaga que en 1996 y en 2012 -con ETA ya habiendo abandonado el terrorismo- también se registraron solicitudes sobre acercamientos y excarcelaciones.
Interior ha querido dejar claro que si los presos envían nuevas peticiones para mejorar su situación penitenciaria, el Ejecutivo aplicará la ley. “Lógicamente, se cumplirá la legalidad como siempre se ha hecho, en casos anteriores, en el presente y en el futuro”, apuntó. Fernández Díaz remarcó, además, que la legislación es “muy clara” y establece que es facultad de la administración penitenciaria determinar, “dadas la circunstancias que concurren en cada interno”, en qué centro penitenciario cumple su condena.
Fuentes del PP vasco de Arantza Quiroga, que el pasado sábado esperaban una declaración en el Kursaal donostiarra algo más contemporizadora de Mariano Rajoy en relación a ETA y sus presos en el congreso de los populares vascos, saben que hasta que no pasen las elecciones europeas no se va a mover nada en materia de política penitenciaria ni del final ordenado de ETA. Pero fían el futuro a una política consensuada entre los Gobiernos central y vasco, con la participación del PNV y de los socialistas y “a ser posible también de las víctimas”, según las mismas fuentes.