El PSE-EE quiere que la capacidad normativa sobre la fiscalidad, es decir, las leyes que regulen los impuestos que paguen los ciudadanos vascos, se decidan y voten en el Parlamento Vasco y no en las Cámaras de los territorios históricos, las Juntas Generales, como recoge el actual Estatuto de Gernika y el Concierto Económico Vasco. El programa electoral de los socialistas vascos para las elecciones del próximo 21 de abril incluye esta medida como una de las que debería contener un nuevo Estatuto que la formación que lidera Eneko Andueza apremia a renovar cuanto antes, ya que recuerdan que “siendo la primera comunidad autónoma en acceder al régimen autonómico, es hoy, 45 años después, la única que no ha conseguido actualizarlo”, aunque en puridad Galicia tampoco lo ha tocado.
Según señala el PSE-EE, la reforma, que debería llevarse a cabo la próxima legislatura, debe aprovecharse para reconsiderar las “relaciones internas entre los Territorios Históricos y de éstos con la Comunidad Autónoma Vasca”. En este sentido, consideran que debe abordarse una “nueva organización institucional, con criterios sociales y de eficacia, y aclarando competencias de cada ámbito institucional”. Y dentro de ese ámbito, quieren que se atribuya al Parlamento Vasco la potestad para regular normativamente el sistema tributario en el ámbito que la Ley del Concierto Económico atribuye a los Territorios Históricos“.
El Concierto Económico vasco concede a las Juntas Generales de cada territorio la capacidad normativa en materia de impuestos -con rango de ley, como cualquier Parlamento- y a las Haciendas forales la capacidad recaudatoria de los impuestos para los que tengan competencia, una prerrogativa que supone una de las capacidades forales más importantes por el poder que otorga a las Diputaciones. Por eso, esta propuesta socialista reabre no sólo el melón de la política fiscal, sino del reparto de poder territorial, que constituye una de las esencias del entramado institucional vasco.
Se trata de una cuestión que ha sido objeto de polémica cada vez que se ha planteado, sobre todo en legislaturas en las que las diputaciones forales han estado gobernadas por diferentes formaciones en cada territorio y se han producido situaciones de desarmonizaciones fiscales entre Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Por ejemplo, entre 2011 y 2015, cuando se aplicó en Gipuzkoa, entonces gobernada por Bildu, un impuesto a las grandes fortunas que no se extendió al resto de los territorios. Pero, aunque esos han sido los años con una desarmonización más evidente, han sido habituales las medidas que han diferenciado a las distintas Haciendas en IRPF o en Impuestos de Sociedades con diferentes desgravaciones, aunque el grueso del impuesto fuera común.
La medida de que la legislación de los tributos sea prerrogativa de la Cámara vasca ya la propuso Patxi López siendo lehendakari entre 2009 y 2012, una legislatura en la que fueron precisamente frecuentes los enfrentamientos del mandatario socialista con el entonces diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, del PNV. “No podemos seguir acordando reformas fiscales en oscuros despachos ni seguir con la guerra de territorios que impiden políticas comunes y provocan desigualdades”, dijo entonces López.
Aunque su propuesta nunca ha llegado a cuajar en estos años, porque este reparto de competencias fiscales entre las instituciones forales es algo sobre lo que el PNV no quiere entrar a discutir, diferentes iniciativas que tienen el sello de los socialistas van encaminadas a que sea el Parlamento Vasco el que tenga la potestad sobre diversos impuestos que tengan carácter de autonómicos. Por ejemplo, cuando a lo largo de esta legislatura se ha hablado de la posibilidad de implantar una tasa turística para regular la entrada de viajeros, el consejero, Javier Hurtado, del PSE-EE, ha deslizado la posibilidad de que se tratase de un “impuesto autonómico”. En el programa electoral para el 21A, en el apartado que se refiere al turismo, los socialistas anuncian que promoverán la creación de la “ley del impuesto a las estancias turísticas y promoción del turismo sostenible”, aunque puntualizan que lo harán “en coordinación con el resto de la arquitectura institucional de Euskadi y el sector” para gravar las estancias de los viajeros que se hospedan en los establecimientos turísticos de Euskadi. Los fondos recaudados mediante este impuesto se destinarán al impulso de la competitividad y sostenibilidad del sector turístico, señalan.
El impuesto autonómico, totalmente excepcional en Euskadi ya que sólo se implantó en tiempos de Carlos Garaikoetxea para hacer un recargo al IRPF para financiar la respuesta a las inundaciones de 1983, también es el modelo que se recoge en la ley de Cambio Climático, con el que se gravará a instalación de energías renovables, eólica y solar, en territorio vasco. Es una enmienda que el PSE-EE pactó con el PNV añadir a la norma, que después amplió los acuerdos con las enmiendas de EH Bildu.