Un recurso de Vox frena el derribo del cuartel del Ejército en Donostia, donde iban a construirse hasta 2.000 viviendas

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado parcialmente un recurso de Vox y ha ordenado proteger los cuarteles del Ejército en Loiola, Donostia, una zona que, tras un derribo que ya estaba proyectado, iba a quedar liberada y en la que el Ayuntamiento ya había planeado la construcción de entre 1.600 y 2.000 nuevas viviendas. Era una de las operaciones urbanísticas estratégicas de la capital, que también cuenta con el derribo a corto plazo de la cárcel de Martutene una vez se completen las obras del nuevo penal de Zubieta. El alcalde, Eneko Goia, hará una valoración de los hechos este jueves.

La sentencia, según informa la Agencia Efe, estima que los cuarteles “cumplen los criterios sentados en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano Construido para ser protegidos”. Se apoya el tribunal en unos informes elaborados por el Gobierno vasco y la Diputación de Gipuzkoa que por una parte listaban los cuarteles entre el patrimonio histórico arquitectónico y por otra destacaban su valor cultural. El fallo sostiene que no se pueden pasar por alto estos informes —de “dos administraciones ajenas al presente procedimiento y cuyos técnicos están dotados de objetividad”— y resuelve otorgarles una protección de grado IV, inferior a la que había solicitado Vox.

En noviembre de 2020, en el marco de la negociación presupuestaria del PNV con el Gobierno de Pedro Sánchez, los 'jeltzales' arrancaron la cesión a Donostia de los cuarteles que el Ejército tiene en la zona donostiarra de Loiola. Desde el año pasado, y tras el viraje de la postura del Gobierno central —que hasta entonces, a través del Ministerio de Defensa, había defendido que eran de utilidad para las Fuerzas Armadas—, son ya de titularidad municipal. La ciudad los venía reclamando con insistencia con el objetivo de dedicarlos a aliviar la presión urbanística de Donostia, que dispone de una oferta muy limitada y cuya vivienda es la más cara de toda España.

La derecha criticó duramente el acuerdo. Para el PP, que todavía estaba liderado por Pablo Casado, el movimiento significaba poco menos que “sacar al Ejército del País Vasco”. Vox, sin embargo, fue más allá. Macarena Olona llegó a llamar “traidor” a Sánchez. “¿Sabéis cuántos años hemos resistido para que el Ejército no fuese expulsado? Hasta hoy”, se quejó entonces. En Euskadi, la única parlamentaria de Vox —que no tiene representación en la ciudad—, Amaia Martínez Grisaleña, tildó el acuerdo de Sánchez de “cesión al nacionalismo”. “Es un movimiento más de ese sanchismo que nos tiene acostumbrados a ceder absolutamente todo con tal de seguir en el poder”, criticó, según recogió entonces Europa Press. Además, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el recurso que ahora se ha resuelto.