Una residencia de Vitoria no tenía personal suficiente en pleno brote de COVID e hizo trabajar a empleadas infectadas
En el centro residencial privado Agure Arkaiate de Vitoria, una vivienda comunitaria de 14 plazas, había tan poco personal cuando un brote de COVID-19 infectó a 12 de los mayores residentes que incluso trabajadores que habían dado positivo seguían operativos. Cuando los inspectores de la Diputación de Álava se personaron el 28 de septiembre para analizar qué estaba ocurriendo, se encontraron en la entrada con “dos personas positivas deambulantes” que tenían que estar confinadas. Finalmente, se tramitó el traslado de diez de ellos a un centro público, la residencia Zadorra del barrio de Abetxuko, que ha actuado durante la pandemia para el adecuado aislamiento de los casos que no precisaban hospitalización en un sector altamente privatizado.
El brote se originó el 26 de septiembre. Hubo que hacer pruebas PCR a todos los internos a raíz de que uno de ellos, que estaba hospitalizado, diera allí positivo. Se contagiaron todos menos dos –había habido un caso en la primera ola–. Un segundo enfermo tuvo que ser ingresado y el resto se quedaron en Agure Arkaiate. En el centro, se hizo una sectorización y se aisló a los dos negativos en sus habitaciones individuales. Las visitas de familiares quedaron prohibidas, aunque los carteles en el exterior recogían la normativa de cuando se inició la pandemia, en marzo, muy desactualizada. También hubo casos en la plantilla. “Desconocen la entrada del virus”, explican los inspectores sobre la versión de los gestores en torno al origen del foco.
“El mayor problema que tienen en este momento es la falta de personal. Han hecho entrevistas pero se ha rechazado la oferta al saber que es un centro con positivos. De hecho, en el momento de las visitas, una de las trabajadoras que ha dado positivo y está asintomática se encuentra trabajando en la planta de positivos ya que no tienen personal para atender a estos usuarios”, se puede leer textualmente en el acta oficial de la inspección, que había sido previamente concertada.
El informe recoge una decena de deficiencias observadas. La principal es la del problema de personal, con dos trabajadoras de mañana, otras tantas de tarde y solamente una por la noche, según los planillos. “Los trabajadores que siguen activos están teniendo turnos muy largos”, se constata. Se concluye que es casi imposible que haya equipos diferenciados para la zona 'sucia', como se denomina al área donde hay casos de COVID-19, y para la zona 'limpia', con los no infectados. Nada se refiere de cuánto tiempo llevaba la trabajadora con coronavirus de servicio.
La dirección planteó a la Diputación el traslado de todos los usuarios, incluidos los sanos. “Analizada la situación y las dificultades existentes para la contratación de personas para la atención directa de usuarios, se decide y tramita el traslado de los diez usuarios positivos el día 29 de septiembre. Se les traslada la imposibilidad de llevar a un centro de positivos a dos personas que han resultado negativas”, argumentan los inspectores. Eso sí, “se informa a la directora del centro del coste de la residencia Zadorra: 50 euros por persona y día”. En los últimos días se ha hecho público, precisamente, un decreto para regular esas derivaciones a Zadorra, que se llevan haciendo prácticamente desde el inicio de la pandemia. En aquellas fechas, este periódico trató de hablar con los responsables de Agure Arkaiate. De malos modos, esta residencia rechazó atender la petición de información.
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