Sancionan a la empresa que reformó en negro la casa de Alfredo de Miguel por irregularidades en contratos de Bilbao

Las empresas Printhaus y Emociona Soluciones Creativas han sido sancionadas con 11.503,49 y 25.896,25 euros, respectivamente, por irregularidades en contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, según ha dado a conocer este miércoles la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC). Se da la circunstancia de que la segunda, Emociona Soluciones Creativas, fue una de las empresas que apareció en el 'caso De Miguel', el mayor sumario de corrupción conocido en Euskadi y que en primera instancia se saldó con varios exdirigentes y excargos públicos del PNV condenados. En concreto, esta firma se encargó de la reforma de la vivienda particular en la localidad vizcaína de Gorliz del principal implicado en la trama, el ex 'número dos' del PNV alavés Alfredo de Miguel, una operación que no pagó ni el político ni su familia sino un constructor contratista de la Administración, Prudencio Hierro, que confesó los hechos en el juicio de 2018 aunque alegando que solamente adelantó el dinero para poder defraudar el IVA.

Hierro era habitual en contratos públicos de la Administración. Una firma de su familia también está relacionada con la reforma de la sede del PNV en Vitoria, Landaburu Etxea. Fue procesado en el 'caso De Miguel' por el abono de comisiones. Para rebajar su pena, realizó una confesión pactada con la Fiscalía admitiendo algunos hechos. Asumió, principalmente, que costeó la reforma de la segunda vivienda de De Miguel en Gorliz, una propiedad originaria de la familia de su esposa, Ainhoa Bilbao, también imputada en el caso. 44.514,06 euros fue la cantidad que salió de los bolsillos de Hierro a Emociona Soluciones Creativas, que a su vez asumió esta obra a instancias de otro constructor del caso, Jon Iñaki Echaburu. “Se me dijo que no pusiera en la factura que las obras eran en la vivienda de Gorliz”, explicó Íñigo Aparicio sobre los trabajos cuando declaró como testigo, ya que nunca fue imputado. Siguiendo las instrucciones, simuló que las obras fueron en unas oficinas de Hierro en Vitoria. “De Miguel me dijo que para cobrar llamara a una chica que se llamaba Blanca”, añadió sobre este particular y en referencia a la administrativa de Hierro.

Hierro solamente confesó hasta donde tenía pactado, aunque fue suficiente para poner contra las cuerdas al político. Y admitió que lo hizo para ganarse el favor de un político influyente porque “siempre ayuda”. Pero insistió en que luego recibió de vuelta el dinero y que todo el circuito de facturas falsas era para que el político se ahorrara el IVA, lo cual no es delito salvo si el fraude fiscal alcanza los 120.000 euros. Las empresas pueden desgravarse el impuesto, a diferencia de los particulares. En su declaración, De Miguel no tuvo más remedio que aceptar que el constructor le había abonado la reforma, aunque se agarró también al tema del IVA y a la devolución. Eso sí, no consta en el sumario ningún movimiento económico que justifique que los casi 45.000 euros volvieran a Hierro y no ofreció una explicación plausible a la necesidad de involucrar a un tercero para este fraude cuando él controlaba un amplio catálogo de mercantiles con las que podía haber realizado ese mismo movimiento de manera sencilla. El político, además, se permitió el lujo de afirmar en el juicio que le hicieron mal las obras y que no quedó satisfecho con el trabajo.

En el sumario consta como Echaburu, el otro constructor, dio “indicaciones” al PNV de Álava, en concreto al dirigente Koldo Ochandiano, socio de De Miguel en esta trama, para que contratara a Emociona Soluciones Creativas para la campaña de las elecciones forales y municipales de 2007. El partido quiso como proveedora a esta empresa para una compra masiva de balones de playa, mecheros y otros regalos para los simpatizantes y votantes potenciales. Cuatro años después del juicio y mientras el Tribunal Supremo revisa desde septiembre la sentencia de primera instancia sobre este caso, es ahora Competencia la que sitúa en primera línea a Emociona Soluciones Creativas y a otra firma, Printhaus.

Su conclusión es que ambas compañías pactaron mediante un “acuerdo colusorio” copar las licitaciones de publicidad y comunicación del área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, cuyo concejal es Gonzalo Olabarria (PNV). El expediente describe cómo ambas empresas se adjudicaron la mayoría de ejercicios los contratos -en concreto entre 2014 y 2021 Emociona Soluciones Creativas ganó cinco veces el concurso y Printhaus tres- aunque, en vez de competir, cuando perdían eran subcontratadas por la ganadora. Además, sus memorias y propuestas eran casi idénticas en muchos supuestos, incluso hasta en los colores. Ambas firmas han admitido los hechos y se han comprometido a cambiar su proceder para evitar irregularidades en el futuro. Aunque la multa de Printhaus es mayor en cuantía, la realidad es que es más severa en el caso de Emociona Soluciones Creativas. A la primera se la ha sancionado con el 1,25% del volumen de negocios y a la segunda con el 1,5%. Competencia, eso sí, ha estimado conveniente “la no imposición de una prohibición de contratar” en el caso de ambas mercantiles.

No hay menciones en la resolución sobre la posible responsabilidad de la Administración en los hechos. De hecho, se da a entender que ha sido perjudicada al no haber podido disponer de concursos regidos por los principios de libre concurrencia. Sí se apunta, en todo caso, que el Ayuntamiento “no dispone de la documentación referida a las licitaciones anteriores a 2018”. El caso se originó por el recurso de una empresa competidora (Bilbao Design Hub) al contrato para las actividades culturales de 2021 ante el OARC, un organismo diferente de Competencia que anuló la adjudicación a las empresas implicadas y que también derivó el expediente por sus implicaciones para que se analizaran las posibles irregularidades, luego confirmadas.