Los sindicatos con representación en el comité de empresa de Grup La Pau, la principal empresa adjudicataria del contrato de ambulancias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), demandan al lehendakari, Imanol Pradales, al vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, y al consejero de Salud, Alberto Martínez, que tomen cartas en el asunto para resolver el largo conflicto laboral en una de las contratas principales de la Sanidad vasca y de toda la Administración. Del mismo modo que se ha resuelto con el cambio en el Gobierno el problema con el servicio de cirugía cardíaca del hospital de Basurto, en Bilbao, que iba a ser cerrado, quieren que se intervenga ante el hecho ya constatado de que a la controversia de los últimos meses se suma el no abono de la paga extraordinaria de verano a la plantilla y la previsión de que la nómina de julio llegue con un recorte unilateral del 12,5%. La empresa, que no hace comentarios por recomendación de sus abogados, ha llegado a plasmar por escrito que está al borde de la “quiebra técnica”.
La cooperativa catalana Grup La Pau gestiona en Bizkaia y en Álava el servicio de ambulancias urgentes y programadas. Son dos tercios de ambos contratos, de 135 y 147 millones de euros, aproximadamente. Ambulancias Gipuzkoa es la concesionaria en ese territorio. UGT logró con un recurso en mayo parar la renovación de la adjudicación de ambulancias no urgentes o programadas al recordar que sobre la empresa pesa una sanción “muy grave” por retrasos en las nóminas. Actualmente, la pelota está en el tejado de Salud, que tiene que decidir si vuelve a adjudicar esta contrata a la misma empresa a pesar de esta infracción y de otras dos docenas “graves” constatadas por la Inspección de Trabajo. Sin esos nuevos ingresos, Grup La Pau planteó un descuelgue del convenio, pero no ha conseguido un acuerdo con los sindicatos para aplicar los recortes y la Inspección de Trabajo le avisó de irregularidades en el procedimiento.
Estas negociaciones se rompieron ya este lunes en medio de una delicada situación en la que Grup La Pau ha llegado a plantear tener que recurrir a un inversor externo o incluso a vender ambulancias para subsistir. Pero el comité de empresa alerta de que Grup La Pau ha aplicado igualmente los recortes. Insisten en que no ha ingresado la extra de verano y este periódico ha podido confirmar que la compañía no tiene previsto abonarla en ningún caso. Habrá que ver qué ocurre en apenas unos días con la nómina ordinaria de julio, ya que la compañía quería reducirla en un 12,5%.
Desde el sindicato UGT, piden “una reunión” específica a Pradales y Martínez para abordar la situación de las ambulancias de Osakidetza ahora que está sumergido en una ronda de contactos para trabar un pacto de país para mejorar la Sanidad vasca. “Lo que se nos plantea es que le quieran dar otra vez el contrato a La Pau. Se nos encienden todas las alertas. Tienen múltiples sanciones, no están cumpliendo nada, ... Qué menos que se nos escuche”, entienden desde la sección de la central en la compañía.
LSB-USO ha dirigido ya un escrito al lehendakari y a Pradales. Quieren que lean y “tengan en cuenta” la documentación sobre el historial de Grup La Pau que les envían y tomen “las medidas oportunas” para garantizar la calidad de un servicio básico y los derechos laborales de la plantilla. Esta organización ha comunicado también lo sucedido al Ararteko. Le hablan a su titular, a Manuel Lezertua, “de una situación sin precedentes que está afectando de manera alarmante tanto a los trabajadores de este sector como a los ciudadanos vascos que dependen de estos servicios esenciales”. “Estas irregularidades están comprometiendo gravemente la calidad y la disponibilidad del servicio. Con frecuencia, nos encontramos con ambulancias fuera de servicio debido a la falta de personal o de material adecuado. Esta situación no sólo pone en riesgo la salud y el bienestar de los usuarios del servicio, sino que también constituye una potencial violación de las condiciones establecidas en el contrato público”, indican. “Imploramos su mediación en este asunto”, llega a escribir LSB-USO.
Desde ESK explican que mandarán una carta a Salud pero también al vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres. Esta cartera es la que controla la Inspección de Trabajo y también ha aportado el Consejo de Relaciones Laborales como espacio físico para decenas de reuniones y un fallido intento de mediación entre patronal y sindicatos. “Que pongan un poco de orden. Esto no puede seguir así. El Gobierno vasco le tiene que 'se acabó' a La Pau”, explican.
Precisamente este miércoles, en Ajuria Enea, Pradales ha verbalizado que su intención es “solucionar problemas” que pueda tener la Sanidad vasca. Ha citado expresamente el ejemplo de resolución del conflicto en Basurto con los cardiólogos y ha sugerido que intervendrá en otros casos que puedan surgir. Hasta el momento, el consejero Martínez se ha mantenido en un segundo plano y no ha realizado ningún pronunciamiento público sobre la contrata de ambulancias más allá de unas respuestas genéricas a preguntas formuladas por la oposición en el Parlamento Vasco. Esta misma semana se ha incorporado una nueva viceconsejera responsable de Administración y Financiación Sanitaria, Lore Bilbao, a la que le corresponderá gestionar también lo tocante a contratación en sustitución de Nerea Urien. En cuanto al área de Trabajo, que ejerce el control laboral como con cualquier empresa privada, la viceconsejera de Mikel Torres continúa siendo Elena Pérez Barredo, la misma que ha gestionado este asunto con Idoia Mendia y Javier Hurtado en los últimos meses.
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