Paradojas de la política, la coalición Sumar se ha estrenado este jueves en el Parlamento Vasco representada por uno de los partidos más antiguos. El único representante de la formación de izquierdas es Jon Hernández, que proviene de IU y que es el secretario general del PCE-EPK, que ya formó parte del primer Gobierno autonómico de 1936. Solamente el PNV y el PSE-EE tienen más historial. La que fuera candidata, Alba García Martín, no logró el escaño en las autonómicas y ahora ha tenido que seguir la investidura de Imanol Pradales desde el palco de invitados.
Hernández ha lamentado que los socialistas, en Euskadi, estén plegados al PNV y no abran la puerta a otros pactos de izquierdas que también tendrían mayoría absoluta, como un tripartito con EH Bildu y ellos. Además, ha anunciado una oposición frontal desde las “antípodas” políticas. “No son necesarios cien días de cortesía para ver por donde tira este Gobierno, porque ya sabemos a grandes rasgos lo que va a hacer y cuáles serán sus políticas, las mismas que ha tenido el Gobierno vasco en la última década”, ha señalado Hernández, que ve a Pradales como continuista de la etapa de Iñigo Urkullu.
“No compartimos su propuesta de Gobierno, señor Pradales. Nos presenta un proyecto con el que tenemos diferencias profundas en cuestiones para nosotros fundamentales”, ha manifestado también. Y ha continuado: “Este país se sostiene sobre la espalda de la clase trabajadora mientras sus amigos de la patronal, además de aportar cada vez menos, se dedican a generar alarma y confusión con lo que ellos llaman absentismo laboral”.
Ha mencionado también a los servicios públicos. “Usted habla de inversiones en Osakidetza, pero no dice que buena parte de ese dinero acabará pasando a los amigos de la colaboración público-privada”, ha manifestado sobre Sanidad. Ha lamentado la “privatización” de la educación en Euskadi y ha criticado que los socialistas acepten una política “asistencialista” en materia de vivienda, cuando es un derecho. “Hay también miles de viviendas vacías y tenemos una ley que permite la expropiación o el alquiler forzoso, y esto tampoco se utiliza”, ha señalado. “Un modelo de país articulado desde lo público. La gestión directa tiene que ser la norma”, ha sintetizado.