Una antigua trabajadora de La Gilda del Norte (Agricultura Creativa 2015, S.L.) ha ratificado esta semana ante un juzgado de Bilbao que el dueño de la empresa, F.J.G.Á, empleaba a trabajadores extranjeros sin contrato -entre los que se hallaba ella misma-, que les pagaba en negro y que recibían un salario por debajo de lo estipulado en el SMI. Como adelantó este periódico, la Policía Nacional ha llevado a cabo una larga investigación a esta conocida empresa con sede en Basauri, invernaderos en Lezama y varios locales en Bilbao que ha supuesto la imputación del empresario por coacciones y delitos contra los derechos de los trabajadores. Estima en 25 los profesionales a los que tenía en situación irregular. Asimismo, se analiza si despidió a una de esas empleadas cuando quedó embarazada y se negó a abortar y si durante la pandemia forzó a los operarios a seguir trabajando a un estando contagiados de COVID-19.
La causa ha recaído en el juzgado de Instrucción 1 de la capital vizcaína, cuyo titular es la magistrada Ana Isabel Gasca López. Por la sala han pasado ya los primeros denunciantes de estos hechos -tres trabajadoras habían detallado ya en la comisaría de la Policía Nacional de Indautxu estas acusaciones- pero el acusado, F.J.G.Á., ha visto como se suspendía en hasta dos ocasiones su toma de declaración. Inicialmente, el interrogatorio estaba programado para septiembre y se pospuso. La nueva fecha era este lunes, pero un retraso en la citación ha supuesto que se tenga que volver a aplazar. Por el momento, las fuentes consultadas indican que no está fijado aún el nuevo calendario. El empresario, eso sí, fue detenido en junio y se negó a responder a las preguntas de los agentes al cargo de la investigación policial.
En una primera conversación con este periódico, F.J.G.Á garantizó que “no hay nada” y que todo responde a una campaña de venganza en su contra de un grupo de personas. Explicó que en La Gilda del Norte, a pesar de los indicios recabados en la investigación, trabajan “50 ó 60 personas” y están “totalmente legal y como dios manda”. En segunda conversación, ya después de la publicación, matizó que había sido mala suerte cuando la Policía localizó trabajando a algunas de las personas extranjeras ya que era por una cuestión de elevada carga de trabajo y porque simplemente estaba pendiente de formalizar al papeleo oficial para que tuvieran contrato. “Esto puede hacer mucho daño”, señala el imputado sobre la reputación de su negocio tras haberse hecho público este caso. Preguntado por la denuncia más grave, la del supuesto intento de forzar a una trabajadora a que abortara si quería seguir en el puesto -ella alega que incluso le ofrecieron costear los gastos médicos- afirma que “es una maniobra orquestada por una señorita que aprovechándose de la situación está haciendo lo que no debe” e insiste en que hay dos resoluciones de la jurisdicción laboral -que en un Estado de Derecho no generan “cosa juzgada” y que no prevalecen nunca sobre la vía penal- favorables a los intereses de la compañía.
Esta trama, que sigue a la detención de otro empresario del primer sector de Bizkaia el pasado mes de agosto, el dueño de Ajos y Cebollas del Txorierri, ha suscitado algunas reacciones en Euskadi, como la del sindicato ESK. “¡Esto es violencia! Es una violencia que ejerce el empresario sobre los empleados. Es violencia de la patronal y es ilegal. Mantener sin contrato a los trabajadores y despedir a quién se niega a abortar. Este señor es un explotador. Un abusador”, ha comentado en Twitter, por su parte, la portavoz en el Parlamento de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi. Alfonso Ríos, de CCOO, ha añadido: “Vaya panorama empresarial tenemos quejándose de subidas de cotizaciones y del SMI además. Están como para dar lecciones...”.
elDiario.es/Euskadi
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