UGT abre una brecha con el PSE-EE por la gestión de las prisiones vascas

La gestión de las prisiones vascas, en manos del PSE-EE en el reparto de consejerías del Gobierno vasco tras la llegada de Imanol Pradales, ha abierto una brecha entre el sindicato UGT y los socialistas, de los que esperaban otra sensibilidad hacia los 593 funcionario que forman la plantilla de las tres cárceles vascas. Representantes de este sindicato, que opera con la marca ACAIP-UGT y que es el mayoritario, han cargado este jueves con dureza contra el Gobierno vasco y la consejera socialista de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, a la que han acusado de tener los tres centros penitenciarios vascos en “situación de desgobierno”.

Se quejan de una “acuciante falta de personal” -una queja que comparten el resto de sindicatos- que es especialmente grave en el centro alavés de Zaballa, el más grande en estos momentos. Allí, los funcionarios han decidido “plantarse” y “dejar de hacer horas extras”, según señala el representante de ACAIP-UGT, Juan Carlos Díaz. “Al no alargar los trabajadores su jornada laboral, se está teniendo que suspender parte de las comunicaciones de familiares de internos y el cierre de algunos talleres. Estamos hablando de una cuestión de seguridad. Si hay un incidente grave, exigiremos responsabilidades por la falta de personal”, ha señalado.

Este 'plante' de los trabajadores de Zaballa ha empeorado las ya tensas relaciones con el equipo de San José. La dirección de Justicia investiga si se está produciendo una “huelga encubierta”, ya que, además de la no realización de horas extras, en la dirección del centro penitenciario han constatado un incremento de las bajas laborales, “continuadas y masivas, hasta 73 desde el 4 de diciembre”. Estudia ya medidas disciplinarias que ha solicitado con urgencia el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, que ha trasladado también las actuaciones al juzgado de guardia de Vitoria para que investigue estos hechos por si pudieran ser constitutivos de delito.

El auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria recoge los diversos informes realizados por el director del centro de Zaballa para dar cuenta de la “carencia de recursos humanos por causas sobrevenidas, que han supuesto el cierre de los servicios, el previsible cierre inminente de los talleres, así como la suspensión de las comunicaciones de las personas internas con sus familiares y sus abogados”. A instancias del juzgado, el director informó de que no hay ninguna convocatoria de huelga, pero sí “una comunicación verbal, consensuada por el conjunto de la plantilla de trabajadores, en el sentido de cesar en su disponibilidad para realizar las horas extras requeridas para la cobertura de los servicios prestados en el centro penitenciario de forma ordinaria, en el contexto de la negociación de sus condiciones laborales”.

A esta comunicación se suma que a lo largo del mes de diciembre se ha producido un “incremento de las incapacidades laborales, continuadas y masivas, hasta 73 desde el 4 de diciembre, lo que ha obligado a adoptar medidas provisionales de suspensión de permisos y realización de horas extras, según lo previsto en el artículo 286 del Reglamento Penitenciario”. El juzgado de Vigilancia Penitenciaria considera que la situación es “preocupante, insostenible, intolerable y alarmante, concurriendo todos los datos para concluir que se trata de una huelga encubierta” que, añade, “ha conllevado que se vean vulnerados los derechos de la población reclusa, por cuanto que hasta la fecha se les está imposibilitando la formación y educación, acudir a talleres y a mantener contacto con el exterior”.

Además, el juzgado califica de “encomiable, responsable y solidario” el comportamiento de los funcionarios que continúan acudiendo a su puesto de trabajo, pero advierte de que es “insostenible en el tiempo”. Por lo, ante la “urgencia y gravedad de la situación, insta en primer lugar a la dirección de Justicia a que ”de modo inmediato adopte medidas urgentes“, decisión que ya se había puesto en marcha con la activación de las bolsas de trabajo.

Junto a ello, insta a la dirección de Justicia a que “de modo urgente estudie la posibilidad de adoptar medidas de carácter disciplinario con respecto a los funcionarios penitenciarios que de forma consecutiva, continuada y colectiva presentaron la baja médica desde el día 4 del presente mes”. Desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos han señalado que se están estudiando ya esas medidas “con plena salvaguarda del derecho a la salud de las personas trabajadoras”, han puntualizado.

UGT considera que el Gobierno vasco “carece de política penitenciaria” tres años después de asumir la competencia y que el nuevo equipo que ha asumido la labor dentro del Ejecutivo, por primera vez socialista, “no ha hecho nada” al respecto para mejorar la situación desde el mes de junio, cuando asumió el cargo. “Entendemos que es inaceptable y una verdadera irresponsabilidad la actitud de la actual consejera y su equipo por no atajar una situación que se venía venir y que ha provocado el hartazgo de las plantillas. Hasta hace escasamente un mes, no se han preocupado ni lo más mínimo en saber lo que es un centro penitenciario, y no han tenido la deferencia de al menos conocer alguno para de esa forma valorar el esfuerzo que se está realizando por los profesionales”, ha afirmado Juan Carlos Díaz, que ha señalado que hasta la pasada semana, en la que el viceconsejero visitó la cárcel de Basauri, “ningún alto cargo de la consejería conocía ningún centro penitenciario”.

El propio secretario general de UGT, Raúl Arza, ha mostrado su “decepción”. Primero porque el Gobierno vasco en tres años haya sido “incapaz de pactar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con mejoras para los trabajadores”. Y en segundo lugar porque, como ha recordado, en 2021 se firmó un “acuerdo transitorio”, y ahora el Ejecutivo haya aprobado “una RPT sin consenso con ninguna de las organizaciones y de manera unilateral, dentro de una situación de bloqueo, que prorroga por otros seis meses ese acuerdo transitorio, lo que es totalmente insuficiente”.

La situación de falta de personal puede agravarse en los próximos meses ya que un total de 195 funcionarios vascos se han ha apuntado al concurso de traslados puesto en marcha en toda España por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, según ha señalado el Departamento de Justicia citando datos facilitados por la propia Secretaría. La cifra es inferior a la facilitada en un principio por CCOO, que hablaba de 229 interesados en el traslado, pero aun así es elevada. Hay que tener en cuenta que la ampliación de la plantilla que aprobó el Gobierno vasco el pasado 15 de octubre para los centros penitenciarios es de 260 trabajadores.

Desde el departamento de Justicia han enmarcado situación generada en el centro de Álava, “inédita hasta ahora” con el momento de negociación colectiva “derivada de la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos de aprobar una RPT, la primera tras tres años desde la transferencia, que amplía la plantilla en 260 personas para dar solución a la acumulación de horas extras y falta de personal”. “Esta negociación sigue abierta y con plena voluntad de acuerdo, con propuestas económicas concretas para mejorar los complementos de quienes realizan tareas de especial penosidad, y confiamos en que las propuestas tengan su receptividad en el ámbito competente de función pública. Así se ha trasladado en cada momento, incluida la revisión de la RPT en la medida en que se vaya implantando. Esta negociación se celebra en su ámbito natural, y este Departamento no participará en el debate público de esas condiciones”, han señalado.