Tras el atracón legislativo de este jueves, cuando el Parlamento Vasco promulgó seis leyes de una tacada, particularmente la reforma educativa, la Cámara ha continuado este viernes su actividad con la aprobación de los presupuestos de 2024. Las cuentas han contado con la mayoría del Gobierno, PNV y PSE-EE, pero han tenido el rechazo de toda la oposición. Los más de 15.025 millones dispuestos son un récord de gasto y van acompañados de optimismo macroeconómico en grandes dosis. Son también los últimos presupuestos de la era de Iñigo Urkullu, quien en casi doce años (tres legislaturas) ha vivido todo tipo de situaciones: prórrogas por minoría, coalición con los socialistas o acuerdos con la izquierda (EH Bildu, Podemos y Equo) y con la derecha (PP, dos veces). Solamente se le han resistido IU, UPyD, Ciudadanos y Vox. Y es el adiós también de su consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que se jubila con este hito y tras haber sido abuelo por segunda vez en las últimas horas.
El Ejecutivo ha achacado la falta de acuerdos al contexto preelectoral en Euskadi, aunque la bolsa disponible para posibles acuerdos era de apenas 25 millones, diez veces menos que el último acuerdo con la oposición, el de EH Bildu en 2022. Así constaba en la denominada “sección 99” del proyecto de ley. Las negociaciones abiertas con todos los grupos salvo con la ultraderecha de Vox fueron más breves que nunca. Así las cosas, la propuesta aprobada ahora por la Cámara y que entrará en vigor el 1 de enero es esencialmente la misma que se presentó en octubre. Sí se han introducido un puñado de autoenmiendas planteadas por nacionalistas y socialistas. Están valoradas en 22 millones de euros, el 0,14% del total, como publicó este periódico. Son partidas para garantizar la continuidad de los descuentos del 50% en el transporte público en 2024, para aplicar la reciente ley de Salud Pública y para mejorar la calidad de los comedores escolares, en medio de la polémica por las quejas a la contratista Serunion.
¿Cuáles son las claves principales? La capacidad de gasto de la Administración vasca para el próximo ejercicio subirá un 5,4%. Pero Salud, el área que más recursos consume, crece un 5,3%, por debajo de la media. Este curso el gasto sanitario representará el 32,6% del total autonómico cuando las últimas cuentas previas a la llegada de la COVID-19, las de 2020, la referencia a la que siempre se quiere volver, ofrecieron un 33,5%. En Educación ocurre lo mismo en la comparativa de 2019 a 2023. En general, en 2024 habrá 774 millones adicionales, de los que el grueso son mejoras para personal, tanto en las nóminas como contrataciones, más de 300 millones. En la Ertzaintza, se han prometido partidas para mejorar la “conectividad” con otros cuerpos policiales para luchar contra la violencia de género y se repite la promesa de dotar a Euskadi de medios aéreos contra incendios, dado que es la única comunidad sin ellos. La cuantía básica de la RGI subirá un 5% pero no se actualizan las prestaciones de vivienda y similares.
Después de la votación, ante la prensa, Azpiazu se ha felicitado por la aprobación de las cuentas. “Este presupuesto va a ser capaz de responder a las necesidades y retos de este país en 2024 y va a poner las bases para los ejercicios siguientes”, ha señalado. En la parte macro, aunque ha hablado de “incertidumbres” globales, ha apuntado que el próximo año la economía vasca “será capaz de generar 16.000 puestos de trabajo, con una tasa de paro por debajo del 7% en la segunda mitad del año”. “Es un éxito colectivo [...]. Hoy a Euskadi, permítanme la metáfora, le ha tocado la lotería”, ha ironizado Azpiazu en la jornada del soniquete de los niños de San Ildefonso.
En la tribuna, el socialista Ekain Rico -pertrechado de gráficos coloreados en tamaño DIN A3- ha lamentado que la oposición esté en campaña electoral “permanente”, “un debate preelectoral no es el mejor escenario para llegar a un acuerdo”, ha afirmado. De hecho, ha puesto como ejemplo que allí donde nacionalistas y socialistas no tienen los votos suficientes no han podido sacar los presupuestos. Es el caso de Álava y de Gipuzkoa, encaminadas a la prórroga. Según el PSE-EE, la oposición ha demandado propuestas no realistas, de hasta 600 millones de euros y para materias sobre las que Euskadi no tiene competencias. “Ocho de cada diez euros a gasto social. Son datos”, ha concluido.
Durante la sesión, en la que muchísimas señorías estaban tosiendo y en la que se ha caído la web de la institución, la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, ha tenido que expulsar del salón de plenos a una docena de pensionistas con chalecos verdes que demandaban un mínimo de 1.080 euros para sus prestaciones. Tejeria ha demandado “respeto” y “educación” en sede parlamentaria. En el exterior del edificio también ha habido una protesta de activistas contra la guerra que ha incluido el reparto de billetes falsos de 500 euros y hasta un bombo de lotería.
Leire Pinedo ha sido la voz de EH Bildu en el debate. La portavoz económica, de EA, ha acusado al Gobierno de Urkullu de “menospreciar cientos de propuestas” durante años y también en este trámite presupuestaria. Como ya es rutinario en los debates, la coalición ha vuelto a recordar la situación de Osakidetza. En concreto, ha mencionado la evolución negativa de las listas de espera, conocida a raíz de preguntas de la propia EH Bildu en el Parlamento.
La parlamentaria ha ironizado que parece que en Euskadi todos los problemas son “exógenos”, mientras que los logros se los anota el Gobierno. “Ya sabemos que los problemas de fondo no se arreglan con los presupuestos de un año, pero habrá que poner las bases. Está claro que las fórmulas de siempre no sirven. Los problemas estructurales requieren de soluciones estructurales. Y entre todos”, ha señalado Pinedo. Y ha añadido: “Cuando la gente sale a la calle para mejorar sus condiciones, para subir las pensiones mínimas o para pedir un pediatra en su pueblo lo hace porque lo necesita y no por fastidiar”.
Entre las medidas concretas, Pinedo ha lamentado que no se hayan aprobado enmiendas para reforzar la Sanidad pública por la tarde, abordar un posible SMI de 1.400 en los ámbitos de competencia autonómica, los 1.080 euros en pensiones o el impulso al audiovisual en euskera. Ha hablado también de desinversiones en hidrocarburos, pero este punto no ha caído en saco roto ya que la futura ley de transición energética y contra el cambio climático incluirá, con toda probabilidad, una salida de Shesa o Bahía Bizkaia Gas.
La coalición Elkarrekin, como es habitual en este tipo de sesiones, ha repartido sus tiempos entre Podemos e IU. David Soto ha tomado la palabra en nombre de los primeros. En su intervención ha criticado la falta de “oportunidad” para “negociar” mejoras tangibles. Según Soto, el Gobierno continúa una “inercia” que no permite cambios “estructurales”. Ha enumerado el “deterioro de Osakidetza”, el “alto nivel de concertación educativa”, la “crisis de cuidados” o la “falta de ambición contra la emergencia climática”, declarada en 2019. “Lamentamos no haber tenido más margen de negociación. Es una oportunidad perdida”, ha incidido. Ha mencionado también que el Guggenheim de Urdaibai no es una buena apuesta, como tampoco el Basque Culinary Center. Jon Hernández, de IU, ha señalado que “el presupuesto de 2024 sigue la misma senda” que ya criticaron en ejercicios anteriores. De hecho, en 2020 IU llegó a desmarcarse del pacto que alcanzaron Podemos y Equo con PNV y PSE-EE.
El portavoz económico del PP, Luis Gordillo, ha apuntado en su alocución que es preciso un “alivio fiscal” en Euskadi, que sería deseable no solamente plantear el gasto con grandes números sino garantizar su ejecución, particularmente con las inversiones -“¿cómo está el tema de la alta velocidad en Euskadi?”-, y que la gestión de los fondos europeos Next no está siendo adecuada, extremo sobre el que también se ha pronunciado en ocasiones el propio Azpiazu. Gordillo ha avisado también de que el panorama macroeconómico está cambiando. Ha puesto en valor que el PP había sido el partido que más propuestas concretas había hecho para mejorar los presupuestos, aunque ha lamentado que no se le ha aceptado ninguna. Ha citado, por ejemplo, que habían pedido 30 millones para mejorar las condiciones de la Ertzaintza y desencallar el conflicto que ha explotado a lo largo de 2023.
Por parte de Ciudadanos, José Manuel Gil ha considerado que “el mito de la buena gestión del PNV se ha desmoronado”. Él también ha citado la gestión en Osakidetza. Además, ha indicando que “son unos presupuestos básicamente nacionalistas”. Vox, que también tiene un único escaño, ha exagerado desde la tribuna y ha llamado “peronista” al PNV por el “sablazo” a los bolsillos de los contribuyentes, en palabras de Amaia Martínez Grisaleña. De los socialista ha dicho que son “monaguillos” de los nacionalistas. Ha aprovechado también el debate económico para cargar contra el euskera y las políticas de igualdad y para hablar de las víctimas de “los republicanos” en la Guerra Civil.
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