El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado en el Parlamento Vasco que “desconoce los motivos por los que se ha procedido a la clausura” de Ecofert Sansoain, una planta de gestión de residuos en la localidad navarra de Artajona cerrada cautelarmente en las últimas semanas por haber recibido lixiviados líquidos, incluidas 5.500 toneladas procedentes del complejo medioambiental de Gipuzkoa, gestionado por el consorcio público GHK. Estas palabras contrastan con las afirmaciones del área de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, cuyo titular, José María Aierdi, ha dejado claro que se considera que ese recinto nunca tuvo que recibir ese material por carecer de autorización, por lo que fueron movimientos realizados de modo “ilegal”. Se da la circunstancia de que Aierdi es de Geroa Bai, la coalición navarra en la que está integrado el PNV, el partido de Urkullu.
En la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento Vasco, EH Bildu ha preguntado a Urkullu por la polémica entre Navarra y la Diputación de Gipuzkoa. GHK está presidido por el teniente de diputada general y diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, que es también el secretario general del PSE-EE guipuzcoano. Asensio, muy airado, ha respondido que nunca ha operado al margen de la legalidad. Incluso logró un reconocimiento a su gestión por parte de la vicepresidenta Teresa Ribera, para sorpresa del Ejecutivo navarro, liderado por la también socialista María Chivite. En paralelo, a instancias de la Fiscalía, un juzgado de Donostia analiza estos movimientos por si pueden constituir un delito de falsedad documental al entender que los lixiviados pudieron ser enviados con un código cambiado.
El portavoz ambiental de la coalición, Mikel Otero, ha señalado que el Gobierno vasco es corresponsable de los hechos ya que “es el encargado de la inspección y control” del complejo guipuzcoano, ubicado en Zubieta y que incluye una incineradora. De hecho, ha apuntado que dispone de datos que muestran “desde hace dos años” que se estaba produciendo esa irregularidad en su “programa de vigilancia ambiental”. Y nunca denunció ni actuó. “Aquí hay responsabilidad”, ha insistido EH Bildu, que entiende que no se han reforzado precisamente las políticas de control tras la catástrofe de Zaldibar, de la que se cumplen ahora cuatro años.
Urkullu ha dado a entender que los residuos salientes de Zubieta fueron codificados de modo correcto, conforme a la normativa comunitaria, pero no ha respondido a EH Bildu cuando ha puesto sobre la mesa, al hilo de los informes y conclusiones de Navarra, que eso no soluciona que Ecofert Sansoain de Artajona nunca debió admitir ese material porque no estaba autorizado para ello. El lehendakari ha ironizado que EH Bildu ha planteado preguntas sobre el caso cuando ya tiene “prejuicios” sobre las respuestas y una “sentencia” hecha para criticar el modelo guipuzcoano de gestión de residuos. Ha añadido también que la situación concreta de Ecofert Sansoain corresponde exclusivamente al Gobierno navarro.
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