Vivienda, banca y violencia policial: las barreras a las que se enfrentan los migrantes una vez pisan Euskadi
Durante el año 2022 se han gestionado un total de 4.086 solicitudes de asilo en Euskadi y, a raíz de situaciones discriminatorias que viven estas personas, desde Zehar-Errefuxiatiekin y CEAR
han hecho un llamamiento para “acoger sin discriminar”
“Acogemos, pero también discriminamos”. Esa es una de las conclusiones principales a las que han llegado las organizaciones Zehar-Errefuxiatiekin y CEAR que trabajan con personas migrantes y refugiadas una vez pisan Euskadi. Las principales barreras a las que se enfrentan estas personas, son las dificultades para acceder a una vivienda, para realizar trámites bancarios y la violencia policial que sufren. Para conocer y estudiar esta realidad, con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas, han presentado este lunes el informe 'Lagoratorio. Diagnóstico sobre las discriminaciones que viven en Euskadi las personas refugiadas y migradas en el acceso a la banca, a la vivienda y el trato policial'.
Se trata de un trabajo realizado por Zehar a lo largo del año 2022 en distintos pueblos y ciudades de Euskadi, en los que personas locales se han reunido con migrantes y refugiados con la idea de identificar colectivamente las distintas situaciones de discriminación que sufren las personas culturalmente diversas y que dificultan la convivencia intercultural. En el informe, se detectan tres tipos de discriminación: la estructural, que son aquellas situaciones discriminatorias que emanan desde los dispositivos generales de la propia estructura social; la discriminación institucional y la discriminación entre personas.
En este sentido, el informe indica que “los poderes y las administraciones públicas son, en ocasiones, agentes discriminadores a través de leyes, procedimientos y actitudes que dificultan el acceso o vulneran los derechos de ciertos colectivos”, debido a que “los requisitos de la propia Ley de Extranjería dejan a muchas personas en situación irregular durante, al menos, tres años” y, otro factor destacable, según recoge el documento es que “se habla de la guerra de Ucrania como un factor de discriminación positiva que ha priorizado a un colectivo en detrimento del resto de personas migradas y refugiadas”. “La [ley] de extranjería es la que más [discrimina]. Todas esas barreras en las que te piden requisitos absurdos para poder regularizarte, porque les interesa que siga habiendo personas en situación irregular. Te obligan a estar tres años en situación irregular”, asegura una mujer migrada cuya identidad no se revela en el informe.
Las paradas e identificaciones por perfil racial en estaciones de autobús y tren, el desalojo de zonas donde la gente vive en la calle o las detenciones de personas de ciertos colectivos se han normalizado
La violencia y el racismo policial es otra de las cuestiones que las personas migrantes critican en este estudio. “Las situaciones de discriminación institucional que más se repitieron fueron las relacionadas con las actitudes y formas de trabajo del funcionariado. Uno de los temas más recurrentes en este ámbito fueron las situaciones de discriminación vividas con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las paradas e identificaciones por perfil racial en estaciones de autobús y tren, el desalojo de zonas donde la gente vive en la calle o las detenciones de personas de ciertos colectivos, como el magrebí, son acciones habituales e incluso que se han normalizado”, indica el documento, que recoge testimonios de personas que han sufrido en sus propias carnes o han sido testigo de situaciones de violencia por parte de la Policía.
El informe continúa examinando las distintas situaciones a las que se enfrentan estas personas y en las que ocurre un trato discriminatorio hacia ellas, como en la atención hospitalaria, a la hora de crear una cuenta bancaria y, sobre todo, para acceder a la vivienda. Para narrar este tipo de sucesos a la presentación del documento se ha acercado Marie-Ange Bilihe, procedente de Costa de Marfil y residente en Euskadi con su hijo desde hace cinco años. Marie-Ange tuvo que huir de su país por la persecución política que vivía. Tras un largo tránsito por diferentes países, cruzó el Estrecho por mar estando embarazada. Una vez aquí, solicitó asilo y años después se lo denegaron. Ella ya estaba trabajando, pero lo perdió de manera automática al quedar en situación irregular. Estuvo un año intentando que le alquilaran un piso para poder vivir con su hijo. “Con las inmobiliarias fue imposible, me decían que no automáticamente al verme o al llamar por teléfono”, ha lamentado la mujer, que según ha relatado, para algunas viviendas las inmobiliarias le llegaron a pedir requisitos imposibles de cumplir para ella sola como una nómina de 2.000 euros al mes o un aval de 5.000 euros.
Al alquilar un piso me decían que no automáticamente al verme o al llamar por teléfono
“Estas voces son legítimas e importantes, ya que, en una sociedad de derechos, no es admisible tolerar de ninguna forma su vulneración. Hoy salimos a la calle para decir alto y claro que necesitamos reflexionar como sociedad sobre qué tipo de trato estamos dando a las personas que huyen de la persecución y sobre todo, necesitamos repensar la forma de acoger sin discriminar. Porque la sociedad va a ser aquella que construyamos de manera conjunta cada día y desde hoy”, ha explicado la directora de Zehar-Errefuxiatiekin, Arancha Chacón.
4.086 solicitudes de asilo y 4.282 ucranianos con protección temporal
Durante el año 2022, se han gestionado un total de 4.086 solicitudes de asilo en Euskadi, una cifra que se sitúa cerca de las solicitudes tramitadas antes de la pandemia, según ha informado Chacón. Mientras que, este año hasta el 31 de mayo desde Zehar han tramitado la protección internacional en Euskadi de 2.518 personas. La mayoría de las personas que han solicitado asilo en Euskadi en 2022, un total de 2.023, lo han hecho en Bizkaia, mientras que 1.044 personas han solicitado asilo en Álava y 1.019 en Gipuzkoa. Además, se ha concedido la protección temporal a 4.282 personas procedentes de Ucrania.
Por su parte, Elena Valverde, coordinadora territorial de CEAR en Euskadi ha presentado también las principales conclusiones del 'Informe Anual de CEAR 2023: Las Personas Refugiadas en España y en Europa'. “Durante el año pasado el principal obstáculo para el derecho al asilo en el Estado español continuó siendo el acceso al territorio, tanto por la persistencia de devoluciones ilegales y sumarias en la Frontera Sur como por la exigencia de visados de tránsito a nacionales de países en conflicto como Siria, Palestina o Yemen. Así mismo, la escasez de citas telemáticas para formalizar la solicitud de protección internacional provocó demoras en el acceso al asilo, colocando a las personas refugiadas en situación de desprotección”, ha concluido.
Zehar Errefuxatuekin es la nueva marca de CEAR en Euskadi creada en 2022. Con el nuevo nombre -que es en euskera e incluye la frase “con los refugiados”- lo que buscan es afianzar el origen vasco de la organización, que ya lleva 25 años en funcionamiento en el territorio, y destacar el camino que recorren los migrantes refugiados con el juego de palabras que implica “zehar”, puesto que “zeharkatu” en euskera significa “recorrer”.