Más allá de la represión y la violencia que supuso la Guerra Civil para miles de personas en España, hay una cuestión algo menos conocida que también afectó gravemente a una infinidad de familias, desde las de clase alta hasta las obreras: las expropiaciones forzosas. A pesar de que estas prácticas tuvieron lugar en ambos bandos, la diferencia entre vencedores y vencidos es que los primeros recuperaron pronto lo perdido y, una vez lo hicieron, pusieron en marcha todo un aparato legal para expoliar sistemáticamente a los segundos.
“En el franquismo nacieron los Tribunales Regionales a partir de la Ley de Responsabilidades Políticas -promulgada el 9 de febrero de 1939 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 13 de ese mismo mes-. Su función era castigar a todos los republicanos, incautar sus bienes y sancionarles. Empezaron por políticos, desde alcaldes y sindicalistas hasta miembros del Gobierno vasco y terminaron con familias de a pie a las que acusaban de ir contra el régimen. Hubo casos de personas que fueron sancionadas incluso después de ser fusiladas, algo que afectó a sus herederos, que debieron seguir pagando la deuda. Si no era suficiente con la represión y los fusilamientos, les quitaron todo lo que tenían para asegurarse de que no iban a tener el más mínimo poder”, explica a este periódico la escritora, doctora en Historia Contemporánea e investigadora Ascensión Badiola.
Badiola recopila en su libro 'El expolio. La represión económica y la Guerra Civil en el País vasco' los métodos que se utilizaron tanto por parte de los republicanos primero, como de los franquistas después, para incautar los bienes de las personas que formaban parte del bando contrario. “Menciono a políticos, sindicalistas y grandes empresarios, pero también a talleres pequeños, familias humildes a las que les quitaron todo. Hubo mucha arbitrariedad por parte de los tribunales a la hora de decidir qué y cuánto quitar a unos y a otros. Dependían del ansia vengativa y de la época las incautaciones que se realizaban, que al principio de la guerra eran más que después”, sostiene. Para llevar a cabo el expolio, el régimen se dispuso a crear una poderosa maquinaria expoliadora de todo aquello que fuera requisable por su valor para deshacer al enemigo. “Desde la aprobación del Decreto 108 hasta la supresión de los Tribunales de Responsabilidades Políticas posterior, el engranaje expropiador trabajará sin descanso”, asegura la escritora.
Hubo mucha arbitrariedad por parte de los tribunales a la hora de decidir qué y cuánto quitar a unos y a otros. Dependían del ansia vengativa
Uno de los ejemplos que narra la investigación recogida en el libro de Badiola es el de Indalecio Prieto. Prieto nació en Oviedo, pero se trasladó con su familia cuando era pequeño Bilbao. De adolescente se afilió al Partido Socialista y al sindicato UGT, pero también se dedicó al periodismo, trabajando primero en La Voz de Vizcaya y más tarde en El Liberal, periódico que terminaría siendo de su propiedad. Su trayectoria política le lleva a ser diputado provincial en 1911, concejal de Bilbao en 1915 y diputado del Congreso por Bizkaia en 1918.
Tras su participación en las huelgas generales de 1917, 1930 y 1934, se exilió en París y, a su regreso, después de la proclamación de la Segunda República, formó parte del nuevo gobierno, primero, al frente de la cartera de Hacienda y, luego, de la de Obras Públicas. Sin embargo, tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, Prieto no participó en el nuevo ejecutivo, aunque sí, en numerosas comisiones parlamentarias. Con la Guerra Civil y la entrada de los socialistas en el Gobierno presidido por Largo Caballero, ocupó la cartera de Marina y Aire, y con el Gobierno de Negrín, fue nombrado ministro de Defensa Nacional.
El fin de la guerra le sorprendió en México, donde como recoge Ascensión Badiola en su libro, fundó en 1939 la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, como organización alternativa al Servicio de Evaluación de Refugiados Españoles, creado por el Gobierno de Negrín. Prieto permaneció exiliado en México, donde continuó su labor política y periodística hasta su muerte en 1962. Al igual que ocurrió con otros, a Indalecio Prieto se le sancionó con la desorbitada cantidad de 100 millones de pesetas a pagar al Estado franquista. “Lo hizo un decreto de la autoridad militar de la Sexta Región, aprobado el 19 de mayo de 1938 y fijó el precio de la responsabilidad política de un ministro español en cinco veces más que el de un consejero vasco, a los que se les castigó a pagar 20 millones. Más allá del dinero, entre los bienes de que se apropiaron, figura el inmueble donde estaba la rotativa del periódico socialista de su propiedad, El Liberal, local que los franquistas llevaban tiempo utilizando como sede del diario falangista Hierro”, explica la autora. 50 años después el edificio fue devuelto a sus legítimos propietarios, los herederos de Indalecio Prieto. En él, crearon una fundación cultural para el estudio y la memoria del político socialista presidida por su hija, Constancia Prieto.
Otro de los políticos sancionados fue el lehendakari José Antonio Aguirre, a quien se le condenó al pago individual de 20 millones de pesetas, además de a la pena de extrañamiento y a inhabilitación para ejercer cargo público. Sin embargo, su haber se tasó en 780.000 pesetas, una cifra muy inferior a la exigida, por lo que el Tribunal Regional de Responsabilidades, que lo remitió al Tribunal de Navarra, se encargó a partir de 1940 de la incautación del patrimonio del lehendakari, confiscando las acciones de Chocolates Bilbaínos, la empresa familiar, así como de todos los bienes que radiquen en Bizkaia. “En febrero de 1966, José Antonio Aguirre fue indultado de su deuda pendiente, aunque él no llegó a enterarse, puesto que había fallecido en París en 1960. No solo al lehendakari y a los consejeros, también a sus familiares se les multó por responsabilidad política: al suegro del lehendakari, Constantino Zabala Arrigorriaga, con 750.000 pesetas. Yernos, cónyuges, nietos, nueras, madres, padres, todos tuvieron que pasar por caja”, asegura.
De entre todos los condenados a pagar multas por su actividad política contraria al franquismo, se encuentra Ramón María Aldasoro, el único de todos ellos condenado a perder todo lo que tenía. Se trata, además, del único consejero de Izquierda Republicana en el Gobierno de José Antonio Aguirre, que se hace con el Departamento de Comercio y Abastos. Fue gobernador civil de Gipuzkoa cargo desde el cual tomó importantes decisiones, como el nombramiento de la Comisión Gestora de la Diputación o la detención del dirigente comunista Juan Astigarrabia, sin sospechar que, poco después terminaría sentándose junto a él en el Gobierno vasco. Como abogado, ejerció la defensa de Wilhem Wakonigg Hummer, cónsul austríaco detenido y acusado de espiar para los franquistas y que terminó siendo fusilado.
No ha habido voluntad política de sacar a la luz este tema, porque los interesados jamás hablaron. Era un tema muy traumático
En 1938, Aguirre lo envió a Buenos Aires para que trabajase a favor de los vascos emigrados a Argentina. Con ese historial y huido de la España franquista, el Tribunal bilbaíno, basándose en el expediente abierto por la Comisión de Incautaciones, le condenó a perder todos sus bienes y a 15 años de extrañamiento, con igual periodo de inhabilitación absoluta para el desempeño de toda clase de cargos sindicales y políticos del Estado. “Es el único dirigente al que se le castiga con perder todo lo que tiene y la actividad expropiadora franquista no se conforma con él, sino que extiende su largo brazo a todo su entorno. Por supuesto, a los herederos, a quienes considera responsables subsidiarios, pero también incluso a sus empleados, como José Antonio Aspiazu Echevarría”, sostiene la autora.
De los casos que analiza Badiola en su investigación, el más llamativo es el de Alfredo Espinosa Orive, miembro de Unión Republicana y consejero de Sanidad del primer gobierno autónomo del País Vasco. Espinosa fue el único miembro del Gobierno de Euskadi fusilado, concretamente el 26 de junio de 1937. “El hecho de haber sido asesinado por franquistas no supuso un obstáculo para que la actividad incautadora extendiera su brazo hacia sus herederos, reclamándoles los 20 millones de indemnización por responsabilidades políticas”, explica Badiola, cuyo libro recoge que los 20 millones de sanción son reclamados a los herederos de Alfredo Espinosa en 1948, 1949 y 1959, tras sucesivas publicaciones en boletines y prensa local.
Según Badiola, la información sobre la represión económica en la Guerra Civil ha quedado en el olvido por culpa de la falta de voluntad política. “Se le echa la culpa a la Transición, pero no lo sé. No ha habido voluntad política de sacar a la luz este tema, porque los interesados jamás hablaron, tanto los vencedores como los vencidos. Era un tema muy traumático, porque a muchas familias las dejaron hundidas en la miseria para siempre. Los vencidos no hablaron porque consideraron que era suficiente con lo que habían pasado y los vencedores porque creían que era justo y que por lo tanto, no había más que hablar, era lo que correspondía”, detalla la autora.
En su caso, empezó a investigar sobre ello en 2009, cuando, según asegura “no había ni una sola línea escrita sobre este tema”. “Me sorprende que los políticos no le hayan dado importancia. Cuando empecé en 2009 y, a día de hoy lo que se sabe es muy poco, pese a la importancia que tiene, porque estamos hablando de cientos de familias arruinadas”, insiste la escritora, que exige una mayor implicación por parte de las instituciones para esclarecer lo ocurrido con el patrimonio de las personas represaliadas económicamente. “Me parece bien la creación de la Ley de Memoria Histórica, pero considero que en muchos aspectos es un lavado de cara porque, al menos en el caso de las personas que perdieron sus bienes, no sirve para nada. No es suficiente. No es justo porque han pasado demasiados años y todas esas familias se han quedado y se quedarán como estaban”, concluye.
El pasado noviembre de 2021, el Parlamento vasco aprobó -con los votos en contra del PP+Cs y Vox- una enmienda en la que se instaba al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) a elaborar un estudio sobre el “expolio franquista”, en el que se identifiquen las confiscaciones de bienes y las “depuraciones” o despidos de cargos y trabajadores durante la dictadura. El estudio deberá plantear, asimismo, mecanismos de compensación o reparación a las personas afectadas por estas situaciones. Según confirman fuentes de Gogora a este periódico, el trabajo se está realizando, pero aún no tienen fecha concreta para su publicación.
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