Zaldibar cuatro años después: investigación judicial inconclusa y un creciente gasto público en el vertedero

Este martes, 6 de febrero, se cumplen cuatro años desde que se desplomó el vertedero de Zaldibar y cuya consecuencia más evidente fue el fallecimiento de dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, que quedaron atrapados por el alud de residuos. Solamente pudieron ser hallados los restos de Sololuze; nunca apareció el cadáver de Beltrán. Construido en una ladera, se estima que cayeron montaña abajo en esa zona ubicada en la muga entre Bizkaia y Gipuzkoa, cerca de Ermua y Eibar, 800.000 metros cúbicos de tierra y basura, el equivalente a la capacidad de 32.000 camiones llenos que, puestos en fila, llegarían desde allí hasta Zaragoza. Hasta 2050 no se regenerará del todo esa zona, con lo que los efectos ambientales del desastre fueron enormes, según las estimaciones que hizo el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco en 2022.

¿Cómo están ahora las cosas? La Justicia ya determinó que los dueños de la planta, la empresa Verter Recyling, eran corresponsables de un homicidio imprudente y, aunque evitaron la cárcel, tuvieron que indemnizar a las familias. Pero cuatro años después sigue abierta la causa por las responsabilidades ambientales, con trece investigados entre gestores del recinto, técnicos de Medio Ambiente del Gobierno vasco y otros implicados. La Administración, además, sigue realizando labores en la zona. La factura final rondará los 30 millones de dinero público. De hecho no para de crecer. Y no hay visos de que Verter Recycling –quebrada– pueda devolverlos nunca.

Zaldibar Argitu, la plataforma surgida en la zona para buscar el esclarecimiento de las causas del derrumbe, recuerda que los hechos se produjeron en un momento muy concreto pero que es muy relevante que se analice cómo se llegó hasta ese punto de no retorno. En estos años, por ejemplo, ya han aparecido informes que atestiguaban con claridad que Verter Recycling había recibido alertas de grietas, deslizamientos y asentamientos del vaso de residuos, aunque no les dio importancia. También le dan mucha relevancia a que se revisen las autorizaciones ambientales, las inspecciones que pasó el recinto y, desde luego, los cambios que introdujo la empresa gestora con relación al proyecto inicial. “Nos es muy difícil pensar que el Gobierno vasco tenga un 0% de responsabilidad y los gestores un 100%. El derrumbe fue en un día, pero como consecuencia de una actividad sostenida en el tiempo”, interpretan portavoces de este colectivo, que en estos años ha convocado manifestaciones y otras protestas. La última de ellas, a modo de homenaje a los fallecidos, tuvo lugar este mismo fin de semana.

Para Zaldibar Argitu es “escandaloso” que cuatro años después el caso siga en fase de instrucción. “Con motivo del cuarto aniversario, estamos haciendo hincapié en que no se puede alargar tanto. Ha habido tiempo y nos consta que hay cantidad de material. Es una cuestión de voluntad. Queremos que la jueza emita sus conclusiones”, señalan en conversación con este periódico. La responsable del caso es la titular del juzgado de instrucción 1 de Durango, Laura Yuste.

En este causa ha ocurrido casi de todo. Nada más ocurrir los hechos, llegó el parón de la pandemia. Después se resolvió con celeridad la parte relativa al homicidio de Beltrán y Sololuze, básicamente por un reconocimiento de los hechos por parte de José Ignacio Barinaga y el resto de responsables de Verter Recycling, de modo que abonaron las indemnizaciones a las familias de las víctimas y evitaron la cárcel. En esta investigación, ha habido también cambios al frente del juzgado, necesidad de refuerzos porque el partido judicial al que pertenece Zaldibar, el de Durango, es una plaza pequeña, e incluso huelgas de diferentes colectivos que han pospuesto las declaraciones de testigos e imputados. Las memorias de la Fiscalía han revelado que la complejidad de este proceso ha llegado a hacer que la unidad especializada de la Ertzaintza no haya podido llegar a otros delitos ambientales, lo que ha generado otro tipo de tensiones.

Fuentes judiciales indican que en diciembre se acordó una nueva prórroga de seis meses en el plazo de instrucción. Finalizará, por lo tanto, a principios de junio. No es descartable que sea necesaria todavía otra más, por lo que como mínimo hasta finales de 2024 no terminará la fase de investigación. Después, la emisión del auto con la conclusiones de la magistrada no tiene por qué ser inmediato. Será en esta resolución judicial cuando se determine si hay o no base para celebrar un juicio por lo ocurrido en Zaldibar.

Por el momento, la lista de investigados la componen los tres condenados por el homicidio imprudente, es decir, José Ignacio Barinaga y los directivos de Verter Recycling Arrate Bilbao Barinaga –sobrina del dueño– y Juan Etxeberria Elosegi, los funcionarios autonómicos Xabier Galdos, Carlos Luengo e Idoia de la Vega –a los que se acusa indiciariamente de “prevaricación imprudente”, aunque han negado cualquier irregularidad–, Iñaki Pérez, Lorena Hernando, Rodrigo García, Borja Carriazo y Francisco Beraza de la empresa Geyser HPC y Haimar Etxebarria y Patxi Agirregomezkorta de Lurtek. Estas dos empresas asesoras visitaron las instalaciones horas antes de los hechos.

Lentamente avanza también la tramitación administrativa. Ya es público que el Gobierno ha girado a Verter Recycling una factura que supera los 28 millones de euros por las labores de urgencia que la Administración tuvo que hacer allí, en un recinto privado, con carácter subsidiario. La empresa gestora tiene que cargar con los gastos de la estabilización y de todas las obras extraordinarias que hubo que acometer tras el alud y que estuvieron muy condicionadas, en los primeros meses, por la necesidad de simultanearlas con el rescate de los cuerpos de los dos fallecidos. Sin embargo, a ese dinero se le suman ahora las nuevas actuaciones motivadas por los problemas detectados en 2023. En los últimos meses se han hecho públicos más informes que alertaban de un empeoramiento de la estabilidad de la zona que obligaba a realizar más inversiones.

En una nota, el área de Medio Ambiente, que achaca los problemas sobrevenidos a la falta de mantenimiento por parte de Verter Recycling, ha explicado este lunes que “los trabajos de sellado temporal del vertedero de Zaldibar avanzan adecuadamente”. Se busca “evitar la infiltración de agua de lluvia y el consiguiente incremento del peso de la masa de residuo, garantizando así su estabilidad”. “La calidad de la soldadura es un aspecto crítico para que se preserve la integridad del sellado, ya que para que las máquinas de soldadura puedan unir los extremos de los paños de polietileno es necesario que no haya ningún tipo de humedad. Esto hace que la meteorología afecte a la evolución de la obra porque las lluvias o la condensación impiden realizar esos trabajos. En este sentido, la meteorología de estos últimos días está acompañando a la programación de la obra, que tiene como objetivo completar todas las tareas en un plazo de siete meses desde el inicio de la ejecución subsidiaria a mediados de octubre”, explica el Gobierno.

El presupuesto es de 2,6 millones, afirma el área dirigida por la consejera Arantxa Tapia, que asumió Medio Ambiente meses después del alud ya que el consejero competente hace cuatro años era de la parte del PSE–EE del Gobierno, Iñaki Arriola, natural de la zona. Se da la circunstancia de que en octubre, cuando se presentó este plan en el Consejo de Gobierno, se apuntó a una inversión “aproximada” de 0,75 millones de euros. Se puede ver aquí la comunicación oficial. En noviembre, en respuesta a una petición de información realizada por la oposición, en este caso por Mikel Otero (EH Bildu), se aludió a otro presupuesto, en concreto a 1,16 millones de euros más IVA. Aquí se recoge esa estimación. Sea como fuere, se pretende que Verter Recycling lo abone. Sin embargo, ya se ha admitido que Verter Recycling no ha pagado nada del resto de deudas. El Ejecutivo está intentando incluso poder actuar contra las personas físicas detrás de la mercantil, que está en concurso de acreedores.