Parecía un obstáculo insalvable que, a vista de lo sucedido este martes en la reunión entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz, podría haberse solucionado hace mucho tiempo. Las tres partes han decidido firmar el protocolo para poder iniciar las actuaciones contra el nenúfar del rio a su paso por la ciudad, un documento que lleva meses dando vuelta por los cajones de las administraciones autonómica y municipal, reticentes a rubricarlo.
Finalmente, esa firma se producirá “en los próximos días” el protocolo para impulsar la lucha contra el nenúfar mexicano que invade las aguas del río Guadiana a su paso por la capital pacense. Es la principal conclusión de la citada reunión, que todas las partes han coincidido en calificar de “muy positivo”.
El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha apuntado que se tienen que resolver algunas alegaciones no muy relevantes antes de firmar ese convenio, y el alcalde, Ignacio Gragera, ha explicado que el Consistorio “ha podido constatar durante la reunión”, tras conocer en mayor profundidad el proyecto, que puede “apoyar sin fisuras los trabajos que se acometerán”.
Por su parte, el director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, ha hecho también un balance “muy positivo” del encuentro, para expresar que el río “por primera vez ve la luz” en lo relativo a esta problemática.
El presidente de la CHG, Samuel Moraleda, ha afirmado por su parte que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que dé luz verde a este proyecto llegará en breve, en el objetivo de que la obra pueda comenzar en otoño del próximo año.
35 kilómetros por fases
Estas tareas englobarán unos 35 kilómetros, que se realizarán por fases, con la previsión de que las contempladas en el tramo urbano de la ciudad lleguen desde otoño de 2026. Como han explicado las administraciones, el Estado llevará a cabo la dragado del río, mientras que el Ayuntamiento se encargará, entre otras tareas, del control de la entrada y salida de los vehículos que retiren el lodo del río, y la Junta de Extremadura de “agilizar” los trámites de autorización necesarios, ya que el tramo urbano pacense es Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA).
El protocolo contará con un comité de seguimiento que aborde y controle las actuaciones a realizar, las cuales engloban una inversión de 25 millones de euros.
La CHG ha solicitado fondos europeos FEDER en este objetivo, y el resto de la financiación se llevará a cabo por el Gobierno central, más allá del coste “indirecto” que puedan representar las actuaciones para el resto de las administraciones.
Por ejemplo, el montante económico que represente para el Ayuntamiento habilitar terrenos de naturaleza municipal para el paso de los camiones o para la recepción del lodo a eliminar.