El Partido Popular ha sacado adelante la Ley Agraria que contempla un porcentaje presupuestario mínimo del 25% para el sector agrario y agrupa actualiza una serie de viejas normas.
En las votaciones finales en la Asamblea, El gobierno de Monago se ha apoyado en la abstención de IU y los regionalistas, tras introducir estos algunas enmiendas, para sacar adelante un proyecto legislativo en el que socialistas ha votado en contra por considerar que nada añade al campo extremeño.
Uno de las banderas que la Junta ha esgrimido para sacar adelante este proyecto agrario es la fijación de un umbral mínimo del 25% de los Presupuestos de la Junta para el sector agrario. Desde esa perspectivas, el PP considerar que blindar ese porcentaje para el campo dará estabilidad al sector. Sin embargo, ese asunto sobre el que tanto ha incidido el PP no tuvo una gran acogida en el seno de la oposición; primeramente, porque se dice en el articulado que ese umbral se cumplirá siempre que sea posible por razones económicas, y además, señaló la oposición que posiblemente las necesidades presupuestarias de unos años y otros no tengan por qué ser las mismas.
Junto a ese umbral presupuestario, la nueva ley agraria recoge también un variado conjunto de disposiciones normativas. En opinión del Gobierno, resultaba necesario actualizar ese conjunto de normas para ajustarlas a nuevos tiempos y nuevas necesidades. Para los socialistas, esa recopilación no pasa de ser un corta y pega de leyes y más novedoso que se puede leer es una nueva tasa sobre la recogida de setas en el monte.
Elecciones al campo
Todos los grupos de la oposición han apuntado a la que el tiempo elegido por el Gobierno para presentar la ley no es el más adecuada porque la legislatura ya está a punto de terminar y hubiera sido más adecuado debatir este asunto con anterioridad o dejarlo para que elabore la ley el gobierno que salga tras el 24 de mayo.
Como telón de fondo de esta ley, y como uno de los aspectos más polémicos en esta ley está el intento de regulación de las elecciones agrarias. Ni socialistas ni IU comparten la reglamentación de esos comicios; tampoco buena parte de las organizaciones agrarias están de acuerdo con ello. Sin embargo, PP y regionalistas consideran que después de 12 años sin celebrar elecciones al campo es necesario conocer la representatividad de cada organización. Por ello, han acordado fijar un plazo máximo de 12 meses para que el campo vote.