Los 10.533 millones de euros que el Gobierno extremeño reclama al Estado para que Extremadura pueda converger con el resto de comunidades autónomas “van más allá” de la deuda histórica al cuantificar los recursos que necesita la región tras el “agravio comparativo” que ha sufrido durante años. “Incluye conceptos que van más allá de lo que se denominó deuda histórica”, ha afirmado este viernes la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Rosa María Ramos Cotrina, en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea.
Lo ha hecho en respuesta a una pregunta del diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, quien se ha interesado por quién ha participado en el estudio para calcular esa cifra y ha criticado que se diera a conocer en un desayuno informativo, en un “acto de propaganda”, cuando debe ser un “acuerdo de región”.
En su respuesta, la directora general ha señalado que estos 10.533 millones de euros es el montante que necesita la región para converger con las demás comunidades autónomas y es el resultado de un trabajo en el que han participado la consejera de Hacienda, Elena Manzano, personal técnico de la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, y ella misma.
En él se cuantifican los recursos que proceden tanto del Fondo de Compensación Interterritorial como de las inversiones ordinarias del Estado y de las inversiones complementarias, ha precisado Ramos Cotrina. González Frutos le ha recordado que en 2014, el Gobierno extremeño, entonces gobernado por el PP, computó la deuda histórica en 430 millones de euros, por lo que se ha preguntado el motivo de la cifra ofrecida ahora y la ha achacado al signo del gobierno nacional, en 2014 del PP y en la actualidad de PSOE y Sumar.
Al margen de ello, ha pedido una “reflexión” al Ejecutivo regional porque si todos los partidos con representación en la Asamblea coinciden en que Extremadura tiene un “desequilibrio” y necesita financiación del Estado, habría que intentar llegar a un acuerdo y no abordar este asunto como un “elemento de confrontación”. Ha recriminado además al Gobierno regional que aún no haya registrado en la Asamblea ni el estudio, ni la cuantificación, ni las personas que han participado, tal y como le ha pedido el PSOE.
La directora general ha explicado que la cifra de los 10.533 millones de euros “nada tiene que ver” con el estudio realizado en 2014 ni con la deuda histórica, pues lo que se pone sobre la mesa es “la necesidad de atender ese déficit de inversiones de que adolecemos y que nos ha impedido a lo largo de los años un desarrollo como el resto de las regiones”.
Ha respondido además al diputado de Unidas que el estudio elaborado por el Ejecutivo actual refleja la declaración firmada el pasado mes por los grupos parlamentarios en defensa de una financiación justa para Extremadura. A su juicIo, “estas cuestiones se deben tratar a nivel estatal, en los foros adecuados, no unilateralmente como se está haciendo con algunas comunidades autónomas”.