Incertidumbre y preocupación entre los ayuntamientos de Extremadura por la anulación de la plusvalía

La anulación del impuesto de plusvalía, que introdujo el Gobierno del PP en 2014, por parte del Tribunal Constitucional supondrá un duro golpe para todos los ayuntamientos porque abrirá un agujero en sus cuentas. El nuevo fallo del Alto Tribunal aún no se ha publicado pero los alcaldes extremeños ya han reclamado al Gobierno que establezca cuanto antes los mecanismos necesarios para evitar esta importante pérdida de ingresos.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, también se ha manifestado al respecto y ha abogado por buscar una solución ante, pero también ha recordado que el Gobierno central “ya trabaja en la alternativa a esta decisión”. Pero Vara también ha pedido esperar hasta conocer el contenido de la sentencia porque será “clave” para saber que esa solución será “absolutamente adecuado a lo establecido por la Constitución”.

Badajoz

La mayor población de Extremadura calcula que perderá 3 millones de euros anuales. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha dicho que espera una “solución” ante esta merma, pues “supone no contar con esta cuantía de cara a los próximos presupuestos municipales”. No obstante, también ha optado por la cautela hasta conocer el fallo del tribunal.

Gragera, que ha pedido al Estado que “escuche a las entidades locales” e instaure un método con la “sencillez” necesaria para evitar que se repitan problemáticas como la actual, ha recordado a la ciudadanía que “aunque el Ayuntamiento no procederá a las liquidaciones, tiene la obligación de presentarlas”.

El coste por plusvalía en Badajoz no obstante es “inferior” en relación a otros municipios, ha señalado, pues está situada en torno a los 20-22 euros por habitante, a diferencia de ciudades como Madrid, donde se sitúa en 200 euros.

Mérida

La ciudad de Mérida dejaría de percibir 1,7 millones de euros al año de media con la supresión. Es el segundo impuesto con el que más dinero recauda, ha reconocido su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, quien además ha solicitado al Estado que se pongan en marcha fórmulas que restablezcan la pérdida que va a suponer sobre las cuentas de los ayuntamientos.

También ha incidido en que se va a trabajar en una posición común desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que el Gobierno de España “establezca mecanismos para recuperar ese ingreso que vamos a dejar de percibir”. “Los ayuntamientos tenemos muchas competencias impropias que asumimos, y el coste de muchos servicios que no son nuestra competencia, se debe poner sobre la mesa un sistema fiscal que aclare quién paga cada servicio”, ha manifestado el alcalde.

En este sentido ha recordado que los ayuntamientos del país asumen tareas y ayudas “con presupuestos municipales que no competen a la administración local”, y ha destacado, además que el tributo de plusvalías “venía a suplir los gastos de la prestación de servicios públicos de los ayuntamientos”.

El alcalde de Mérida también ha recordado que existen precedentes con otros impuestos, ya que en 2003 el Gobierno de España compensó a los Ayuntamientos por la anulación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a PYMES tras la reivindicación de la FEMP.

Finalmente, ha precisado que se debe debatir sobre qué modelo fiscal es el que mejor se ajusta a las necesidades de los ayuntamientos, ya que a su juicio, el que recoge la Constitución es el que aboga por un sistema tributario basado en la justicia social y solidaridad colectiva con unos servicios públicos de “calidad” y que pague más quien más tiene.

“Estamos esperanzados en que el Gobierno de España garantice la constitucionalidad del tributo y ofrezca seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos”, ha concluido el alcalde emeritense. 

Cáceres

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha pedido que “a corto plazo” se habilite un fondo de compensación para suplir las posibles pérdidas de ingresos en las arcas municipales con la anulación del impuesto de plusvalía por parte del Tribunal Constitucional (TC). Este ayuntamiento recauda 360.000 euros al año por este concepto.

Salaya ha reconocido la situación “difícil” que planteaba este impuesto para el consistorio, dado que “la jurisprudencia lo ha ido arrinconando”, y ha instado a solucionar la minoración de ingresos a la que se enfrentan ahora los ayuntamientos para que la hacienda local “pueda subsistir”.

Según el alcalde, esta situación que plantea la sentencia del TC supone un paso más para escuchar el clamor de algunos alcaldes, que reivindican una redefinición de la financiación de los ayuntamientos para “darles unas garantías de financiación”.

Plasencia

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha afirmado que la eliminación del impuesto supondrá “un hachazo” a las arcas placentinas ya que dejarían de ingresar una media anual de entre 500.000 y 600.000 euros.

Pizarro ha destacado que este impuesto “se creó, precisamente, como una forma de financiación de los ayuntamientos”. “Lo que tiene que hacer el Gobierno es regular una fórmula para que se pueda seguir aplicando el impuesto”, ha apuntado antes de lamentar que “este desenlace se veía venir y el Ejecutivo de Sánchez no ha hecho nada”.