Junta y agentes sociales abogan por incluir cláusulas sociales en la contratación pública y los convenios

Incorporar la responsabilidad social empresarial (RSE) a los convenios colectivos y a las administraciones públicas son algunos de los retos con los que la Junta de Extremadura y los agentes sociales han firmado este miércoles una nueva estrategia de RSE tras el parón vivido con la pandemia, que ha frenado también el avance de esta acción en las empresas extremeñas.

Si en 2020 Extremadura contaba con 15 empresas certificadas como socialmente responsables, a las que se iban a sumar otras cinco que ya disponían de auditoría positiva, en la actualidad son solo 8 las reconocidas como tales, mientras que otras están pendientes de renovación y 4 en proceso de certificación, según datos de la Junta.

“Hay empresas que lo último que están pensando es en transformar su consideración respecto a la RSE porque tienen que sobrevivir”, ha reconocido el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, en alusión a las dificultades sufridas por ellas, primero con la pandemia y después con la subida de precios. No obstante, ha explicado que la responsabilidad social empresarial no es tanto una cuestión económica como de “convencimiento” y de búsqueda de alianzas para que el conjunto de las administraciones públicas, como los ayuntamientos y diputaciones, la adopten también.

Por ello, con el objeto de avanzar en la “labor de misionero” que hay que hacer este campo, este miércoles ha firmado la nueva Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura 2022-2025 junto a las secretarias regionales de UGT y CCOO, Patro Sánchez y Encarna Chacón, respectivamente, y el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), Javier Peinado.

Tras las estrategias de 20-15-2017 y 2018-2020, se busca avanzar en un proceso de transformación y cambio “que no es sencillo”, ha recalcado Fernández Vara. Para ello se establecen tres líneas estratégicas de actuación: desarrollo del modelo de liderazgo en responsabilidad social en las administraciones públicas, impulso de la RSE como dinamizadora para la transformación económica y social, y fomento de la incorporación de la RSE en el sector empresarial, el Tercer Sector y la ciudadanía.

El objetivo final es incorporar y reforzar la RSE en la gestión pública y privada de Extremadura, contribuyendo al desarrollo de un modelo socialmente responsable, competitivo y generador de empleo de calidad.

Obligación para los proyectos de interés autonómico

Este las novedades de esta nueva edición, el presidente de la Junta ha mencionado la posibilidad de incorporación a esta estrategia de otras administraciones públicas, el impulso del concepto de empresa saludable, el fomento de la RSE en la sociedad extremeña, su inclusión en los convenios colectivos a través de la concertación y la creación de un barómetro para realizar un diagnóstico de situación.

Además, a los nuevos proyectos empresariales que pretenden radicarse en la región y que se consideran proyectos empresariales de interés autonómico (PREMIA), se les exigirá que cuenten con una Estrategia de Responsabilidad Social, así como con planes específicos de igualdad, o en caso de no tenerlos, el compromiso de proceder a su elaboración.

La secretaria regional de CCOO, por su parte, ha considerado “fundamental” la inclusión de las cláusulas sociales en las contratación pública y mejorar el clima laboral a través de la RSE, así como incorporarla en los convenios colectivos.

Para su homóloga en UGT, es un “elemento importante” dentro del desarrollo de las empresas, entidades y ciudadanía, “pero también dentro de la negociación colectiva”. En cualquier caso, ha indicado Sánchez, contribuye a la competitividad, a la creación de empleo de calidad y al crecimiento de la región desde el respeto al medio ambiente.

Para el secretario general de la CREEX, hay que intentar que la RSE llegue también a las microempresas y los autónomos, pues son “las que más dificultades tienen para ir haciendo estos cambios que son tan necesarios”.

En este sentido, ha señalado que la responsabilidad social aporta “valor añadido” a los empresas, no solo a nivel de imagen, sino también de competitividad, de ahí la idoneidad de que esté presente “en todas las actividades de la empresa”, como las relaciones tanto con los trabajadores como con los proveedores y clientes.