La Confederación Empresarial Extremeña (Creex) ha demandado a las administraciones que tomen medidas para evitar el “quebranto económico” que sufren las empresas que ejecutan contratos públicos ante el 'fuerte incremento' del salario mínimo interprofesional (SMI).
En un comunicado señala que la subida “unilateral y sin negociación alguna” mediante real decreto ha supuesto un 'duro golpe' para muchas empresas de la comunidad, al incrementarse notablemente los costes salariales y sociales sin que tal aumento haya sido derivado de una mejora de la productividad y de la cifra de negocio.
“El riesgo real de que muchas empresas no puedan soportar este incremento de costes y se vean obligadas a realizar despidos o, incluso, al cierre, tiene una vertiente aún más peligrosa, el caso de aquellas compañías que resultaron adjudicatarias de concesiones de prestación de servicios o ejecución de obras por parte de la administración antes de esta subida”, se ha manifestado.
Las concesiones
Según el secretario general de la Creex, Javier Peinado, dichos contratos de concesión recogían en sus pliegos unas previsiones en lo referente a costes laborales que se han visto “totalmente alteradas al alza” desde el 1 de enero de 2019.
Así, la elevación del SMI a 900 euros “rompe el equilibrio financiero necesario en estos contratos”, lo que puede conllevar a que la prestación no se realice “en los niveles de calidad y eficacia exigidos” o a que la empresa “cargue con el sobrecoste con riesgo de ir a la ruina y el cierre”.
Por este motivo las empresas concesionarias se enfrentan a un dilema de “imposible solución”, o bien siguen adelante con el contrato y trabajan a pérdidas con todo lo que ello supone, “o renuncian a éste y entonces se enfrentan a un expediente de resolución largo y complejo, además de a posibles indemnizaciones o a no poder contratar con la Administración durante cierto tiempo”.
“Queremos una solución”
Ante esta situación, la Creex ha instado a la Junta de Extremadura, diputaciones y ayuntamientos extremeños, como adjudicadores de contratos públicos, a buscar una solución que evite “males mayores”, informa la Agencia Efe.
Esta solución, la menos mala, podría ser la resolución de los contratos aplicando la “cláusula de progreso normativo”, es decir “dejar sin efecto el contrato sin que ello penalice a la empresa concesionaria y volver a realizar la licitación con un pliego que ya recoja la subida del SMI a la hora de calcular el equilibrio económico”.