Los sindicatos UGT y CCOO pondrán en manos de la Fiscalía Anticorrupción, igual que lo han hecho a los medios de comunicación, toda la documentación que poseen sobre los cursos de formación para trabajadores de la convocatoria de 2011, en cuya gestión según la Junta hay indicios de que hubo un fraude a gran escala y organizado“, con facturas infladas.
El Ejecutivo regional los culpó el jueves a ellos, a la patronal Creex, y a la federación de la economía social Cepes, de irregularidades en esos cursos por valor de tres millones de euros.
A lo largo de este viernes no han parado las reacciones, los desmentidos, explicaciones y nuevas insinuaciones sobre más anomalías.
El secretario regional de CCOO Julián Carretero, asegura que el gobierno de José Antonio Monago no pretende perseguir ningún fraude sino “centrifugar la ponzoña”, poner en marcha el ventilador de la suciedad, a sabiendas de que los cursos de formación son en la opinión pública una cuestión “delicada” y de gran repercusión: “Por eso lo ha hecho”.
La tesis de ese sindicato es que es imposible hablar de fraude cuando el proceso administrativo de los cursos aún no está cerrado y sigue pendiente de liquidación desde el año pasado, debido a las investigaciones llevadas a cabo primero por el servicio de empleo (Sexpe) y luego por una auditoría externa; solo cuando hubiera una resolución administrativa sancionadora, y las entidades de los cursos no tienen noticia alguna, podría hablarse de un presunto fraude y de su traslado a los tribunales.
Parabiene oficiales
Carretero ha defendido que la gestión de los cursos fue correcta y muestra de ello sería que en julio de 2012 el entonces secretario general de Empleo del Gobierno extremeño, Sergio Velázquez, remitió una carta a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo -integrada por sindicatos, patronal y Gobierno central- para seguir contando con su colaboración porque “se habían hecho bien las cosas”. Julián Carretero también ha reiterado que CCOO dejó de solicitar el año pasado la realización de este tipo de cursos debido a los retrasos e impagos por parte del Gobierno extremeño y ha indicado que, de hecho, aún se les adeuda 394.000 euros.
La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha sido este viernes la última entidad aludida en reaccionar. Ha negado cualquier tipo de fraude por sobrecostes en los cursos de formación a ocupados y ha apuntado que el Gobierno regional les debe 1.150.000 euros por este concepto. Su secretario general Javier Peinado asegura que el dinero recibido “sólo se ha utilizado para formación, no para otra cosa”, aunque ha añadido que la patronal “apechugará” en el caso de que algún curso ya impartido no se hubiera ajustado al valor de mercado.
Por su parte UGT Extremadura dice estar decidida a demostrar ante su afiliación y ante la sociedad extremeña su correcta actuación en el desarrollo de los cursos formativos, y sobre los cuales se vertieron “burdas falacias” desde la Consejería de Empleo.
Ampliación a los años de Vara
Como la denuncia de la Junta de Extremadura se refiere a la convocatoria de los cursos de 2011, que se llevaron a cabo en los dos años siguientes, ya estando en el poder el PP y José Antonio Monago, el Ejecutivo regional anuncia ahora que ampliará su investigación a los cursos dados entre 2008 y 2010, cuando estaba su antecesor el socialista Guillermo Fernández Vara, ya que el Sexpe sospecha que también hubo fraudes.