No siempre una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Es lo que tenemos que decir sobre lo manifestado por diversos actores del campo social y político de Extremadura en lo que a la enseñanza privada concertada se refiere.
Nos estamos refiriendo a lo que han manifestado una vez que se ha hecho pública la propuesta de arreglo escolar de la Consejería de Educación para el curso 2017-2018. Propuesta cuyo fin es ajustar la oferta y la demanda en la escuela pública. La dispersión poblacional ha sido esgrimida por dichos actores: “Extremadura necesita quizás más que ninguna otra región del país una Educación pública de calidad, en detrimento de la educación concertada”.
Pues bien, Extremadura cuenta en la actualidad con 388 municipios (165 en la provincia de Badajoz y 223 en la de Cáceres). En 27 de ellos existe al menos un centro privado concertado en el que se imparten enseñanzas generales (Infantil, Primaria, ESO, FP, Bachillerato). Segregados por provincias: 18 en la de Badajoz (serían 19 contando el centro que hay en la entidad local menor de Valdivia) y 9 en la de Cáceres.
En la fría estadística, estamos ante la presencia de un 7% de centros privados concertados en los municipios de Extremadura. Bien podríamos concluir que la Junta, en lo que a la realidad de dispersión poblacional se refiere, atiende la necesidad de la existencia de la escuela pública que reclaman dichos actores (acertarían con Montemolín porque hay un centro privado concertado y ninguno público).
Si en lugar de dispersión poblacional se señalara la presencia de la privada concertada en los núcleos de mayor población, la resultante cambia. En los 27 municipios referidos hay 62 colegios que imparten las enseñanzas objeto del debate actual, Infantil/Primaria: 38 están en la provincia de Badajoz y 24 en la de Cáceres.
Atendiendo a los datos poblacionales publicados a finales del pasado mes de diciembre por el Instituto Nacional de Estadística encontramos que en las quince localidades en las que se concentra más de la mitad de la población de Extremadura se encuentran 49 de los 62 existentes. Distribuidos de la forma: Badajoz (10), Cáceres (11), Mérida (7), Plasencia (5), Don Benito (2), Almendralejo (2), Villanueva de la Serena (1), Navalmoral de la Mata (1), Zafra (1), Montijo (1), Villafranca de los Barros (3), Coria (1), Olivenza (1), Miajadas (1) y Trujillo (2).
La cantidad de colegios en cada uno de los municipios referidos y el número de unidades concertadas en cada uno de ellos en comparación con la población son factores a tener en cuenta a la hora de hacer una valoración ajustada a la realidad de cada uno de ellos.
Ese mismo criterio debería utilizarse para cuando se aborda la matriculación de extranjeros en la privada concertada. Afirmar en la Asamblea de Extremadura que en dichos centros “tan solo admiten el 8,5% del alumnado extranjero en nuestra región”, sin tener en cuenta que en muchas poblaciones donde se asienta tal colectivo, por ejemplo Arroyo de San Serván y Talayuela, no hay centro privado concertado, nos recuerda aquello de los dos colegas que fueron a la feria, comieron dos pollos, pero lo cierto es que uno se comió los dos. Sin embargo la estadística nos diría que se comieron uno cada uno.
Otro elemento que han introducido los actores ha hecho referencia a que existe un pacto de los partidos del turnismo para que la privada concertada tenga más peso que la pública, alejando, según ellos, el papel subsidiario que debería tener dicha enseñanza con respecto a la pública.
Nuevamente los hechos y datos no confirman tal aseveración. Y no lo hacen teniendo en cuenta que el número de centros privados concertados desde las Transferencias Educativas en la práctica no ha variado, tampoco el número de unidades concertadas exigidas por ley (la concertación de la Infantil lo fue), ni el porcentaje de alumnado matriculado , así como las dotaciones presupuestarias para el sostenimiento de dichos conciertos. En todo caso, cabe destacar los casi 20 millones de euros menos que presupuestó el primer gobierno de José Antonio Monago para dicho sector, y que tuvo que corregir con sucesivas modificaciones presupuestarias a lo largo de 2012.
Se olvidan tales actores, y en esto coinciden con PSOE y PP, del pacto entre los partidos del turnismo para que la Ley de Educación de Extremadura no recogiera en su articulado calendario de homologación para los docentes de la privada concertada con respecto a sus homólogos de la pública. Se olvidan de reclamar que “toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual” (artículo 23.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). Y se olvidan sabiendo que las diferencias salariales alcanzan el 25%.
Nos encontrarán para juntos reclamar el cumplimiento de tal principio universal, que bien podría contemplarse en la nueva ley educativa (lo recogía el texto del non nato Pacto Social y Político por la Educación del ministro Ángel Gabilondo de 22 de abril de 2010). No nos esperen para contribuir a enfrentamientos escuela pública/escuela privada concertada, trabajadores pública/trabajadores privada concertada. Menos aún para activar propuestas registradas en la Asamblea de Extremadura en mayo 2016, y que han sido desempolvadas ahora.
Tampoco nos encontrarán quienes bajo un interesado victimismo inician campañas en la privada concertada que contribuyen al enfrentamiento que denuncian.
Nos encontrarán para exigir el cumplimiento de las normas jurídicas que rigen la concertación, sean leyes, sean Sentencias del Tribunal Supremo. Nos encontrarán para defender los principios que definen a la calidad educativa. Nos encontrarán para acordar nueva ley educativa de todos, entre todos y para todos.