La Ley extremeña de Gestión del Agua garantizará acceso y el saneamiento como un derecho

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Gestión y Ciclo Urbano del agua de Extremadura, que, entre otras cuestiones, establece “un marco homogéneo” para su tarificación y garantiza el acceso al agua y al saneamiento como un derecho, ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Juan Antonio González. El texto se enviará ahora a la Asamblea de Extremadura para su tramitación.

González, que ha afirmado que la ley llega “en un momento oportuno” ha destacado que la normativa habilita a la Junta a fijar el porcentaje máximo de pérdida de agua en la red municipal y a que el municipio que lo incumpla no pueda optar a obra de infraestructura que convoque para este fin. Asimismo, establece “un marco homogéneo de tarificación” del agua en los municipios, aunque sin “meterse” en la autonomía municipal para fijarla, lo mismo que el reconocimiento como derecho el acceso al suministro de agua y saneamiento, lo que impediría el corte del mismo a los que no puedan pagar el servicio.

Según la reseña, este texto tiene como objetivo regular el ejercicio de las competencias de la comunidades autónomas y de las entidades locales en materia de agua y ciclo urbano del agua y con la finalidad de garantizar un nivel de protección elevado del dominio público hídrico y un uso sostenible del agua.

También la aplicación de los derechos humanos de acceso al agua y al saneamiento reconocidos por Naciones Unidas y la prestación de los servicios del ciclo urbano del agua en condiciones adecuadas y de igualdad para toda la ciudadanía extremeña.

La nueva Ley será de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciéndose en cuanto al ámbito material de aplicación que las aguas minerales y termales se regirán por su normativa específica.

En cuanto al régimen de la administración del agua en la Comunidad Autónoma, se detallan las competencias de la Junta y de los municipios y se establece que el órgano colegiado de participación social en el diseño de la política del agua será el Consejo Asesor del Agua de Extremadura, estableciéndose su previsión a nivel legal.

Como novedad en la gobernanza en materia de agua se introduce la Comisión Interdepartamental del Agua, que estará integrada, al menos, por una persona en representación de cada Consejería y que tendrá entre sus funciones la coordinación de las políticas de la Junta de Extremadura con incidencia en el agua y la coordinación de las relaciones con la Administración General del Estado en la materia.

Por otra parte, se regula la gestión del ciclo urbano del agua, que será una gestión cooperativa y sostenible.

Se crea la red de cooperación e información del ciclo urbano del agua que reúne a todas las administraciones implicadas para cooperar en el objetivo de prestar los servicios relacionados con el ciclo urbano del agua en condiciones básicas adecuadas e iguales para toda la ciudadanía extremeña y el inventario autonómico de infraestructuras del ciclo urbano del agua.