La Declaración de Mérida: así se consiguió el compromiso de las administraciones públicas españolas con los derechos LGBTI

Fue en Mérida, en marzo de 2017, cuando la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo junto a la Fundación Triángulo consiguieron uno de los mayores logros de los últimos años, la firma y con ello el compromiso de más de una decena de comunidades autónomas y ayuntamientos de incorporar la defensa de los derechos de las personas LGBTI en las políticas públicas de cooperación.

Un manifiesto de ocho artículos, conocida como la “Declaración de Mérida por la Cooperación Internacional LGTBI”, en los que se promueve “el compromiso con el reconocimiento de los derechos de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales como derechos humanos, así como la denuncia ante aquellos países que continúan criminalizando a estas poblaciones, instando a derogar toda normativa en este sentido, con especial énfasis en las penas de muerte y cárcel, y la prohibición del derecho de asociación de las personas LGBTI”.

La Declaración de Mérida se consensuó y aprobó en pleno durante el VI Congreso de Cooperación Inter-nacional y Derechos Humanos LGBT, organizado por Triángulo en colaboración con la AEXCID y que se celebró en marzo de 2017 en la capital autonómica. En ese momento, la Agencia de Cooperación Exterior del Gobierno de España, AECID, firmaba esta Declaración de Mérida, y además se conseguía el compromiso en firme de Baleares, Asturias, País Vasco, Castilla la Mancha, Aragón, Valencia, Andalucía y Canarias.

La Agencia Extremeña para la Cooperación Internacional para el Desarrollo recibía hace poco más de un año el reconocimiento de la cooperación española por su trayectoria en la defensa de los derechos de las personas LGBTI en el mundo, durante la celebración del  I Encuentro de Actorías Clave en Cooperación LGTBI, que tuvo lugar en Madrid.

Desde el Gobierno regional se ha defendido siempre la necesidad de que las políticas públicas y particularmente, las de cooperación, tengan entre sus objetivos la protección y defensa de los derechos de las personas LGBTI, “todavía hay personas criminalizadas por su diversidad sexual en muchos países del mundo y ésta tiene que ser una prioridad”.