Un juzgado de Badajoz ha llamado a declarar como investigado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en el marco de una causa en la que se indaga en si hubo un trato de favor en su contratación en puestos de “alta dirección” en la Diputación de Badajoz y confirma que no tiene los 1,4 millones que le atribuyó Manos Limpias en su denuncia.
La magistrada Beatriz Biedma Rojano ha dictado esta resolución después de recibir un informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halla “indicios racionales de delito contra la Administración Pública” tras analizar en un informe correos incautados en la Diputación de Badajoz relativos a su acceso a esos puestos. Está citado a comparecer el próximo 9 de enero. Los delitos que se investigan son tráfico de influencias, prevaricación y malversación.
Lo que se investiga es si hubo algún tipo de irregularidad en su contratación en la Diputación de Badajoz, donde ha ocupado dos puestos desde 2016. Primero, como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de la provincia; y, después, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación, donde se encargaba de diseñar y desarrollar las acciones relacionadas con las artes escénicas de en las zonas rurales de la provincia y otras transfronterizas. La causa parte de una denuncia impulsada por Vox, Manos Limpias, Abogados Cristianos y HazteOir, entre otros.
Asimismo, la magistrada también ha llamado a declarar a otras ocho personas, entre las que se encuentra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que es también secretario general del PSOE en Extremadura. Cita también como investigados a otros antiguos cargos de la Diputación de Badajoz. Entre ellas, la exdirectora del Área de Cultura Elisa Moriano, la exdelegada de ese mismo departamento Cristina Núñez o la que fuera directora de Recursos Humanos, Juana Cintas.
El “cálculo erróneo” de las acciones del BBVA
Manos Limpias también había puesto el foco sobre el patrimonio del hermano del presidente del Gobierno, que en su denuncia valoraba en dos millones de euros “para un sueldo que percibe de 55.000 euros”. A este respecto, la jueza recuerda que la UCO no encontró evidencias de ese supuesto incremento patrimonial injustificado ni de que tuviera 1,4 millones de euros en acciones del BBVA.
Así, el instituto armado explicó en su informe que se trataría de un “cálculo erróneo” motivado por el hecho de que en las declaraciones relativas a los años 2017, 2019 y 2021 en el campo “valor nominal” se refleja la unidad de medida en euros y en la de 2022 y 2023 no se concreta dicha unidad, por lo que se habría interpretado que se trata de número de acciones y no del valor en euros de las mismas. Con el objetivo de “aclarar tal circunstancia”, la jueza pide al BBVA que le informe sobre el valor nominal de los depósitos de diversas acciones de cotización oficial que consten a nombre de David Sánchez.