300.000 toneladas de residuos industriales al año amenazan el santuario del jamón 'pata negra'

Santiago Manchado

16 de octubre de 2022 21:55 h

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En los parajes de Salvatierra de los Barros campan a sus anchas los cerdos ibéricos. Este pequeño municipio de unos 1.600 habitantes de la provincia de Badajoz es uno de los santuarios del jamón, el lomo y los embutidos de la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura. Sin embargo, este paisaje de encinas y alcornoques, y una de las industrias de la zona junto a la alfarería, podría verse amenazado.

La Junta de Extremadura ha comenzado la tramitación administrativa solicitada por la empresa 3RS Gestión para la instalación de una gran planta para el tratamiento de residuos y un vertedero para materiales industriales peligrosos y no peligrosos a tres kilómetros de Salvatierra de los Barros, lo que ha generado un rechazo frontal en los vecinos, el Ayuntamiento y casi todos los partidos políticos.

Las cifras son abrumadoras porque, de conseguir la autorización ambiental integrada de la Junta, será el vertedero privado más grande de España. El proyecto ha salido a información pública y, según sus cifras, tendrá una superficie de 89 hectáreas –equivalente a 170 campos de fútbol–, albergará casi 300.000 toneladas al año de residuos, de los que 68.000 serían peligrosos y su vida útil prevista es de 45 años. En cuanto al empleo, se crearán 60 puestos de trabajo en la fase de construcción y 25 cuando esté la planta a pleno rendimiento.

En apenas unos días, los salvaterranos han iniciado un proceso de recogida de firmas contra el proyecto empresarial y han creado la plataforma ‘Salva tu tierra’, que ya ha convocado las primeras movilizaciones: cada miércoles y viernes habrá una cacerolada durante 15 minutos desde los balcones y las puertas de los vecinos. Además, están ultimando una manifestación con el apoyo de los otros pueblos de la comarca.

“Este vertedero ha generado mucha intranquilidad y estamos realmente muy preocupados. Vamos a tener residuos muy peligrosos en la puerta de nuestras casas y los camiones van a transportar material contaminante por nuestras carreteras, que son comarcales, en una zona eminentemente rural y en plena dehesa”, según Carmen Baztán, portavoz de ‘Siente tu tierra’.

Engaños y falta de transparencia

La inquietud de los vecinos es que Salvatierra de los Barros tome en relevo de Nerva (Huelva), que se encuentra a 150 kilómetros. En esta localidad onunbense hay un polémico vertedero de residuos tóxicos de 30 hectáreas (el de la provincia de Badajoz sería tres veces más grande) que recibe basura industrial de Europa e incluso de países extracomunitarios. Los vecinos se quejan del colapso de las carreteras y del insoportable hedor a azufre pero la Junta de Andalucía se ha comprometido con el “cierre ordenado de la planta”.

La promotora del complejo pacense trabaja en el proyecto hace más de un año y lo ha llevado con sigilo e incluso con “falta de transparencia”. Según Baztán, los propietarios que firmaron la venta de los terrenos, e incluso el Ayuntamiento, se sienten engañados “porque la empresa llegó al pueblo diciendo que iban a construir una planta de reciclaje de residuos provenientes de la ganadería para hacer compost y purines” y fue cuando se publicó en el Diario Oficial de Extremadura el pasado 5 de octubre cuando conocieron la realidad. “También en una sensación de desamparo porque el alcalde contactó con los propietarios de los posibles terrenos y algunos firmaron los contratos en el Ayuntamiento”, lamenta la portavoz del colectivo vecinal.

Desde el inicio de esta semana en el pueblo y en las redes sociales pueden verse pancartas como 'Stop macrovertedero', 'Salva la tierra. Para el vertedero', 'Salvatierra de los Barros es verde' y 'Salvatierra, alfarero y ganadero, no un vertedero'. Pero la plataforma no se va a quedar en las acciones de protesta y la recogida de firmas, sino que ha anunciado que presentarán alegaciones al proyecto ayudados por abogados de otros colectivos ecologistas de la zona.

Esta es también la vía que ha iniciado el Ayuntamiento. Su alcalde, el socialista Francisco José Saavedra, se ha visto obligado esta semana a dar una rueda de prensa para aclarar su oposición a la instalación del vertedero y anunciar la contratación de un gabinete jurídico externo para preparar las alegaciones municipales contra la planta de residuos. “Queremos presentar alegaciones con base jurídica y bien fundamentadas porque es como realmente se puede parar esto”, explicó, y también aseguro que está dispuesto a abandonar su cargo con tal de no firmar el proyecto porque su obligación es compartir la postura de sus vecinos. No obstante, Saavedra confía en que la propuesta empresarial no obtenga finalmente los permisos.

El alcalde también reconoció que la empresa ha solicitado formalmente la calificación del suelo como industrial pero “no hay nada firmado”. Además, pidió a la empresa que facilitara información a los vecinos a través de reuniones y un contacto telefónico.

“Las cifras se usan para asustar”

Unas explicaciones que aún no han llegado por parte de la promotora, que considera que se está generando “miedo” en torno al proyecto porque se desconoce la normativa y la gestión. El asesor técnico de 3RS Gestión, Vicente Galván, asegura que, a pesar de las dimensiones de la planta, no se puede hablar de macrovertedero porque es un concepto técnico que no existe en la normativa que regula estas instalaciones, por lo que, a su juicio, “la cifra se utiliza para asustar”. “Hay vertederos micro, que si están mal hechos y mal gestionados pueden ser muy peligrosos, y otros macro, que si están bien hechos y bien gestionados, no tienen ningún problema”, advierte.

En cuanto a las 300.000 toneladas de residuos que se gestionarán, serán de carácter industrial y también procedentes de la actividad cotidiana de los domicilios, que serán sometidos a un tratamiento para intentar recuperar el máximo posible. Según sus cálculos, actualmente se podría recuperar el 30 por ciento de estos residuos. El resto se almacenaría y sería sometido a un proceso de inertización.

En Extremadura ha habido otros intentos para poner en marcha instalaciones similares, pero finalmente no han prosperado por la presión social. Es el caso de Villanueva de la Serena en 2011 y Jerez de los Caballeros, a 35 kilómetros de Salvatierra, en 2018. Los jerezanos también se constituyeron en una plataforma e inundaron la localidad con lazos verdes. Finalmente, el Ayuntamiento recalificó los terrenos, incluidos en la Dehesa Boyal, para que volvieran a ser suelo no urbanizable.

Ahora en Salvatierra y el resto de localidades de la comarca esperan repetir el éxito de Villanueva y Jerez, y que su oposición conlleve un portazo a un proyecto de vertedero industrial en una de las regiones menos industrializadas de España.