Mérida pide otra vez que los militares intervengan contra el camalote porque Confederación no puede

La portavoz municipal de Mérida, Carmen Yáñez, ha exigido la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para atajar la plaga del camalote en el río Guadiana ya que “hacen falta manos formadas y profesionales”, máxime cuando a la Confederación Hidrográfica (CHG) “se le ha ido de las manos” el problema.

Ha criticado la, a su juicio, “falta de responsabilidad” y el “desconocimiento” del Gobierno central ante el problema, una situación ante la que ha reclamado que la UME trabaje ya que, debido a las altas temperaturas impropias del mes del año, esta planta invasora prolifera en el fondo del río y se agravará en lo sucesivo.

Yáñez ha reclamado “la urgencia” de que el Gobierno central actúe y que, por ejemplo, se agilicen los trámites administrativos de los contratos para actuar contra la plaga.

Además, se ha referido así al hecho de que el Pleno de la Asamblea de Extremadura rechazara el jueves, con los votos del PP y Podemos, exigir al Gobierno que autorice la intervención inminente de la UME.

La propuesta de pronunciamiento, presentada por el Grupo Socialista, contó con el voto a favor de Ciudadanos y en contra del PP y Podemos.

En su opinión, “no todo vale en política” y no se deben utilizar las instituciones públicas, entre ellos los parlamentos, en función de los intereses partidistas.

El IBI

Por otro lado, se ha referido al hecho de que el Grupo Municipal Popular haya instado al alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, a reclamar a la Junta que no elimine del pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI) por los centros sanitarios porque, según apunta, las arcas municipales dejarían de ingresar cerca de 700.000 euros.

Según Yáñez, esos edificios sanitarios tienen como fin mejorar la atención a la población a través del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Ha añadido que el anterior Ejecutivo local no benefició al conjunto de los emeritenses en este área.

Asimismo, ha preguntado por qué el PP no pide que el Arzobispado de Mérida-Badajoz pague el IBI de los inmuebles que ahora, ha subrayado, no cumplen ninguna función social, ni que también lo hagan las personas “que tienen un mayor patrimonio”.