La directora gerente de la Fundación Sahara Occidental, Rosario García, ha denunciado la a su juicio violación sistemática de los derechos humanos que sufre la población saharaui en las zonas que dependen de Marruecos.
Ha sido en la Asamblea de Extremadura y en el acto conmemorativo del 68º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos que ha organizado la Fundación y al que ha asistido la presidenta de la Cámara, Blanca Martín.
En el Patio Noble del Parlamento regional la organización ha montado una jaima a la que pueden acceder los visitantes, algo que para García es “todo lo contrario de lo que hace Marruecos con los ciudadanos saharauis”.
Los asistentes al acto han visionado el documental “El Problema: testimonio del pueblo Saharaui”, financiado por la Agencia extremeña de Cooperación internacional de la Desarrollo (AEXCID), en el que se aprecia esa “violación de derechos y el genocidio” que sufre la población.
Casa para refugiados en Badajoz
La directora gerente de la Fundación Sahara Occidental ha detallado que trabajan en la sensibilización, la observación de miembros de la misma en el Sahara y, a su vez, tienen la “casa de los héroes”, una vivienda de acogida donde los ex presos políticos reciben atención médica.
Actualmente viven en dicha casa cinco personas y en ella les imparten, además, formación de castellano y de derecho internacional.
Rosario García ha pedido fondos para poder mantener la vivienda de acogida, que se encuentra en Badajoz desde junio, puesto que son la Fundación Caja Badajoz y la de Sahara Occidental las que se ocupan de los gastos que produce, sobre todo tratamientos médicos.
La salud de los saharauis es un asunto importante ya que en la zona ocupada por los marroquíes los médicos “detectan enfermedades que no son tal”, algo que considera una forma de “genocidio” y “exterminio”.
Por su parte, Sidi Mohamed Balla, uno de esos ex presos que actualmente se encuentra en la vivienda de acogida, ha reivindicado más presión a la comunidad internacional para la liberación de los más de 70 encarcelados, así como que se realice un referéndum sobre el futuro de la zona.
Balla, que acude a Extremadura cuando necesita asistencia sanitaria o para los actos que organiza la Fundación, procede de una familia de ex presos políticos y fue detenido en 2005 después de asistir a varias manifestaciones y hacer declaraciones a la prensa internacional en la zona ocupada.