El Gobierno lleva a los tribunales el decreto extremeño sobre el litio tras no conseguir un acuerdo con la Junta

Después de casi cinco meses de negociaciones en vano, el Gobierno central ha acordado recurrir al Tribunal Constitucional el decreto de la Junta que faculta a ésta a expropiar las explotaciones mineras de litio si su transformación y beneficio añadido no se realiza en Extremadura.

El decreto ley que “blinda” el litio es de septiembre pasado y posteriormente el Gobierno expresó su disconformidad por creer que invadía competencias estatales, por lo que en diciembre se acordó negociar para buscar una solución extrajudicial, conversaciones que han fracasado ya que este lunes se publicaba que el Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad.

Los fundamentos jurídicos en los que se basa el recurso son, entre otros, la incompatibilidad con la configuración constitucional del demanio [dominio público] natural minero. 

Según la Constitución se configura como dominio público y, dentro del dominio público, como dominio público natural, que pertenece en todo caso al Estado, formando parte de la riqueza nacional.

Por este motivo, añade el Gobierno, “la supeditación de su riqueza al territorio autonómico implica quiebra de las competencias estatales en materia de igualdad de derechos, legislación civil y bases en materia minera y energética”, así como del principio de igualdad y del derecho de propiedad.

Añade que el establecimiento de una obligación al concesionario de que el tratamiento y beneficio del litio se realice en Extremadura supone una vulneración de la competencia estatal en materia de planificación de la economía, así como con los principios de unidad de mercado, de libertad de empresa y libre competencia.

El Gobierno añade que las concesiones mineras se rigen supletoriamente por la normativa de contratos del sector público y, por ello, el establecimiento de una obligación como tal al concesionario implica una vulneración de la competencia estatal en materia de contratación pública, por incidir en los principios esenciales en materia de contratación, al imponer una obligación que no guarda relación con el objeto del contrato. 

Todo ello podría, además, vulnerar la normativa europea.

La Comisión Bilateral de Cooperación no ha alcanzado ningún acuerdo sobre la citada norma, “pese a las diferentes propuestas planteadas desde el Ministerio de Política Territorial a la Comunidad Autónoma de Extremadura”, concluye el comunicado del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Junta: “Lo esperábamos”

El Gobierno extremeño afirma que se esperaba este recurso. “Cuando aprobamos esa ley lo hicimos absolutamente convencidos de que esto iba a pasar, pero también absolutamente convencidos de que teníamos la razón”, ratificaba en diciembre el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

La Ley de Minas de España es preconstitucional y posteriormente a ella se aprobó el Estatuto de Autonomía de Extremadura, “que nos da la competencia a nosotros”.

“Estamos convencidos de que tenemos la razón y como estamos convencidos hacemos lo que creemos que defiende más los intereses de Extremadura”, añadía Vara.

Si no se actuara de esta manera “nunca habríamos hecho nada” y no se habría puesto en marcha el impuesto bancario o el de solares sin edificar, entre otros.

“Nos decían en Madrid que no teníamos competencias para eso y lo hicimos y el Constitucional acabó dándonos la razón”, ha recordado. “Pues con esto igual, estamos convencidos de que tenemos la razón”.