La comisión de investigación deberá deliberar si el nuevo servicio de ambulancias, que gestiona Ambulancias Tenorio, fue boicoteado.
Los socialistas apuntan a prácticas ‘mafiosas’ que rayan la ilegalidad durante la transición del servicio desde el Consorcio extremeño de Transportes a la nueva empresa andaluza concensionaria. Denuncian situaciones como el corte de cables de vehículos, bajas masivas y simultáneas de trabajadores o cambios de rutas. También llamadas que no pedían servicios, y otros que se dejaron de atender.
Son prácticas que pudieron poner en riesgo la vida de usuarios y empleados, y que en caso de confirmarse el PSOE llevará a la Fiscalía.
El pleno de la Asamblea aprobó este jueves la comisión de investigación propuesta por los socialistas, que contó con el respaldo de PP y C’s, mientras que Podemos optó por la abstención en las votaciones.
PSOE mantiene que el nuevo servicio ha sido “limpio, transparente y legal”. También que la nueva empresa cumple las cláusulas sociales, y que la flota de ambulancias tiene los papeles en regla.
Comparecencia del consejero
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, compareció este jueves a petición propia en la Asamblea para trasladar un mensaje de tranquilidad. Destacó que el servicio funciona con normalidad, y que se trabaja para la mejora de la calidad del servicio tras superar algunas incidencias iniciales, que sí ha reconocido en sede parlamentaria.
Aclara que la situación está completamente normalizada, y que el proceso de subrogación de los trabajadores, 919 salvo directivos, ha sido respaldado por los sindicatos con representación en los Comités de Empresa. En este sentido apunta que las críticas proceden de un sindicato que no tiene representación, al que el portavoz socialista, Valentín García, ha llamado sindicato “amarillo”.
Vergeles ha eludido entrar en una ‘guerra de empresas’, y ha señalado que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando cómo proceder después de que la empresa saliente no les facilitase con antelación las rutas de los trabajadores, o lo hiciese con “errores”.
Debate de la comisión
En el debate de la comisión de investigación, el portavoz de los socialistas Valentín García ha criticado con dureza a las voces que solicitaban la anulación de la adjudicación, ante lo que ha dicho que estaban incitando a la Junta a la prevaricación.
Ha reiterado que no consentirán el chantaje de “ningún ciudadano, ni empresa particular, por encima del interés general de los usuarios del sistema”, y ha censurado que lo que se está defendiendo es “el interés empresarial y nóminas de 7.000 euros brutos”.
“No podemos consentir que ningún grupo de presión tome a los usuarios del servicio como rehenes para intereses espurios, con acciones más parecidas a prácticas mafiosas”, ha criticado.
“Que lo denuncien ante la justicia”
Tanto PP como Ciudadanos han afeado al PSOE que exponga unos hechos “tan graves” y todavía no los haya puesto en conocimiento de las autoridades judiciales.
La portavoz popular, Cristina Teniente, ha subrayado que “está en juego lo más importante, la salud de los extremeños” debido a un conflicto en un servicio que ha sido “duramente recortado y que se ha visto degradado al escándalo, deteriorando la imagen de la sanidad”.
Ha mencionado las denuncias de los trabajadores que están sometidos a “un nivel de presión intolerable con jornadas inhumanas”, los despidos que según dice ha habido, así como las empresas extremeñas que van “a concurso de acreedores”. Para el PP, lo vivido en el servicio ha sido un “caos” por culpa de un consejero que “no está a la altura”, para el que los populares pidieron la “reprobación”.
Por su parte, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha lamentado que en el concurso la oferta económica contase un 55 % y que las cláusulas sociales introducidas sean “muy escuetas y poco explícitas”. Hierro entiende que el SES, si conocía la actitud de la anterior empresa, debería haber puesto “más atención” para evitar que no dependiese de ella una buena transición del servicio.
La portavoz de Cs, Victoria Domínguez, ha justificado su voto a favor de la comisión en aras de la “transparencia” con el fin de “arrojar luz” al traspaso del servicio pero espera que ésta no se utilice para “enredar políticamente” el tema y desviar la atención de la responsabilidad que, a su juicio, tiene la Junta.