El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en La Moncloa el próximo viernes 25 de octubre, en el marco de su ronda de reuniones bilaterales con los máximos responsables de los Ejecutivos autonómicos.
Un encuentro de trabajo en el que Guardiola le trasladará las principales reivindicaciones de su gobierno para la comunidad, como el cumplimiento de los plazos para la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura, lo que pasa por definir el trazado castellanomanchego, así como mejoras en la red convencional, que permitan una “dignidad” ferroviaria pues los extremeños están “cansados de estar a la cola”.
Un mapa concesional de transporte de viajeros por carretera que atienda las necesidades de la comunidad, la mejora del sistema antiniebla del aeropuerto de Badajoz, el desarrollo de la autovía Cáceres-Badajoz y de la conexión por autovía con el Levante, son otras de las peticiones que ha venido haciendo el Ejecutivo extremeño desde su llegada a la Junta.
Otras cuestiones fundamentales pasan por una planificación eléctrica por parte del Gobierno que dé respuesta a las demandas de proyectos o zonas industriales estratégicas en la región, como el macrocentro de datos CC Green en Cáceres (que ha quedado fuera de la aprobada hasta 2026) o la Plataforma Logística del Suroeste Europeo en Badajoz.
En materia agraria, el Ejecutivo de María Guardiola reclama que el Gobierno de España aporte financiación al proyecto de regadío de Tierra de Barros al estar declarado de interés general por el Estado.
La continuidad de la Central Nuclear de Almaraz más allá de 2028 es otra demanda de la presidenta extremeña, que defiende además ventajas para las comunidades que como Extremadura son un referente y “solidarias” en la producción de energía eléctrica. Una cuestión esta última que quiere poner sobre la mesa cuando se abra el debate de la financiación autonómica que, ha dicho, debe hacerse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y no mediante acuerdos bilaterales con determinadas regiones.
En este sentido, Guardiola ha llegado a asegurar que Sánchez no quiere abrir un debate profundo sobre el modelo de financiación autonómica, sino “convertir a España en los juegos del hambre”, en los que presidentes regionales se lancen a la arena a “arrancar” lo que puedan al Gobierno.
La dirigente extremeña ha acusado a Sánchez que romper “las costuras de la Constitución” y de estar “troceando y vendiendo” al país por “puro oportunismo político”, para continuar en La Moncloa.
En relación a la financiación, la Junta de Extremadura apuesta por un sistema “justo” basado en la suficiencia financiera y la solidaridad territorial que tenga en cuenta variables como el envejecimiento de la población y la dispersión geográfica, lo que supone un alto coste en la prestación de servicios públicos básicos como la educación, la sanidad o la dependencia.
Además, el Gobierno de Guardiola ha llegado a cifrar en “10.533 millones de euros” la “deuda histórica” del Estado con Extremadura para que pueda converger con el resto de las comunidades autónomas.
Una cifra que está incluida en su Agenda para el Liderazgo, la Modernización y el Avance de Extremadura (Akma), y que es el resultado de un análisis relacionado con el fondo de compensación interterritorial, las inversiones complementarias del Estado y la inversión territorializada.