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La paga social a los que ya lo han perdido todo tendrá que seguir esperando. Las 18.500 familias que han pedido la renta básica pero que no la cobran deberán aguardar a que los 65 diputados de la Asamblea de Extremadura se pongan de acuerdo en el plazo de un mes para aplicar, de una vez como se pide incluso desde dentro de la Junta, ese derecho.
Desde el 30 de agosto la puerta está cerrada, no se pueden presentar solicitudes ni pedir prórrogas, por culpa de un decreto ley del Gobierno regional que a partir de ahora se intentará mejorar mediante un trámite parlamentario de urgencia, acordado hoy en un pleno de la Asamblea por PP e Izquierda Unida, y que descartaron PSOE y los regionalistas de PREX-CREX por entender que hay que dejarse de perder el tiempo, y aplicar de verdad la ley de renta básica que estaba en vigor y pactaron todos los partidos en junio pasado.
La propuesta de intentar mejorar el llamado “decretazo” mediante enmiendas, se adoptó por 34 votos a favor, aunque tendrían que haber sido 35 con el diputado de IU Víctor Caso, que sin embargo se desmarcó una vez más de sus compañeros Pedro Escobar y Alejandro Nogales. “Víctor tiene sus presiones y sus principios, y yo no voy a hacer guerra de ello”, ha disculpado el líder de IU Escobar.
La postura del PSOE (Isabel Rosiña) y PREX-CREX (Fernanda Ávila) ha sido que el decreto ley del 30 de agosto trata en el fondo de liquidar la renta básica, disminuyendo su importe, el número de perceptores, y poniéndole fecha de caducidad en el próximo 31 de diciembre, y por tanto no entraban ni a considerar su posible mejora mediante un trámite de proyecto de ley con enmiendas.
“Con un portazo no arreglamos nada”
Pedro Escobar, de IU, admite que esa paga social en general “no ha funcionado”, y se declara responsable en parte de ese “fracaso colectivo”; rechaza el contenido del decreto ley, y le apetecería “darle un portazo” al PP, pero argumenta que volver a la situación anterior no conduciría a nada, y por tanto hay que coger de bueno lo que tenga para desatascar de una vez el asunto. Eso sí, proclama que en lo que salga “no vamos a aceptar ningún recorte”.
Pero IU ni siquiera está segura de su posición. “A lo mejor estoy equivocado y dentro de un mes tengo que reconocerlo”.
El secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, no entiende la postura de IU. “Dicen que no les gusta nada el decretazo, pero van a entrar a discutirlo”.
Además de lo poco democrático que resulta por parte del PP “pactar con todos una ley, la anterior, y ahora derogarla ellos solos con un decreto ley”, Vara está convencido de que este último es un torpedo al concepto de renta básica que de ser un derecho social bajo ciertos requisitos, se convertiría en una subvención concedida a discreción de la Junta, y sólo cuando ella decida abrir una convocatoria de solicitudes. “No renunciamos a mejorar la vida de los extremeños”, rechaza Francisca Rosa (PP).
Manuel Cañada, de los Campamentos Dignidad y plataformas por la renta básica, anuncia que no van a aflojar la presión y seguirán con movilizaciones.