El de Córdoba, mellizo por su monumentalidad del nuestro, fue declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía, en enero de 2015. El Gobierno central lo cedió al andaluz y actualmente desarrolla labores museísticas y de investigación arqueológica.
Es evidente que en el juego comparativo entre ambos edificios el de la ciudad de los Califas, vieja antagonista histórica de Mérida, ha encontrado una funcionalidad dignísima en el ámbito de las Bellas Artes, destino que le otorga una nueva singladura más que honorable, tras su jubilación de la logística cerealista. El resumen es que ese inmenso edificio, propiedad del “común”, sigue prestando servicio a la sociedad con un nuevo trabajo de connotaciones artísticas, públicas, conquistando un “caché” envidiable.
Al Silo de Mérida, por el contrario, parece perseguirle la desgracia, el mal fario. Las secuencias de sus desgracias tienen cronología: El 17 de noviembre de 2015, reiterada el 30 de noviembre de 2016, el Ayuntamiento de Mérida solicita a la Junta de Extremadura su declaración como Bien de Interés Cultural, dando traslado del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de 30 de octubre de 2015 y acompañando a la solicitud la memoria redactada por los cronistas oficiales de la ciudad de Mérida.
Tras los informes favorables de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, por resolución de la Secretaría General de Cultura en 20 de diciembre de 2016, se procede a la incoación de procedimiento para la declaración del Silo de Mérida como Bien de Interés Cultural. Dicha resolución se publicó en el D.O.E. (Diario Oficial de Extremadura) de 2 de enero de 2017 y en el Boletín Oficial del Estado, número 53, de 3 de marzo de 2017.
La resolución notifica a los interesados – Ayuntamiento de Mérida y Ministerio de Educación, Cultura y Deportes – para su inscripción en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, procediéndose a la anotación preventiva, con el código de identificación número 29760.
En el procedimiento se solicitaron los informes de las instituciones consultivas, legalmente determinadas – Universidad de Extremadura y Real Academia de las Artes y de las Letras – siendo ambas favorables. Consta, igualmente, el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Badajoz.
A partir de ahí todo se dinamita. Las alegaciones del Fondo Español de Garantía Agraria y de un particular que pretendía comprar el edificio, cuando el todopoderoso ministro Montoro quería liquidar el Patrimonio Público – el “común” – a cualquier precio, tuercen las buenas intenciones para con el edificio y un informe desfavorable de la Abogacía General de la Junta de Extremadura propicia la resolución de la Consejería de Cultura e Igualdad de 27 de julio de 2018, revocando el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural para el Silo de Mérida.
Llegados a este punto no puede obviarse el desaire de la Junta de Extremadura a la ciudad de Mérida, particularmente significada por un edificio monumental que podría ligarse a su papel de Conjunto Histórico, legalmente declarado, y al de ser Patrimonio de la Humanidad por decisión de la UNESCO, albergando en sus entrañas, en el subsuelo por excavar, el legado artístico más gigantesco y sorprendente que pudiera imaginarse. Y la pregunta que surge es inmediata. ¿Por qué en Córdoba se hizo y en Mérida no se puede hacer? ¿Por una simpleza económica que apenas supera los setecientos mil euros,o por otras razones que desconocemos?
Esta situación requiere una respuesta decidida que defienda, por encima de intereses privados, los del común. La historia cercana de Mérida en lo que respecta a su patrimonio histórico/artístico, como referente mundial, está ligada a la acción pública, a las decisiones que, desde las instituciones, marcaron su vocación, su rumbo: Las excavaciones, con la batuta de José Ramón Mélida en el Teatro Romano, tras la decisión política del ministro Romanones para ejecutarlo.
Las expropiaciones de los gobiernos de la UCD y del PSOE, limpiando las murallas de la Alcazaba o recuperando el Foro, el Templo de Diana o la cabecera del Circo Máximo, el Hipódromo. O antes, incluso, con el Mitreo o la Casa del Anfiteatro. Decisiones solemnes, prácticas, en favor de la ciudad y su fama creciente. O la perla de la corona: el inigualable Museo Nacional de Arte Romano, de Rafael Moneo. Ahí queda para la comba irrepetible de una ciudad, Emérita, la capital más occidental de aquel poderoso y ordenado Imperio.
Por todas estas consideraciones y las muchas más que puedan postularse, el monumental silo del trigo de Mérida debe ser declarado Bien de Interés Cultural y ser gestionado desde las instancias públicas, como elemento fundamental de la logística del Conjunto Histórico/Arqueológico/Museístico que significa la ciudad.
No hacerlo así y asignarle funciones de interés privado de especulación y beneficio puramente economicista, supondría un atentado contra la ciudad y su futuro, trastocando los principios progresistas de la cultura y su valor educativo. Y también económicos, de empleo, desde manos públicas. Igual que en Córdoba, con su silo hermano. De no hacerlo así, la Junta de Extremadura haría un inexplicable desaire a Mérida, negándole un instrumento imprescindible para el futuro de su mejor legado.