USO denuncia que las agresiones de internos del centro Marcelo Nessi “han generado” la rotura de tibia, peroné y tobillo de un trabajador
El sindicato USO ha denunciado que en las últimas semanas se ha producido “un elevado número de agresiones graves” a trabajadores del centro de cumplimiento de medidas judiciales 'Vicente Marcelo Nessi', en Badajoz, y ha lamentado la “inacción” de la Junta ante estos hechos.
“Será necesario que se produzca una tragedia para que la Junta se dé cuenta del grave problema existente en este tipo de centros”, ha apostillado en un comunicado de prensa.
Según el sindicato, desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada se ha denunciado que el pasado lunes hubo “nuevas agresiones por parte de internos que han generado la intervención quirúrgica urgente a un trabajador por rotura de tibia, peroné y tobillo”.
USO ha recordado que la administración tiene la obligación de velar por la seguridad de todas las personas que prestan sus servicios en sus centros de trabajo, sean empleados públicos o pertenecientes a una empresa privada.
En esta línea, ha criticado su “inacción” mientras la consejera del ramo y el director general responsable de salud y seguridad laboral, en una visita a una mutua de accidentes laborales, dan publicidad a la apuesta de este Gobierno por una “administración saludable basada en políticas de bienestar”.
Al respecto, se ha preguntado “cuándo se ha informado a las personas que prestan sus funciones en este centro o en otros muchos sobre cómo gestionar el estrés y las emociones, crear un clima de trabajo positivo o los consejos para prevenir lesiones”. Desde USO han reclamado a los máximos responsables en el área de prevención que “pongan los pies en el suelo y que afronten los problemas actuales de sus trabajadores y trabajadoras”.
El sindicato ha reclamado la convocatoria urgente del Comité de Seguridad y Salud del área de Servicios Sociales y que se facilite la coordinación entre la Junta y las empresas que prestan sus servicios en el Marcelo Nessi para comprobar que “cumplen con la legislación de aplicación y poner en marcha las medidas necesarias para velar de manera real y efectiva por los derechos de todos los trabajadores”.
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