Desarticulada una red, que operaba desde Miajadas, tras haber estafado 12 millones con tarjetas bancarias

La Policía Nacional y el Servicio Secreto de Estados Unidos han asestado un importante golpe a una red de fraude con tarjetas, que se ha saldado con 105 detenidos y una estafa que supera los 12 millones de euros a treinta bancos de EE. UU., a través de un complejo sistema que la organización pilotaba desde un hotel en Miajadas (Cáceres) en connivencia con empresarios de la zona.

Tras más de un año y medio de investigaciones, la Operación Secreto, coordinada por el Juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha culminado con la detención en España, Reino Unido, Austria y Grecia de 105 personas, la mayoría de nacionalidad española, aunque la organización estaba liderada por ciudadanos albaneses y otros 14 investigados.

El comisario general de Policía Judicial, Rafael Pérez, junto con Beatriz Gómez, inspectora jefa de grupo de fraude financiero de la Policía, y el encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. en España, Conrad Tribble, han dado cuenta este miércoles de los detalles de esta importante y pionera operación contra la delincuencia económica.

30 personas ya en prisión

Un fraude “especial”, en palabras de Gómez, que ha llevado a la Policía mucho tiempo desentrañar hasta llegar al origen del dinero y, por tanto, a la identidad de muchos de los detenidos en España, de los que una treintena se encuentran ya en prisión.

Con más de 250 cuentas bancarias investigadas, el inicio de las pesquisas se sitúa en EE. UU., que alerta a España de que algunos de sus bancos están siendo estafados a través de tarjetas que han expedido a clientes con compras que se efectúan en comercios españoles.

A partir de ahí, los investigadores comienzan a entender el “modus operadi” de la organización, que la inspectora jefe ha explicado gráficamente. La red crea empresas fantasmas en EE. UU., las dota de solvencia y solicita a sus bancos la expedición de tarjetas.

Con esas tarjetas físicas ya en España, concretamente en el hotel El Cortijo de Miajadas (Cáceres), que los líderes de la red tienen alquilado como base de operaciones de su macrofraude, los estafadores captan a empresarios del pueblo y otros de la provincia y de Badajoz.

El fraude

El “negocio” es que ellos dispongan en sus establecimientos -sea una farmacia, una joyería, un club taurino o una empresa de construcción o de productos cárnicos- de un terminal TPV (un lector de tarjetas) y piden a su entidad que les active el sistema de preautorización.

Los empresarios y autónomos españoles “solo” tienen que pasar la tarjeta que les dan los estafadores a cambio de alrededor de un 15 por ciento de la cantidad que marcan en el datáfono, además de generar facturas falsas. Por ejemplo, desde una farmacia del pueblo llegaron a pasar una tarjeta varias veces por importe de 8.000 euros hasta llegar a 80.000 euros.

El fraude se comete precisamente por ese sistema preautorización. Cuando se pasa la tarjeta, el dinero no se cobra: “queda como en un limbo”. Según Gómez, el banco norteamericano, pasados unos días y al comprobar que su cliente (el estafador) no ha hecho esa compra, ingresa esa cantidad en la cuenta. Es entonces cuando se vuelve a pasar la tarjeta y se libera ese dinero.

Inmediatamente, los fondos se depositan en la cuenta del empresario, que se queda con ese 15 por ciento y desvía el restante mediante transferencia a otras cuentas de la organización en otros países, por lo que el rastro del dinero es difícil de seguir.

En Badajoz y Cáceres

En las provincias de Cáceres y Badajoz, la red había logrado la connivencia de muchos empresarios, hasta el punto de que, según los investigadores, “ya tenían la zona quemada” y pensaban expandir su negocio en otras comunidades.

Al falso gasto de 80.000 euros en una hora en una farmacia, se suman los 300.000 en un club taurino o incluso cargos en hoteles de más de un millón de euros en pleno confinamiento, cuando estos establecimientos estaban cerrados al público.

La Policía señala que se han lucrado con esta actividad ilegal empresarios de todos los sectores, como hostelería, joyerías, empresas de construcción, productos cárnicos, turísticos, alquiler y compraventa de vehículos, maquinaria agrícola, clubes de alterne, azulejos y cerámica, entre otros.

Los miembros de la organización tenían sus propios mecanismos para controlar todas las mercantiles y cuentas bancarias abiertas en EE. UU. y países de Europa, haciendo uso de la violencia si era necesario para reconducir a las personas que desaprobaban las líneas marcadas por los líderes del grupo.

Uno de estos episodios de violencia lo sufrió uno de sus miembros cuando detectaron que se había quedado con una parte del fraude que había llevado a cabo. Tras secuestrarlo y llevarlo al lugar en el que se escondían los líderes de la organización “a dar explicaciones”, le dieron una paliza y varias puñaladas, hechos que nunca fueron denunciados.

Además, se ha podido constatar que las ilícitas actividades de la organización se extendían por todo el mundo, tanto en España -Badajoz, Cáceres, Madrid, Toledo, Ávila, Salamanca, Valladolid, Zamora, Álava, Guipúzcoa, Barcelona, Gerona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba, Málaga, Cádiz, Sevilla y Huelva- como internacionalmente -EE. UU., Grecia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Ucrania, Rumanía, Polonia, Bélgica, Turquía, Portugal, Francia, Holanda, Letonia y Alemania.

Como consecuencia del operativo se han bloqueado 87 cuentas bancarias, tanto en España como en varios países de Europa, con saldos que superan el millón de euros; se han intervenido 427.000 euros, 8.000 dólares y 600 coronas checas en efectivo; más de 200 tarjetas bancarias y 100 datáfonos; documentación falsificada; 14 vehículos de alta gama; y diez armas de fuego y varios machetes y cuchillos.