Vivimos una emergencia habitacional en todo el país y por supuesto, Extremadura no se salva. El acceso a una casa se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para familias trabajadoras, jóvenes y estudiantes, que ven cómo la especulación se está haciendo de oro con un bien básico, que además es un derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución.
Dicho artículo establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Algo que, a todas luces, no se hace, ni aquí, ni en el resto del país.
Los precios abusivos, las prácticas deshonestas de caseros sin escrúpulos, las ingentes comisiones, altos precios de las hipotecas y la proliferación de los pisos turísticos son algunos de los motivos por los que miles de personas han exigido hace unos días tener acceso a una vivienda digna, a precios razonables. Lo han hecho en Madrid en una manifestación multitudinaria y aquí, en Extremadura, en Cáceres y Badajoz, en unas movilizaciones importantes e históricas, que reflejan, una vez más, que PP y PSOE están muy alejados de los problemas de la gente de a pie.
Aquí, en nuestra región, los extremeños y extremeñas, mayoritariamente jóvenes, han salido a protestar en las dos capitales de provincia no por algo casual, sino porque son dos de los lugares donde más está creciendo el precio de la vivienda en los últimos meses.
El caso de Cáceres es escandaloso. Ha sido la provincia española donde más se han disparado los alquileres. Ha subido más de un 19 por ciento en el último año. Si hacemos un barrido por uno de los portales inmobiliarios más famosos, nos encontramos que los precios no bajan de los 400 euros por estudios de 20 metros cuadrados o que las familias tienen que destinar, como mínimo, 650 euros al mes por un piso decente. Esto se debe a los pisos turísticos, no paran de crecer, llegando casi a duplicar la oferta de alquiler de larga estancia en la capital cacereña.
Por su parte, en Badajoz la situación no es mejor. De hecho, los precios van muy a la par que en Cáceres y nos encontramos también estudios de 24 metros por 400 euros y pisos para familias que sobrepasan los 600 euros. Los precios de los alquileres en pisos compartidos también se han disparado. Cáceres y Badajoz han sido las dos ciudades donde más ha subido el precio de este tipo de inmuebles, llegando a alcanzar los 260 euros al mes por una habitación.
El incremento de los precios en la vivienda también se constata en el mercado de compraventa, donde la subida ha sido de un 3 por ciento en el último año en la región. La bajada de los tipos de interés por el Banco Central Europeo, que debería ser una buena noticia para facilitar el acceso a la vivienda, produce el efecto contrario, ya que la mejora de las condiciones de financiación eleva la demanda de vivienda y presiona en los precios, por lo que se espera que, aunque en los próximos meses encontremos hipotecas más baratas, aumenten los precios de los pisos.
Y mientras esto ocurre, los salarios en la región siguen siendo los más bajos de España y no crecen al mismo ritmo que lo hacen en el resto del país, ya que la brecha salarial entre Extremadura y el resto de comunidades se ha ensanchado más de un 50 por ciento desde 2012.
Si esto pasa en las grandes capitales de provincia de nuestra región, nuestros pequeños municipios no escapan ante los problemas de la vivienda, donde también se sufre un incremento del precio, aunque en menor medida que en las ciudades. En nuestros pueblos lo que tenemos es que no hay suelo disponible para construir nuevas viviendas, y sin embargo, hay miles de viviendas, vacías, cerradas a cal y canto en los centros de los municipios. Algunas de ellas, abandonadas totalmente. De hecho, se ha calculado que solo en la provincia de Cáceres hay 140.000 viviendas abandonadas.
Ante este panorama, la respuesta del gobierno del PP en Extremadura es que no existe un problema de vivienda en la región. ¡Claro que no! Porque ellos conciben la vivienda como un bien de mercado en lugar de un derecho ciudadano que hay que proteger. ¿Cómo va a legislar para facilitar el derecho a la vivienda el gobierno de María Guardiola si está gobernando precisamente para aquellos que han hecho de la especulación y las rentas su medio de vida? La única propuesta en materia de vivienda que ha salido de este gobierno ha sido la de crear una oficina antiocupación. ¡Cómo si las ocupaciones fueran un problema de primer orden en la región! En lo único en lo que está centrada es en seguir desarrollando políticas que benefician a los más privilegiados de Extremadura, y para ello, necesita de Vox para sacar las cuentas. De ahí ese anuncio.
El gobierno de Guardiola podría hacer mucho para afrontar el problema de la vivienda, pero para ello, hay que hacerlo con valentía y enfrentarse a aquellos a quienes rinde pleitesía. Podría aplicar la Ley de Vivienda estatal, una ley con muchos defectos, pero también con muchas herramientas para combatir los altos precios. Sin embargo, se ha declarado insumisa, y se ha propuesto no ponerla en marcha en la región, a pesar de que con ella se podrían limitar las subidas abusivas de los alquileres. Prefiere seguir asfixiando a las familias trabajadoras y condenando a los jóvenes a no tener un futuro, que legislar para que los especuladores ganen un poco menos.
El PSOE en vivienda no dista mucho de su alter ego, el PP. Mientras estuvieron en el gobierno no hicieron absolutamente nada para facilitar el acceso a la vivienda. Nada de nada. Lo único que aprobaron a prisa y corriendo a final de la legislatura, justo antes de las elecciones, una Ley de Vivienda, totalmente descafeinada, para parecer que hacían algo. El impuesto a los grandes tenedores de vivienda que logramos arrancarles se quedó también en nada, ya que lo acotaron tanto, lo descafeinaron también tanto, que realmente se quedó en un bluff.
¿Y no se preguntan ustedes por qué los dos partidos mayoritarios ante esta emergencia habitacional no hacen nada? Quizás porque en sus filas, tanto del PSOE como del PP, hay muchos rentistas y gestores de apartamentos turísticos a los que el coto a los precios les haría una faena. Solo así se entiende que, por ejemplo, el PP se niegue a legislar para regular los pisos turísticos o que la propuesta del PSOE es que uno de cada cuatro puedan dedicarse a la actividad turística. Al final, son juez y parte.
Nosotras lo tenemos claro. En Unidas por Extremadura no dudamos ni un segundo en que hay que meter en cintura al mercado inmobiliario, topando los precios, sacando al mercado las viviendas vacías y abandonadas y garantizando el derecho constitucional a la vivienda. ¡Basta ya de precios abusivos! ¡Basta ya de casas vacías y de gente sin casas!