Extremadura ha mostrado este miércoles su malestar en la Comisión Sectorial de Administración Pública por el reparto de fondos que el Gobierno ha realizado a la comunidades autónomas para la transformación digital. En la reunión se ha formalizado el criterio de distribución correspondiente a la inversión 3 del componente 11 destinado a la transformación digital y modernización de las comunidades autónomas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Para la distribución del mismo se ha tenido en cuenta únicamente el criterio poblacional, con el que Extremadura ha manifestado no estar de acuerdo, y que otorga a la región 2,6 millones de euros para 2021 de una cuantía global de 118,2 millones de euros. Y es que la Junta considera que la considera la transformación digital de la Administración como una política tractora de la recuperación económica
En este contexto, la vicepresidenta ha resaltado que Extremadura ya cuenta con un Plan de Modernización Digital“ ambicioso, transformador y, sobre todo, orientado a la recuperación económica y a la mejora de los servicios que se prestan a ciudadanos y empresas”. Un plan, ha añadido, acompañado de un esfuerzo normativo de simplificación de los procedimientos muy necesario para este fin.
Según ha informado el Ejecutivo regional, previamente a la celebración de la conferencia sectorial, y dentro de la convocatoria gubernamental, Extremadura envió una manifestación de interés sobre los proyectos a desarrollar por la administración autonómica, cuyas líneas estratégicas se recogen en este acuerdo, como por ejemplo en materia de ciberseguridad o servicios de proximidad a la ciudadanía.
En cuanto al reparto de los fondos, la titular de Administración Pública mostró su sorpresa porque se incluya en este componente la digitalización en materia sanitaria, no prevista inicialmente, y cuyo fin no debe limitarse exclusivamente a la digitalización de los centros sanitarios, sino que debe ir más allá y para ello se requiere de la colaboración entre instituciones públicas y privadas.
Finalmente, Blanco- Morales ha solicitado la elaboración de una guía que aporte claridad y permita avanzar en el cumplimiento de los hitos y objetivos marcados, lo que será sinónimo de una mayor garantía de éxito para la prestación y transformación de servicios públicos más próximos a la ciudadanía.
Asimismo, Extremadura ha defendido que es imprescindible crear sinergias y trabajar en red entre el Estado y las autonomías, sin que en ningún caso se merme la potestad autoorganizativa de cada comunidad autónoma.La vicepresidenta también ha planteado, además, algunas dudas sobre cuestiones como los proveedores extracomunitarios, los gastos de IVA, los costes indirectos, la transformación digital de las administraciones locales o la ciberseguridad.