Historiadores extremeños alzan la voz ante las trabas para investigar la represión franquista
El acceso a los archivos es libre, pero hay límites que dificultan la labor investigadora, y mucho.
Lo han denunciado de manera repetida y ahora piden a las administraciones que intervengan. Historiadores e investigadores sobre la II República y la Guerra Civil en Extremadura se han unido en un manifiesto en el que denuncian que la consulta de varios fondos documentales “supone una verdadera carrera de obstáculos para el investigador”.
Critican que las normas de consulta y reproducción documental del archivo militar suponen en la práctica un impedimento para la investigación.
Los principales problemas residen en los documentos que más información aportan para esclarecer la represión en Extremadura: los juicios sumarísimos. La mayoría permanece en el Archivo General e Histórico de la Defensa de Madrid, y otros en el archivo de Sevilla.
Son documentos clave para entender la historia reciente de Extremadura, con información no solo de los juicios sumarísimos practicados. También contienen detalles de interés científico sobre los represaliados y su entorno. Incluso objetos personales.
Han pasado 80 años y el acceso a los sumarios y la información sobre los consejos de guerra sigue teniendo sus 'sombras'. Hay restricciones “injustificadas” a la hora de consultar y fotocopiar ciertos documentos, y la imposición de tasas por copia vuelve la labor científica sobre la historia de España una misión imposible.
A modo de crítica hacen referencia los investigadores a las palabras de la ONU, que señala que en la promoción de la verdad, los archivos juegan un papel central y son una herramienta indispensable para la realización del derecho a la verdad.
Las estimaciones de historiadores de Julián Chaves o Francisco Espinosa hablan de al menos 14.000 víctimas del Franquismo documentadas en Extremadura, y de otras 1.000 víctimas de derechas. Miles de estas personas pasaron por consejos de guerra, de modo que el acceso a esta información es básico.
Peticiones a la Junta
Piensan que es el momento de que las propias administraciones actúen y han remitido el manifiesto tanto al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y a la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Secretaría de Cultura.
Solicitan al Ejecutivo regional que contemple la pronta digitalización de este fondo documental, para ser puesto a disposición tanto de investigadores como de familiares.
Desfase entre provincias
Existe un desfase claro si se tiene en cuenta por ejemplo el caso de la provincia de Huelva, donde el material está digitalizado y con acceso libre para los familiares. La institución provincial onubense conserva un volumen de más de 200.000 digitalizaciones, con procedimientos y documentación de más de 6.000 procesados.
En el caso de Extremadura la Junta solo ha digitalizado 900 sumarios, lo que supone la ‘punta del iceberg’ del grueso de acontecimientos que se produjeron en Extremadura durante la guerra y el franquismo según relata el historiador José Hinojosa.
Un manifiesto con profesionales
Explica el historiador José Hinojosa que las personas firmantes son profesionales que han trabajado de manera directa estos temas. Entre otros está el historiador Francisco Espinosa, junto con José María Lama, José Hinojosa o Mercedes Almoril. María Dulce Antunes, Cayetano Rosado y Manuel Lima son otros de los expertos que se adhiere al manifiesto, junto a Hortensia Méndez, Ángel Calle y Desiré Rodríguez, entre otros.
Se trata de personas con una destacada trayectoria en la investigación de la memoria democrática de Extremadura. Profesionales que han centrado sus investigaciones sobre las fosas comunes en la región o las relaciones entre España y Portugal y la represión. Otros han estudiado los campos de concentración y las cárceles, o la represión franquista desde el punto de vista de las mujeres. Es decir, profesionales que tienen experiencia y saben de lo que hablan.
