La Justicia extremeña tumba un intento para suspender la vacunación infantil

La asociación Liberum, que duda de la existencia del coronavirus, ha fracasado de momento en su intento de paralizar la vacunación contra la covid de los niños de 5 a 11 años que ha empezado este miércoles, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha rechazado su petición de suspender de forma cautelar las inyecciones con argumentos de todo tipo.

Esa asociación, que rechaza el calificativo de negacionista pero usa afirmaciones comunes con los que niegan el virus, lleva presentados en toda España decenas de recursos judiciales para torpedear los procesos de vacunación o el uso del pasaporte covid.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ha  informado que rechaza la “urgencia” de la medida cautelar de suspender el  proceso de vacunación de los menores, solicitada por la asociación Liberum que considera que  se vulneran derechos de los niños “por ser vacunados sin la presencia  de los padres y sin consentimiento informado”. 

Los jueces lo que han decidido es no parar la vacunación de momento, no aprecian urgencia, pero para decidir el asunto de fondo, si se están vulnerando derechos, ha pedido alegaciones a la Junta y a la Fiscalía en el plazo de tres días; además restan legitimidad a la asociación.

La Sala entiende que “la vacunación en España no es obligatoria, de manera  que no se está obligando a ningún menor a ser vacunado, siendo los  padres los que deberán adoptar la decisión de vacunar o no vacunar y, en modo alguno, corresponde dicha decisión a la Asociación  demandante [Liberum]”.  

“Los intereses en conflicto aconsejan denegar la medida cautelar  solicitada, pues no puede negarse que el interés defendido por la Junta  de Extremadura es la protección de la salud pública y la vida al existir  una situación de emergencia sanitaria por la situación de pandemia  producida por el COVID-19”.  

El sistema de vacunación de menores previsto por la Junta de  Extremadura pretende dar preferencia a bienes y valores  constitucionales, como la salud pública y, más concretamente, la salud,  la integridad física y la vida de las personas (artículos 15 y 43 CE),  sobre otros derechos individuales, que, en todo caso, como decimos,  corresponderá alegar a los directamente afectados y no a la  asociación“. 

Según esta asociación “no hay urgencia en la vacunación, no hay riesgo  grave ni inminente”, puesto que, según llega a afirmar en el recurso, “no se  ha notificado ninguna muerte por Covid-19 en menores de edad, desde  que comenzó la pandemia”, nada más lejos de la realidad puesto que hasta agosto pasado habían muerto 32 niños menores de 14 años, según datos del Ministerio de Sanidad