El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cáceres ha ordenado la apertura de diligencias previas tras admitir a trámite la querella contra el presidente de la Diputación cacereña, Carlos Carlos, presentada por la Asociación Española de Abogados Cristianos por el derribo de cruces en la provincia.
La asociación de juristas acusa al mandatario de un delito de prevaricación con el agravante de discriminación y otro delito de odio por “orquestar”, a su juicio, un “plan de derribo” de estos monumentos a través de la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas.
Según Abogados Cristianos, la Diputación de Cáceres “está presionando” a diversos ayuntamientos para que retiren las cruces que hay en sus respectivos municipios al “vincular la concesión de subvenciones a dicha retirada”.
En el auto, el órgano judicial pide como diligencia previa a la Diputación que aporte las actuaciones promovidas por el Comité de Expertos de Memoria Histórica al que la institución le encargó realizar el catálogo.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha pedido que “se paralicen todos los derribos de cruces en la provincia, ya que el responsable de ellos está siendo investigado por este motivo”. Así, ha asegurado que “lo que está haciendo la Diputación de Cáceres es un ejemplo más de cómo gobernantes de partidos laicistas utilizan cualquier excusa para acabar con símbolos cristianos”.
Según la asociación, la Diputación cacereña ha destinado 100.000 euros para la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas “contraviniendo” una sentencia del TSJ de Extremadura, “que dejó clara la incompetencia de la Diputación Provincial de Badajoz para la creación de un comité que hiciese un inventario de este tipo”, ha expuesto.
“Cada vez que se derribe una cruz, Abogados Cristianos llevará al responsable ante la Justicia”, ha asegurado Castellanos, quien ha anunciado que “no pararemos hasta reponer todas las cruces que se tiren”.